Allanaron el Ministerio de Salud de la Nación y detuvieron a exdirectivas de ANMAT e INAME por las muertes vinculadas al fentanilo adulterado.
Por orden del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, las fuerzas de seguridad allanaron la sede del Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la causa penal que investiga la distribución de fentanilo adulterado de uso médico, un caso vinculado a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo que provocó la muerte de al menos 114 personas y lesiones graves en más de 50 pacientes.
Durante el procedimiento en la cartera sanitaria, la Justicia secuestró registros de ingresos, egresos y minutas de reuniones correspondientes a los períodos 2023 y 2024.
En el marco del mismo operativo, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata dispuso la detención de dos exfuncionarias del sistema de control de medicamentos: Nélida Agustina Bisio (exintegrante de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica – ANMAT) y Gabriela Mantecón Fumado (exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos – INAME). Ambas serán indagadas en las próximas horas por su presunta responsabilidad en la falla de los controles sobre el lote de insumos médicos.
Procesamientos, prisión preventiva y la trama empresarial
La investigación penal se inició en 2024 al detectarse la circulación de ampollas contaminadas. La acusación central apunta al empresario Ariel García Furfaro, señalado como titular del conglomerado integrado por HLB Pharma Group, Laboratorios Ramallo y Droguería Al Farma, firmas fabricantes de los lotes bajo sospecha.https://d-27186927163478313220.ampproject.net/2607151349000/frame.html
El juez Kreplak imputó a García Furfaro como: “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, 70 personas así como en las lesiones gravísimas de dos personas y graves de otras 41 en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una persona, también en calidad de coautor».
La Justicia mantuvo la inhibición general de bienes, el embargo económico y dictó la prisión preventiva para el empresario y su hermano, Diego Hernán García. En tanto, se le concedió el arresto domiciliario a Nilda Furfaro (señalada como partícipe necesaria) y a otros imputados de la causa, entre los que figuran José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, Javier Tchukran, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Sclafani, María Victoria García y Wilson Daniel Pons.
Alcance de los lotes adulterados y fallas en la trazabilidad
Los peritajes judiciales determinaron la ruta epidemiológica y el alcance del lote contaminado:
- Lote 31202: Estuvo compuesto por 154.530 ampollas, de las cuales 40.473 habrían sido efectivamente administradas a pacientes en 51 centros de salud públicos y privados distribuidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa. La Justicia logró incautar y recuperar 64.003 unidades.
- Lote 31244: Comprendía 151.430 ampollas. En este caso, el fuero federal decomisó 121.233 unidades y confirmó que este lote no llegó a aplicarse en el ámbito intrahospitalario.
La reconstrucción de la causa se vio obstaculizada debido a la falta de digitalización en el sistema sanitario, encontrándose historias clínicas incompletas, registros fragmentados en soporte papel y una pronunciada demora en la entrega de documentación por parte de los establecimientos médicos, lo que obligó al juzgado a aplicar medidas coercitivas para obtener información.
Reclamo de los familiares de las víctimas
Familiares de las personas afectadas difundieron un documento donde cuestionaron con dureza la respuesta del sistema de salud y de los organismos sanitarios estatales frente a la emergencia, criticando «controles insuficientes», autoridades que «presentaron reticencias y aportaron información escasa», e instituciones hospitalarias que «demoraron o dificultaron la entrega de documentación clave».
En el mismo pronunciamiento, el colectivo de familiares destacó el accionar de la instrucción judicial a cargo del juez Kreplak:
«No solo debió identificar los establecimientos de salud que habían adquirido el medicamento, sino también determinar a qué pacientes se les había administrado».
Fuente: https://www.datadiario.com/