En la mañana del miércoles 17 de junio, legisladores integrantes de las comisiones de Educación, Ciencia, Técnica y Cultura y de Peticiones y Poderes mantuvieron una reunión conjunta en el segundo piso del edificio Anexo de la Cámara de Diputados. El encuentro fue encabezado por los presidentes de ambas comisiones, la diputada Alejandra Leonardo (Educación) y el diputado Gustavo Núñez (Peticiones y Poderes). Participaron, además, los legisladores Andrés Castro, Rosana Luque, Gabriel Sánchez, Omar Ortiz, Mario Herrero, Marcelo Mallea, Gustavo Usin, Marta Gramajo, Juan de la Cruz Córdoba, María Rita Lascano, Graciela Seva, Pedro Albagli y Mónica González. Durante la reunión se abordaron distintos proyectos de ley y de resolución. En primer lugar, se otorgó despacho favorable al proyecto que propone imponer el nombre “Escuela Primaria para Jóvenes y Adultos Santo Domingo de Guzmán” a la Escuela UEPA Móvil, ubicada en el departamento Iglesia, dependiente de la Dirección de Adultos de la provincia. Asimismo, obtuvo despacho favorable el proyecto que propone denominar “Escuela Secundaria Salvador Artés” a la actual Escuela Secundaria Marcelino Guardiola, ubicada en el departamento Rawson, dependiente de la Dirección de Educación Secundaria Orientada y Artística. Por su parte, la comisión de Peticiones y Poderes dio despacho favorable al proyecto de ley presentado por la diputada Fernanda Paredes, que propone imponer el nombre “Callecita de Sol” a la Escuela de Nivel Inicial Nº 78, ubicada en calle Sargento Cabral 1285 norte, en el departamento Capital, dependiente de la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación de San Juan. En el ámbito de la Comisión de Educación, Ciencia, Técnica y Cultura, se analizó y se otorgó despacho favorable a un proyecto de resolución que propone declarar de interés social, cultural y educativo la obra literaria “Matayam: la profecía y el medallón”, del Dr. José Antonio Carrascosa Fuentes, profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Cuyo y doctor en Educación por la misma institución. La iniciativa fue presentada por el Bloque Cambia San Juan. En términos formativos, la obra promueve el pensamiento crítico al abordar temáticas como el cuidado del ambiente, los riesgos de la ambición desmedida y la importancia de no permanecer indiferentes frente a la injusticia. Cabe señalar que el primer tomo de la saga, “Matayam: Lejos de casa”, fue previamente declarado de interés social, cultural y educativo por la Cámara de Diputados de San Juan. Además, se estudió el proyecto de resolución presentado por el Bloque Bloquista para declarar de interés histórico, educativo, cultural y comunitario provincial el programa radial “El Coleccionista de Historias”, creado y conducido por el profesor Rubén Darío Guzmán, con la co-conducción de Florencia Guzmán, emitido por Estación Claridad 97.1, en reconocimiento a su aporte a la difusión de la historia y a la construcción de la identidad sanjuanina. Finalmente, se trató un proyecto de resolución que propone declarar de interés cultural, educativo y artístico el Tercer Congreso Mundial de Piramidismo Cromático “Domingo Faustino Sarmiento – Nueva Tendencia Global del Siglo XXI”, desarrollado del 4 al 9 de mayo en la provincia. Este encuentro académico-artístico de carácter internacional tiene como objetivo consolidar a San Juan como un epicentro cultural y filosófico de proyección global, en homenaje al ideario de Domingo Faustino Sarmiento y su legado en materia de educación, innovación y progreso. Asimismo, convoca a artistas, académicos, gestores culturales y representantes de distintos ámbitos para promover el arte como herramienta de transformación social, educativa y cultural.
