La Cámara de Diputados aprobó el convenio con 23 votos a favor, 10 en contra y tres ausencias. El acuerdo le otorga a San Juan la gestión, ejecución de obras, conservación y mantenimiento de tramos de seis rutas nacionales durante 20 años.
Luego de una extensa y tensa jornada legislativa, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó este miércoles el convenio firmado entre el Gobierno provincial y la Dirección Nacional de Vialidad, que le permitirá a la Provincia asumir durante 20 años la gestión, ejecución de obras, conservación y mantenimiento de distintos tramos de rutas nacionales.
La votación se produjo después de la aprobación del acuerdo entre San Juan y la empresa Vicuña, que contempla un desembolso de USD 250 millones para obras de infraestructura. En el caso del convenio vial, el proyecto obtuvo 23 votos afirmativos, 10 negativos y tres ausencias.
El acuerdo establece que la Provincia tendrá a su cargo la intervención de tramos de seis rutas nacionales, entre ellas las rutas 40, 20, 149, 150 y 153. Si bien los caminos continuarán formando parte de la Red Vial Nacional, San Juan asumirá con recursos propios el financiamiento de las obras necesarias para su recuperación, conservación y mantenimiento.
A su vez, la Dirección Nacional de Vialidad conservará las facultades de supervisión y control técnico sobre los trabajos que se realicen. Las obras que sean ejecutadas por la Provincia quedarán posteriormente incorporadas al patrimonio nacional.
Uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento legislativo estuvo vinculado al financiamiento. Desde el peronismo cuestionaron que la Provincia asuma obligaciones que, según plantearon, corresponden al Estado nacional y que deberían ser atendidas con los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
En ese sentido, desde la oposición plantearon reparos sobre el alcance del convenio y cuestionaron que San Juan deba destinar recursos propios para intervenir rutas que continúan bajo jurisdicción nacional.
El oficialismo, en cambio, defendió el acuerdo bajo el argumento de que existe una necesidad urgente de recuperar las rutas y que el convenio permitirá a la Provincia intervenir de manera directa sin depender de los tiempos de la Nación. La posibilidad de avanzar con obras sobre corredores estratégicos como la Ruta 40 Norte fue uno de los principales argumentos utilizados durante el debate.
El convenio tendrá una vigencia de 20 años, período durante el cual la Provincia deberá afrontar los costos derivados de las tareas de reparación, conservación y mantenimiento previstas. También contempla la posibilidad de establecer mecanismos de financiamiento vinculados a futuras obras, entre ellos la eventual implementación de peajes, de acuerdo con las condiciones previstas en el acuerdo.