Fueron beneficiados por una batería de fallos y resoluciones en causas nuevas y otras más antiguas, como la del préstamo de 2018 con el FMI, que aún podría reactivarse.
Por: Ariel Stemphelet@stempheletariel
La nueva Sala I de la Cámara Federal porteña sacó en menos de una semana una serie de fallos pendientes con decisiones claras en favor del actual gobierno y sus principales aliados. A la prioridad por tratar el tema $Libra adelantada por este medio, se le sumaron otros fallos favorables a los intereses del gobierno libertario, del ex presidente Mauricio Macri y del actual ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros.
En sintonía con lo que parece ser un signo de época, el Poder Judicial lejos estuvo de, por ejemplo, alternar la publicación de las decisiones para amortiguar cualquier tipo de suspicacia.
Los fallos, que salieron entre el viernes pasado y este lunes, fueron firmados mayoritariamente por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Este último en el comienzo de una nueva etapa como integrante titular de esa estratégica instancia a la que llegó gracias a un traslado “a dedo” en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Una temprana licencia de Pablo Yadarola, el ex juez en lo Penal Económico que juró el viernes pasado en la Cámara, le evitó tener que pronunciarse rápido sobre cuestiones espinosas para el gobierno y aliados.
Foto: Daniel Vides / NA
Javier Milei, el primero
El presidente Javier Milei fue el primero en recibir las buenas nuevas. El viernes, un día después del acto de jura de Bertuzzi y Yadarola al que asistió la plana mayor del Poder Judicial y varios funcionarios del gobierno, Bertuzzi y Llorens convalidaron la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de sacar a los querellantes de la causa $Libra. Ese expediente tal vez sea el más sensible para la Casa Rosada porque tiene imputados al mandatario y su hermana, en una trama repleta de pruebas que dejaron al descubierto la cercanía que tenían con el criptobro Mauricio Novelli más allá del lanzamiento del fallido token.
Al fallar, Llorens y Bertuzzi ratificaron la teoría expuesta por el juez de primera instancia, que aparta la responsabilidad gubernamental y coloca a los inversores damnificados como responsables de haber comprado un activo de alta volatilidad. El mensaje, básicamente, fue que deberían haber sabido que era altamente probable que terminaran con pérdidas si compraban los activos del contrato difundido por Milei en X.
Pero $Libra no fue el único fallo favorable al presidente. Los camaristas también confirmaron en los últimos días la decisión del juez Julián Ercolini de archivar una denuncia contra Milei por abuso de autoridad.
La presentación lo cuestionaba por haber firmado un decreto, el 478/2026, que facultaba al gobierno a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales de Nueva York en casos de préstamos de hasta u$s 5 mil millones con garantía de organismos multilaterales. También fijó la renuncia a oponer la inmunidad de jurisdicción, es decir, que el país no pueda alegar que por ser un estado esos tribunales no son competentes en eventuales reclamos.
La denuncia quedó radicada ante el Juzgado de Ercolini y antes de su archivo el fiscal Franco Picardi había firmado su desestimación por inexistencia de delito, en la que sostuvo que la queja debía tramitarse ante el Fuero en lo Contencioso Administrativo. Sobre esa base el magistrado procedió al archivo. La Cámara lo convalidó al sostener que “no se advierte una afectación” y al sostener que la queja de Pagano contra el archivo “es mera discrepancia con el criterio sostenido”.
En otro fallo de los últimos días, Llorens también destrabó un conflicto de competencia en favor de Ercolini. Fue al decidir que las denuncias contra el operativo represivo del 6 de agosto pasado, cuando se trató la Ley de Tierras en el Congreso, tramiten en su juzgado y no en el de la jueza María Servini.
Esa magistrada viene de mandar a juicio al gendarme Héctor Guerrero, que le disparó al fotoperiodista Pablo Grillo, y al policía federal Nicolás Céspedez, que hirió a la jubilada Beatriz Blanco. En este caso, la jueza recibió una denuncia de Pagano contra la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la Policía Federal, Gustavo Antonio Gauna, el policía que fue visto actuando de civil y sin identificación durante esa jornada represiva.
Al recibirla se la remitió a Ercolini, que tenía una presentación similar y anterior, realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El juez sostuvo que debían tramitarse en conjunto y se las devolvió a la jueza con el argumento de que la presentación de Pagano era más amplia, algo que Servini rechazó. Ahí se generó el conflicto de competencia que Llorens dirimió en favor del mencionado magistrado.
Foto: Télam
Macri, otro beneficiado
El ex presidente recibió una novedad en el marco de una de las causas judiciales más importantes de los últimos años: la causa FMI. Se trata del expediente que se inició tras múltiples denuncias que pedían investigar aparentes irregularidades en la toma del inédito crédito de u$s 57 mil millones que firmó Macri en 2018 con el Fondo Monetario.