Universidades: cuánto cobrará un docente con el acuerdo y cuánto debería cobrar según la Ley de Financiamiento
Hasta el sábado se desarrolla la medida de fuerza nacional liderada por la Federación Nacional Conadu Histórica. Denuncian la brecha de ingresos entre lo firmado por rectores con el Gobierno y lo que deberían recibir según la norma rechazada por LLA y que hoy está en la Corte. Más allá del acuerdo anunciado por el Gobierno nacional con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las cúpulas de algunos gremios, el conflicto de la educación superior parece lejos de disiparse. Especialmente por la brecha salarial entre lo que firmaron y lo que deberían recibir por la Ley de Financiamiento que llega a ser del 30% en determinados cargos. Este martes comenzó un paro nacional que se extenderá hasta el sábado 20 de junio, liderado por los docentes agrupados en la Federación Nacional Conadu Histórica. La medida es en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que La Libertad Avanza sigue negándose a cumplir, y cuya efectivización hoy está en manos de la Corte. El acta acuerdo suscripta entre el Gobierno, los rectores y otras federaciones docentes y no docentes ya había sido rechazada por la asamblea general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), que impulsó una marcha esta semana a la sede del ex Ministerio de Ciencia en el barrio porteño de Palermo. El acuerdo rechazada por las bases universitarias El acuerdo oficial implica un aumento del 21,3% en junio y un 3% en octubre. Además, a la propuesta salarial se le suma un 20% para gastos de funcionamiento, 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios y un aumento del 50% de las becas Belgrano. Quienes la rechazan denuncian que la suba es insuficiente y está muy alejada de lo establecido por la ley. Según la norma, los salarios de docentes y no docentes deberían actualizarse con un porcentaje no menor a la inflación acumulada desde diciembre de 2023 que, a mayo de 2026, alcanza el 312,1%. En el mismo período, los salarios básicos aumentaron tan solo un 155%. Un ayudante de primera con dedicación simple (10 horas semanales) –un docente que está frente a curso– cobraba de básico $88.023 en diciembre de 2023 y este mes cobró $224.713. Con el acuerdo, cobrará $272.576 de básico. Según la Ley de Financiamiento Universitario, debería haber cobrado $362.742. Otro caso es el de un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva (20 horas semanales), quien cobraba $210.727 en diciembre de 2023 y cobró $537.976 en mayo de 2026. Con el acuerdo, cobrará $652.726 de básico. Según la ley, debería haber cobrado $868.405. Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, remarcó que “el acuerdo firmado por los rectores y las federaciones es insuficiente. Es un 21% que no alcanza a cubrir la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, por eso sigue el descontento de las bases docentes y no docentes con esta entrega”. Esta semana, los abogados que representan al Gobierno en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario –la cual fue elevada a la Corte Suprema– presentaron como un hecho nuevo las actas suscriptas “entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas organizaciones gremiales docentes y no docentes, así como las actas paritarias docentes y no docentes suscriptas en la misma fecha”. Afirman que el acta obedece a la voluntad de atender a las necesidades planteadas por la norma en cuestión. “Se confirma nuestra preocupación con la firma de este acuerdo por parte de los rectores y la burocracia sindical: además de no dar respuesta a las demandas docentes y no docentes, le brinda argumentos al Gobierno para intentar desarmar el reclamo judicial –subrayó Carboni–. Por eso nuestra asamblea rechazó el acta acuerdo y, junto a nuestra federación, ratificamos el paro de una semana”. El congreso de Conadu Histórica resolvió por 64 a 36 votos rechazar la propuesta oficial, no firmar el acuerdo y ratificar el paro nacional del 16 al 20 de junio. En ese marco, y como parte de las resoluciones de una asamblea nacional autoconvocada de docentes universitarios, AGD UBA se movilizará este miércoles a las 14 horas al Polo Científico junto a ATE Conicet para rechazar los despidos de 380 becarios posdoctorales y exigir el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario. Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/
«AL HORNI»: narcoescándalo, la fiscalía pidió la indagatoria de Espert
