El izquierdista saca ventaja en las zonas rurales, pero la lideresa de la derecha aún puede recuperar terreno con los votos observados. Con más del 94% de las mesas escrutadas, el candidato de izquierda Roberto Sánchez se coloca ligeramente por encima de Keiko Fujimori, la referente de la derecha. La diferencia es mínima, casi microscópica, pero por ahora está del lado del progresismo. La tendencia se definió en las últimas horas, cuando empezaron a llegar los votos de las zonas rurales. Perú vota y la diferencia es mínima: Sánchez adelante, Fujimori atrás. El mundo mira En las zonas rurales, el apoyo a Sánchez es abrumador. En contraste, los centros urbanos más poblados, como Lima, se inclinaron mayoritariamente por Fujimori. La contienda, entonces, es un reflejo de las dos almas del país: la capitalina y la del interior profundo. La batalla del recuento Con el 94,107% de los votos válidamente emitidos ya procesados, la diferencia entre ambos aspirantes es de apenas unas décimas. El sistema electoral peruano, sin embargo, todavía tiene cuentas pendientes. Quedan por revisar unas cuatrocientas mil actas observadas o impugnadas, un volumen más que suficiente para revertir cualquier ventaja. Es por eso que nadie canta victoria todavía. Fujimori, con la experiencia de haber participado en varios procesos electorales, pidió «paciencia y serenidad» a sus seguidores. Sánchez, por su parte, celebró el avance pero admitió que sería irresponsable declararse ganador antes del recuento final. «Nadie puede decir ‘ya gané’», sostuvo. Perú aún no define presidente: aseguran que el resultado final de las elecciones podría demorar hasta un mes La segunda vuelta enfrenta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. El traspaso de mando está previsto para el 28 de julio. Perú se encuentra en etapa de elecciones presidenciales. Luego de que finalizara el balotaje del domingo, las autoridades informaron que los resultados se encuentran en un virtual «empate técnico» entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y la definición podría durar hasta el próximo 15 de julio, día en que cierra el escrutinio definitivo con el conteo voto por voto. La segunda vuelta enfrenta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. Los datos parciales, con el escrutinio arriba del 92%, muestran una diferencia muy reducida entre ambos postulantes, lo que obliga a revisar con especial atención las actas observadas y los procedimientos de validación previstos por la legislación electoral. En este contexto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que el proceso de revisión y proclamación podría demandar alrededor de 30 días. El funcionario remarcó que primero deberán resolverse eventuales impugnaciones y completarse todas las etapas del cómputo oficial antes de anunciar al ganador. Fuente: https://www.datadiario.com/

Desde NODAL – Noticias de América Latina y el Caribe – informamos que, a quince días de la detención arbitraria de Lucas Aguilera y Paula Giménez en el este de Libia, crece la preocupación por la situación de las y los voluntarios que integraban el Convoy Global Sumud Magreb de ayuda humanitaria con destino a Gaza. El pasado 4 de junio, tras once días sin información oficial, lograron establecer comunicación con sus familias, al igual que el resto de las personas detenidas. Desde entonces, no se han registrado avances que garanticen su liberación ni el acceso de organismos humanitarios independientes. Entre las personas detenidas se encuentran también Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Domenico Centrone (Italia), Leonarda Alberizia (Italia), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Lauro Kwoczala (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez) y Jenelle Jones (Estados Unidos). La presencia de ciudadanos de América Latina, Europa, África y Estados Unidos convierte este caso en una preocupación humanitaria internacional que involucra a múltiples nacionalidades y requiere una respuesta urgente de los organismos competentes. Según relataron a sus familiares, permanecen aislados e incomunicados, sin contacto entre los propios detenidos. Asimismo, informaron que sostienen una huelga de hambre desde hace varios días como medida de protesta frente a su situación de privación arbitraria de libertad, aislamiento e incertidumbre. Algunos de ellos mantienen además una huelga seca, sin ingerir alimentos ni líquidos, lo que agrava de manera acelerada el riesgo para su salud, integridad física y vida. De acuerdo con la información transmitida a sus familias, varios de los detenidos han sufrido desmayos, deterioro físico, pérdida de peso y debilidad extrema como consecuencia de la huelga de hambre. También denunciaron condiciones de aislamiento prolongado, incomunicación, incertidumbre permanente sobre su situación, presiones psicológicas, interrogatorios intensivos, hostigamiento y otras prácticas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. También manifestaron no contar con acceso pleno a asistencia jurídica ni con información suficiente sobre su situación procesal. A ello se suman condiciones incompatibles con estándares mínimos de trato humanitario, incluyendo la ausencia de condiciones adecuadas de higiene personal. Según el testimonio difundido del voluntario Matías Álvarez de Uruguay, las y los voluntarios permanecen detenidos arbitrariamente en un complejo penitenciario aislado para civiles, administrado por el Ministerio del Interior y señalado localmente como un “black site” o centro de detención clandestino. La falta de supervisión independiente, de garantías mínimas y de acceso humanitario agrava la preocupación por su integridad física y psicológica. Resulta especialmente alarmante que, pese al deterioro físico reportado, los episodios de desmayo y la huelga seca en curso, las autoridades no hayan permitido el ingreso de equipos médicos independientes ni visitas humanitarias