Las contradicciones en las declaraciones de los funcionarios sobre el destino y auditoría del oro generaron sospechas de abuso de autoridad, malversación y falta de transparencia en la gestión de las reservas.
os senadores de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, Florencia López, y Martín Soria ampliaron este martes la denuncia contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, por los delitos de “abuso de autoridad”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “malversación de caudales públicos”, que pide investigar la maniobra con la que el Gobierno ultraderechista sacó del país aproximadamente mil lingotes de oro del Banco Central.
La ampliación de la denuncia original -que fue presentada en abril y está en el juzgado de Ariel Lijo- tiene origen en las declaraciones de Bausilien el Plenario de las Comisiones de Economía Nacional y Presupuesto del Senado el pasado 9 de septiembre de 2026, cuando se debatía el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central.
En esa oportunidad, repasa la ampliación de la denuncia efectuada este martes, el presidente del BCRA ”confirmó que una parte de las reservas de oro había sido trasladada durante el año 2024? y que “actualmente dicho oro se encontraba depositado en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea”.
Doble contradicción
“Tal manifestación resulta de particular gravedad, ya que envuelve una doble contradicción”, sostuvieron los senadores Di Tullio, López y Soria.
Por un lado, resulta incongruente con la propia estrategia del BCRA de negar información sobre la ubicación de las reservas de oro trasladadas, por motivos de seguridad. “Entonces, si, como sostuvo Bausili ante el Honorable Senado, la ubicación de las reservas de oro puede ser informada públicamente, no se comprende por qué durante más de un año el propio Banco Central negó sistemáticamente esa información invocando razones de seguridad”, analizaron los senadores.
Si, por el contrario, la información relativa a la ubicación y custodia de las reservas se encuentra efectivamente alcanzada por la confidencialidad que el BCRA invocó reiteradamente, “entonces corresponde determinar por qué su Presidente decidió revelar públicamente una ubicación concreta de los activos y bajo qué documentación respaldatoria efectuó esa afirmación”, plantearon los legisladores.
Según Di Tullio, López y Soria, existe además una segunda contradicción: “La información con la que cuenta esta parte, es que el oro trasladado durante el año 2024 no se encuentra depositado en la sede del Banco de Pagos Internacionales en Basilea, sino en el Bank of England, con sede en Londres”.
Por lo tanto, advirtieron los senadores, Bausili “no solo ‘ventiló’ la supuesta información confidencial que venía negando, sino que además mintió descaradamente en el Senado de la Nación, a los legisladores presentes, y a todo el pueblo argentino”.
¿Y la auditoría?
Por otro lado, el presidente del BCRA incorporó otra información que, según los senadores, “merece ser esclarecida”, relativa a la auditoría sobre los movimientos de reservas.
“El presidente del BCRA sostuvo que las operaciones vinculadas con las reservas de oro se encontraban acabadamente auditadas. (…) Sin embargo, con fecha 10 de septiembre de 2026, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, remitió una nota a una de las senadoras que suscribe esta ampliación, Juliana Di Tullio, en la que informó circunstancias que resultarían incompatibles con aquella afirmación”, señalaron los legisladores.
De acuerdo a lo detallado en esa nota, la auditoría correspondiente al ejercicio 2025 aún no ha sido aprobada, mientras que el análisis relativo a la “trazabilidad de las reservas en oro” tampoco habría sido realizado, debido a la demora de más de un año del Banco Central en remitir la información necesaria para efectuar dicho análisis.
¿Quién se lleva los retornos?
Por último, Di Tullio, López y Soria llamaron la atención sobre otra aseveración de Bausili, en la que sostuvo que el oro fue enviado a Suiza para reconvertir lingotes viejos de baja calidad en lingotes nuevos de pureza probada.
“En el mercado, cuando hay más o menos escasez, ese costo se achica o agranda. A nosotros se nos dio que había alta demanda por lingotes de oro y, en ese contexto, se bajaron costos de aceptación de lingotes viejos de menor calidad…Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo más bajo que el histórico convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta”, le dijo a los senadores.
Sin embargo, Caputo había dicho, en un relato contradictorio con el de Bausilli, que el oro se utilizó para hacer una operación financiera de “magníficos” resultados: “Si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno. Tenerlo encerrado en el Central, sin hacer nada para el país, es negativo”, sostuvo el ministro meses atrás.
“En ese sentido, vale la pena preguntar… ¿los retornos que mencionaba Caputo, y que fue desarrollado en la denuncia original, fueron para las arcas del BCRA o para la de los funcionarios denunciados?“, reflexionaron los senadores en la ampliación de la denuncia.
Y agregaron: “La pregunta obedece a que de acuerdo a ciertos medios periodísticos, el stock de oro de 1,98 millones de onzas permanece estable desde hace al menos 5 años (…). Esta información demuestra que no hubo ganancias ni retornos financieros favorables para la Argentina, y refuerza la idea central de estas denuncias, de que la opacidad de estos movimientos de reservas esconde hechos ilícitos y beneficios indebidos para los funcionarios responsables”.
Las contradicciones referidas en la ampliación de la denuncia, insistieron los senadores, “podrían resultar relevantes para determinar si existió un incumplimiento de los deberes funcionales impuestos a las autoridades responsables de la administración de las reservas, en los términos del artículo 248 del Código Penal”. Además, “deberán ser investigadas en relación con las hipótesis de eventual malversación de caudales públicos ya planteadas en la denuncia original y con las posibles irregularidades en la información contable y financiera suministrada por la autoridad monetaria”, concluyeron.
Fuente:https://www.pagina12.com.ar/