La Fiscalía de San Iisdro solicitó indagar al exdiputado libertario, a un contador y la empresa Varianza. Se investiga su vínculo con Fred Machado, el financista de su campaña en 2019 que ya confesó delitos ante la Justicia estadounidense. El fiscal Fernando Dominguez pidió este miércoles la indagatoria del excandidato libertario José Luis Luis Espert en la causa del narcoescándalo que lo investiga por lavado de dinero, en la que también está involucrado el empresario Fred Machado, quien ya confesó delitos de fraude y lavado en Estados Unidos. El juez Lino Mirabelli pidió sumar audios y analizar emails antes de continuar. La fiscalía de San Isidro también solicitó indagatoria del contador Mariano Cosentino y representantes de la empresa Varianza, supuestamente utilizada por el exdiputado de La Libertad Avanza (LLA) para la maniobra de lavado. Según trascendió, el juez Mirabelli aún no respondió al pedido del fiscal. Sin embargo, sí avaló la solicitud de no innovar sobre los bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, para que no puedan realizar movimientos ni operaciones. Antes de decidir si se procede o no con la indagatoria, el juez pidió incorporar a la causa la totalidad de los audios intercambiados entre los sujetos investigados y también analizar una serie de correos electrónicos. «Procédase a analizar aquellos correspondientes a comunicaciones que hayan mantenido presuntamente José Luis Espert, Mariano Cosentino, Mercedes Armendares y/o Fernando Escobar, entre sí o con terceras personas, durante el espectro temporal de interés, e incorpórense los que podrían resultar útiles para la encuesta, bajo debida constancia», solicitó el juez en un texto al que accedió El Destape. El caso Espert Desde septiembre del año pasado, el exdiputado comenzó a ser investigado por la Justicia federal por presunto lavado de dinero proveniente de sus vínculos con Machado, quien ya lleva más de seis mese detenido en EE.UU. tras declararse culpable de delitos de lavado y fraude. La investigación sobre Espert tiene como punto de partida el ingreso de al menos 200.000 dólares desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado, que ya reconoció haber financiado al economista liberal en su campaña presidencial de 2019. También le prestó dos aviones suyos, una camioneta y dinero. En concreto, el fiscal de la causa está detrás de millonarios movimientos bancarios de 135.000 dólares, 230.000.000 pesos y analiza la compra de autos de alta gama e inversiones inmobiliarias que llevó adelante Espert. Al estallar el caso, la presión política y mediático provocó que Espert tenga que bajar su candidatura a primer diputado de La Libertad Avanza (LLA), a 20 días de las elecciones del año pasado. Su pedido para ser «inocente fiscal» Hace apenas días, se conoció una larga lista de funcionarios de Javier Milei que iniciaron el trámite ante el fisco para adherirse al régimen de Inocencia Fiscal. En medio del escándalo por enriquecimiento ilícito que sacude al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los nombres del vocero y de Espert figuran entre los que iniciaron el pedido. De aprobarse su solicitud, podrán evitar explicar cómo creció su patrimonio en períodos fiscales anteriores y solo deberán hacer una simple declaración de ingresos. Espert fue el encargado de anunciar en junio de 2025 el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, luego sancionado por el Congreso gracias a aliados del Gobierno. «El objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco», decía el por entonces diputado. Fuente: https://www.eldestapeweb.com/
ECUADOR: Noboa decreta un nuevo estado de excepción por “grave conmoción interna” en diez provincias y tres municipios del país
Daniel Noboa decreta un nuevo estado de excepción en Ecuadors El presidente Daniel Noboa firmó este 16 de junio de 2026 un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna que regirá en diez provincias y tres cantones del país. La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 423 y tendrá una vigencia de 60 días, según establece el documento emitido por el Ejecutivo. Con esta decisión, el Gobierno busca mantener acciones extraordinarias en territorios considerados prioritarios dentro de la estrategia nacional de seguridad. ¿Dónde aplicará el nuevo estado de excepción? El decreto establece que la medida regirá en las siguientes provincias: Estas jurisdicciones permanecerán bajo el régimen excepcional durante los próximos dos meses. Los tres cantones