internacionales. Según la misma información, son los propios médicos voluntarios del convoy quienes intentan asistir y monitorear a sus compañeros detenidos, aun encontrándose ellos mismos en condiciones de agotamiento físico y psicológico. Las circunstancias en las que finalmente pudieron comunicarse con sus familiares permiten presumir que dicho contacto fue consecuencia de la presión ejercida por los propios voluntarios a través de la huelga de hambre que sostienen desde hace varios días, y no el resultado de mecanismos regulares de protección, supervisión o acceso humanitario. Si bien este contacto constituye una noticia relevante para sus familias y para quienes seguimos acompañando el caso, la información recibida confirma la existencia de una situación de extrema gravedad humanitaria y sanitaria. También genera profunda preocupación la persistencia de condiciones de aislamiento, incomunicación, presión psicológica, interrogatorios intensivos y manipulación de la información sobre su situación judicial, que afectan gravemente la integridad emocional y mental de las personas detenidas. De acuerdo con Global Sumud, las personas detenidas habrían sido informadas de una eventual comparecencia judicial, en un contexto atravesado por comunicaciones contradictorias, promesas reiteradas de liberación incumplidas y ausencia de información clara sobre su situación procesal. Estos elementos refuerzan la necesidad de acceso inmediato a asistencia legal independiente, observación internacional y verificación humanitaria urgente. Por ello, exigimos con carácter urgente una visita humanitaria internacional inmediata e independiente que permita verificar sus condiciones de detención, constatar su estado de salud y garantizar su integridad física y psicológica. Del mismo modo, exigimos asistencia médica urgente y especializada para todas las y los voluntarios, particularmente frente a las consecuencias derivadas de la huelga de hambre y de la huelga seca en curso. Lucas Aguilera y Paula Giménez viajaron el pasado 24 de mayo para participar del Convoy Global Sumud Magreb, una iniciativa civil internacional destinada a acompañar el ingreso de ayuda humanitaria al pueblo palestino. Tras haber participado en instancias de negociación destinadas a garantizar el paso seguro de la asistencia humanitaria, ambos integraron el equipo encargado de dichas gestiones. No existe ninguna razón que justifique la prolongación de la privación de libertad de quienes participaban de una misión civil y humanitaria internacional. La asistencia humanitaria no constituye delito y su criminalización resulta incompatible con los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. La información conocida en las últimas horas confirma que ya no nos encontramos únicamente ante una situación de privación de libertad e incomunicación, sino frente a una emergencia humanitaria que requiere la intervención inmediata de organismos internacionales capaces de verificar las condiciones de detención y prevenir consecuencias irreparables para la salud y la integridad física de las personas privadas de su libertad arbitrariamente. Frente a esta situación, exigimos con carácter urgente: • una visita humanitaria inmediata;• asistencia médica urgente y especializada para las y los voluntarios detenidos;• ingreso de equipos médicos independientes;• información oficial, pública y verificable sobre su estado de salud y situación jurídica;• acceso pleno a asistencia legal;• garantías efectivas para su integridad física y psicológica;• el cese de las condiciones de aislamiento, incomunicación, hostigamiento e interrogatorios intensivos;• acceso consular pleno para todas las nacionalidades involucradas;• y la inmediata liberación de Lucas Aguilera, Paula Giménez, Matías Álvarez Rodríguez, Alicia Armesto Núñez, Domenico Centrone, Leonarda Alberizia, Ana Margarida França Santana Baptista, Lauro Kwoczala, Ashraf Khoja, Jenelle Jones y del conjunto de las y los voluntarios detenidos. Asimismo, exigimos al Estado argentino, a las cancillerías de los países involucrados,

COB apela a los organismos de Derechos Humanos para frenar persecución y detenciones ilegales La Central Obrera Boliviana (COB) apela a los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos para frenar lo que considera una persecución política y una serie de detenciones ilegales contra dirigentes sindicales en medio de las movilizaciones y protestas contra el Gobierno. A través de un pronunciamiento público, la organización denunció que el Ejecutivo habría sobrepasado los límites del Estado de Derecho al instrumentalizar al Ministerio Público y a la Policía Boliviana para ejecutar una “cacería humana” contra su dirigencia. Según la COB, efectivos encapuchados que se desplazan en vehículos civiles sin placas ni identificación institucional estarían participando en operativos para la captura de dirigentes sindicales. La entidad sostuvo que estos procedimientos se realizan al margen de la ley, sin la exhibición de órdenes de aprehensión ni mandamientos judiciales, por lo que calificó estas acciones como secuestros y privaciones ilegales de libertad. Asimismo, afirmó que estas actuaciones vulneran el fuero sindical establecido en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado y transgreden garantías fundamentales como el debido proceso y la libertad individual, protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La COB también rechazó que sus dirigentes sean calificados como “terroristas” o “delincuentes comunes”, señalando que existe una campaña de desprestigio contra el movimiento obrero por impulsar demandas sociales y defender sus reivindicaciones. Ante este escenario, exigió el cese inmediato de las persecuciones y solicitó la intervención urgente de organismos internacionales de Derechos Humanos para que observen la situación y garanticen el respeto a las libertades y derechos de los trabajadores organizados. Opinión