La Cámara, con votos de Bertuzzi y Llorens, confirmó la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la investigación que lo tenía como uno de los principales imputados por abuso de autoridad y administración fraudulenta junto a dos actuales ministros de Milei: Federico Sturzenegger (de Desregulación) y Luis Caputo (de Economía). De algún modo, la administración libertaria colaboró para obtener ese archivo ya que nunca impulsó, desde la Procuración del Tesoro, que era querellante desde el gobierno de Alberto Fernández, ningún curso de acción.
La jueza había dicho que no se logró obtener ningún elemento que permita afirmar que hubo un propósito de los imputados orientado a defraudar al Estado. También rechazó uno de los ejes principales de las denuncias, que cuestionaba que el empréstito no había pasado por el Congreso. Según su óptica, no había ninguna exigencia legal que impusiera ese requisito. Para los camaristas, que la causa haya durado más de cinco años y haya generado una voluminosa cantidad de pruebas da cuenta del “esfuerzo desplegado para esclarecer los hechos”. También sostuvieron que la jueza explicó, “con fundamento suficiente” los motivos detrás de su decisión.
Según supo Tiempo, el fiscal de Cámara, Luis Aguero Iturbe, apelará el fallo de los camaristas, por lo que es probable que la discusión pase a la Cámara de Casación.
Arribas y Majdalani, también
A la lista también hay que sumar a los ex integrantes de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Ambos vienen de recibir una buena noticia de parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que la semana pasada los sobreseyó en una causa que investigaba presuntas tareas de inteligencia ilegal durante el G20 que se hizo en Buenos Aires. Para el juez no hubo delito en el armado de fichas sobre periodistas y dirigentes políticos y sociales.
Pero también recibieron una buena nueva de parte de Llorens y Bertuzzi en una causa relacionada. Fue cuando confirmaron su sobreseimiento junto con el de tres agentes de inteligencia que había decretado años atrás el mismo Martínez de Giorgi. Ambos quedaron desligados de una causa que se inició por una denuncia de la ex interventora del organismo, Cristina Caamaño, tras el hallazgo de un disco rígido que tenía rastros de conexión de pendrives que se habrían usado para almacenar información sobre periodistas, políticos y fuerzas policiales, entre las que habría correos electrónicos privados.
Para convalidar la definición, la Cámara sostuvo que no se preservó correctamente la prueba más importante del caso. “No se registró ni documentó el lugar en el que fueron hallados los discos rígidos. La falta de ese registro inicial impide establecer con certeza el origen del material y las condiciones en que fue incautado, tornando incierta la trazabilidad de los elementos desde su obtención hasta su incorporación al proceso”, plantearon.
Macri, que estaba imputado en esa causa, también fue beneficiado por el sobreseimiento que confirmó la Cámara.
Foto: Mariano Sanchez / NA
“Toto” Caputo, también por partida doble
El actual ministro de Economía también fue beneficiado por la confirmación del archivo de la causa FMI referido antes. Cuando se anunció el programa Standby, era ministro de Finanzas.
Pero el funcionario recibió otra buena noticia de parte de la Cámara: Llorens y Bertuzzi confirmaron su sobreseimiento en una causa por omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. Se trata de un expediente arrancó por una denuncia de dirigentes del peronismo tras descubrir que cuando asumió como ministro de Macri omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción su participación en Princess International Group. Se trata de una firma offshore radicada en las Islas Caimán, un paraíso fiscal.
La denuncia también lo apuntaba por la supuesta utilización de su cargo de ministro para favorecer los intereses del conglomerado que lo tenía como beneficiario.
La investigación estuvo en manos de Ercolini, quien decidió sobreseerlo. El fiscal Carlos Rívolo apeló al considerar que la decisión era prematura y que no se había valorado la prueba, por lo que el caso llegó a la Cámara. En un fallo al que accedió este medio, Bertuzzi y Llorens trazaron un repaso del expediente en el que recordaron un momento llamativo que ocurrió en el proceso: la defensa de Caputo, a cargo del abogado Matías Cúneo Libarona, hermano del ex ministro de Justicia, presentó un escrito en el que alegó que la omisión en las declaraciones juradas no fue intencional.
“Atento a su inexperiencia en los trámites que solamente atañen a los funcionarios públicos, no presentó el anexo reservado dedicado a todos los antecedentes laborales por desconocimiento tanto propio como de su contador”, recordaron que decía el escrito.
Pese a la omisión que tuvo el funcionario, que es licenciado en Economía, los camaristas decidieron confirmar su sobreseimiento. “No se observa un actuar delictual doloso por parte del funcionario público denunciado en perjuicio de la administración pública”, argumentaron. Y agregaron: “De los elementos recabados no surge que de las operaciones realizadas por Caputo mientras se desempeñaba en la cartera de Finanzas se hallaron particularmente relacionadas con las empresas denunciadas, ni generado condiciones diferenciadas para favorecerlas por sobre el resto”.
Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/