incluidos en el decreto Además de las provincias señaladas, el estado de excepción también se aplicará en tres cantones específicos: La Maná, en la provincia de Cotopaxi.Las Naves, en la provincia de Bolívar.La Troncal, en la provincia de Cañar.La inclusión de estos territorios amplía el alcance de las medidas extraordinarias contempladas por el Gobierno. ¿Por qué se decretó el estado de excepción? De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 423, la declaratoria responde a una situación de grave conmoción interna. Esta figura constitucional permite al Estado adoptar medidas excepcionales cuando existen circunstancias que afectan el orden público y la seguridad ciudadana. La decisión se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a distintas zonas del país. La medida estará vigente durante 60 díasEl decreto establece que el estado de excepción tendrá una duración inicial de 60 días. Durante ese período, las autoridades competentes podrán ejecutar las acciones contempladas dentro del marco legal establecido para este tipo de declaratorias. La vigencia comenzará desde la emisión oficial del Decreto Ejecutivo 423. Un nuevo estado de excepción en medio de la lucha contra la inseguridadLa firma de este nuevo decreto se produce en un contexto en el que el Gobierno ha recurrido de manera recurrente a mecanismos extraordinarios para enfrentar la violencia y los desafíos de seguridad en Ecuador. METROECUADOR
Ley de Inocencia Fiscal: la oposición busca modificarla para que los funcionarios públicos no puedan blanquear sus bienes como hizo Adorni
La Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias discutirá mañana un proyecto para excluir a funcionarios y sus familiares del régimen. La ofensiva contra Manuel Adorni se multiplica. La oposición abrirá mañana un nuevo frente en el Congreso: pondrá en debate una modificación a la ley de Inocencia Fiscal, el mismo régimen al que el jefe de Gabinete y su esposa se acogieron para regularizar fondos no declarados. La reunión de la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias, presidida por el peronista Ariel Rauschenberger, discutirá un proyecto que busca excluir a los funcionarios públicos y sus familiares directos de ese beneficio. La ley 27.799, conocida como de «Inocencia Fiscal», fue presentada por el gobierno de Javier Milei como un incentivo para que los argentinos regularicen sus tenencias no declaradas. En la práctica, terminó siendo una herramienta que utilizó la propia cúpula oficialista para poner en blanco bienes sin rendir cuentas. El propio Adorni, su esposa Bettina Angeletti, el ministro Federico Sturzenegger, el exdiputado José Luis Espert y el titular de ARCA, Andrés Vázquez, se acogieron al régimen. La oposición avanza con cambios sobre la Ley de Inocencia Fiscal: los detalles El proyecto que se discutirá mañana fue presentado por el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas). Propone modificar el artículo 38 de la ley 27.799 para excluir de manera taxativa a los funcionarios públicos y sus familiares directos del régimen simplificado de Ganancias que administra ARCA. La iniciativa alcanza a presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, legisladores nacionales y provinciales, jueces, fiscales, magistrados, embajadores y militares de alta jerarquía. Paulón fue contundente en su fundamentación: “El régimen de Inocencia Fiscal no puede convertirse en una vía para blanquear fondos obtenidos mediante la corrupción”. El proyecto también prohíbe el beneficio de forma directa a cónyuges, convivientes y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, para evitar maniobras de triangulación o testaferros. La oposición denuncia que el gobierno exhibió la ley como un incentivo para que los argentinos «saquen los dólares de debajo del colchón», pero terminó operando como un mecanismo de opacidad para la propia cúpula oficialista. El caso del titular de ARCA, Andrés Vázquez, es el más paradójico. El funcionario que preside el organismo que debe regular y fiscalizar la aplicación del régimen también se acogió al beneficio. El nuevo frente opositor se suma al pedido de sesión especial para el martes 23 de junio en Diputados (con interpelación y moción de censura) y al proyecto en el Senado que exige explicaciones a Adorni en un plazo de siete días. Fuente: https://www.datadiario.com/
BRASIL: Eduardo Bolsonaro fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de coacción durante el proceso judicial
Tribunal Supremo de Brasil condena a Eduardo Bolsonaro por gestionar sanciones de Estados Unidos contra jueces Eduardo Bolsonaro fue condenado por el Tribunal Supremo de Brasil por el delito de coacción a la justicia, tras determinarse que realizó gestiones en Estados Unidos para promover medidas contra magistrados que participaban en procesos relacionados con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. La Primera Sala de la Suprema Corte fijó una pena de cuatro años y dos meses de prisión, además de una multa económica. Los magistrados Alexandre de Moraes, Cristino Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino votaron de manera unánime a favor de la condena. Según la decisión judicial, el exdiputado buscó influir en el desarrollo de procesos penales mediante contactos con autoridades estadounidenses y la promoción de sanciones a Brasil y miembros del Poder Judicial. La sentencia aún puede ser apelada. Supremo fija pena de más de cuatro años de prisión El fallo estableció que Eduardo Bolsonaro cumplirá una pena de cuatro años y dos meses bajo un régimen inicial semiabierto. La resolución también contempla el pago de una multa calculada sobre 50 días de salario. Para Alexandre de Moraes, existieron pruebas suficientes que demostraron que el acusado intentó interferir en la actuación de los jueces encargados del caso relacionado con el supuesto golpe de Estado. Durante su voto, el magistrado sostuvo que la conducta atribuida al excongresista no podía considerarse una actividad legislativa protegida por la inmunidad parlamentaria. “No es función de un diputado federal brasileño ejercer presión en el extranjero contra su propio país”, afirmó. También rechazó el argumento de la defensa sobre la libertad de expresión y señaló que las acciones investigadas tuvieron como objetivo impedir una eventual condena a Jair Bolsonaro. Fiscalía sostuvo que hubo presión al Poder Judicial La Procuraduría General y la Fiscalía General argumentaron que las pruebas reunidas mostraban una estrategia destinada a generar presión sobre la justicia brasileña. El subprocurador Antônio Edílio Magalhães Teixeira sostuvo ante la corte que el caso era claro desde el punto de vista penal y que el conjunto de evidencias demostraba la existencia de coacción. Entre los elementos analizados figuraron declaraciones oficiales, publicaciones en redes sociales y contactos mantenidos desde Washington. Según la acusación, esas acciones buscaban promover sanciones estadounidenses contra magistrados y otras autoridades. La defensa, representada por el defensor público Esdras dos Santos Carvalho, respondió que su cliente no tenía capacidad de decisión sobre la política exterior de Estados Unidos y que sus manifestaciones estaban amparadas por la libertad de expresión. Condena se vincula al juicio contra Jair Bolsonaro La investigación concluyó que las actuaciones de Eduardo estaban relacionadas con el proceso penal que enfrentaba Jair Bolsonaro. Los jueces consideraron que el propósito era evitar consecuencias judiciales para el exmandatario, condenado a 27 años de prisión por su participación en un complot vinculado a los acontecimientos posteriores a las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. De acuerdo con Alexandre de Moraes, el propio acusado reconoció que se trasladó a Estados Unidos en 2025 con el fin de acercarse al entorno político de Donald Trump. La corte examinó declaraciones en las que relató iniciativas que buscaban impulsar sanciones contra jueces brasileños. Para Cármen Lúcia, existió una secuencia de actos orientados a influir en las decisiones judiciales, mientras que Cristino Zanin afirmó que las pruebas revelaban una intención clara de coaccionar a la Suprema Corte durante la tramitación del juicio por golpismo. La republica
Realizan operativos preventivos por inclemencias climáticas en toda la provincia
Ante las bajas temperaturas y a modo de anticiparse a posibles complicaciones en las viviendas afectadas por lluvias u otros fenómenos climáticos, se hacen recorridos por zonas vulnerables, entregando asistencia básica y relevando necesidades prioritarias de las familias. Desde mediados de mayo y hasta finalizar el mes de agosto, los equipos técnicos de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, están haciendo operativos preventivos que incluyen visitas domiciliarias y relevamiento del estado de las construcciones, que permiten anticiparse a posibles inclemencias climáticas, reforzando las viviendas que más lo necesitan no sólo con material básico sino haciendo trabajos de infraestructura que eviten colapsos y otros riesgos como filtraciones. Estas intervenciones llegan fundamentalmente a muchas de las familias que fueron afectadas por lluvias anteriores, aunque se recorren barrios y villas en su totalidad. Hasta ahora se ha visitado los departamentos de Chimbas (específicamente en zonas como El Mogote, Villa El Milagro, Asentamiento Fe y Esperanza, Villa Del Sur), Caucete (Las Talas, Villa La Línea, zona sur de Niquizanga), Rawson (Villa Roja, Villa Nueva Esperanza, Villa San Damián), Pocito (Quinto Cuartel, calle 7 y Céspedes, Villa Valelcito y Loteo Luna) y Valle Fértil (Villa San Agustín, Astica y Usno); alcanzando a unas 450 familias aproximadamente. En cada abordaje -que incluye la entrevista personalizada a los miembros del grupo familia y la constatación de necesidades en las viviendas por parte de trabajadores sociales- se hace entrega de asistencia básica con material aislante y frazadas. Luego, según lo consignado, se vuelve a cada domicilio que lo requiera, con los elementos para reparar techos y otras estructuras habitacionales para que las familias sean quienes se ocupen de las tareas de albañilería, entre otras. Según se ha previsto, estos operativos continuarán las próximas semanas hasta cubrir toda la provincia.
San Juan refuerza la salud infantil con una estrategia inédita para prevenir cuadros respiratorios graves
La medida, impulsada por el Ministerio de Salud, permite ampliar la cobertura de protección para menores que no cuentan con obra social y que presentan condiciones de salud que los hacen más vulnerables a desarrollar cuadros respiratorios graves. La provincia de San Juan se convirtió en la primera del país en adquirir con fondos propios el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, una herramienta de última generación destinada a proteger a bebés y niños con factores de riesgo frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis y neumonía durante el invierno. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud, permite ampliar la cobertura de protección para menores que no cuentan con obra social y que presentan condiciones de salud que los hacen más vulnerables a desarrollar cuadros respiratorios graves. Para ello, la provincia adquirió más de 200 dosis de este insumo de alto costo, consolidando una estrategia sanitaria inédita a nivel nacional. A diferencia de las vacunas tradicionales, el Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que proporciona defensas de manera directa. Su principal ventaja es que genera protección prácticamente inmediata, ya que actúa dentro de las primeras 24 horas posteriores a su aplicación, una característica especialmente relevante en el contexto de alta circulación viral. La implementación de este tratamiento busca reducir significativamente las internaciones por bronquiolitis y neumonía. Estudios internacionales muestran que puede prevenir hasta ocho de cada diez hospitalizaciones por cuadros graves asociados al Virus Sincicial Respiratorio. Además, una sola aplicación brinda cobertura durante toda la temporada de circulación del virus. La estrategia también tiene impacto sobre el sistema sanitario, ya que contribuye a disminuir la ocupación de camas hospitalarias y de terapia intensiva pediátrica durante los meses de mayor demanda asistencial. La campaña está dirigida a bebés prematuros con bajo peso al nacer y a niños menores de dos años que presentan determinadas patologías de riesgo, entre ellas cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, síndrome de Down, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares, inmunodeficiencias severas y otras condiciones que aumentan la probabilidad de complicaciones respiratorias. Actualmente, la provincia cuenta con un padrón superior a 150 pacientes que reúnen los criterios establecidos para acceder al tratamiento de manera gratuita. Para facilitar el acceso, las dosis fueron distribuidas en distintos departamentos según la ubicación de los pacientes identificados. Los equipos de salud de cada centro sanitario son los encargados de contactar y citar a las familias para la aplicación correspondiente, evitando traslados innecesarios. La meta sanitaria es que todos los niños incluidos en la población objetivo reciban el tratamiento antes de agosto, reforzando la protección durante el período de temperaturas más bajas y mayor circulación de virus respiratorios.
