Condenaron a 25 años de prisión a cuatro ex miembros de la Fuerza Aérea por crímenes de lesa humanidad Tras más de un año y medio de audiencias, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín, integrado por María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti, dió a conocer este martes el veredicto en el juicio conocido como Mansión Seré IV/RIBA II que abarcó delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Aérea contra más de 110 personas. En una audiencia presencial -algo cada vez menos común en juicios de lesa humanidad- y con los acusados en la sala, la jueza Morgue Martín, presidenta del tribunal, leyó la parte resolutiva de la sentencia, que condenó a Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston a 25 años de prisión, pena que habían solicitado tanto la fiscalía como las querellas. Herrera, exteniente 1° de la I° Brigada Aérea de El Palomar, fue encontrado culpable como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos contra 71 personas  así como de abuso deshonesto agravado y abuso sexual. Zyska, quien era cabo primero en la I° Brigada Aérea, fue responsabilizado como coautor del secuestro y los tormentos sufridos por 30 personas que pasaron por el circuito represivo montado por la Fuerza Aérea en la zona oeste del conurbano. Lynch, excapitán de la VIII° Brigada Aérea de Moreno de la Fuerza Aérea, fue condenado como coautor de secuestros y tormentos contra una veintena de personas así como de delitos sexuales (abuso deshonesto y abuso sexual). Leston, excabo 1° de la Regional de Inteligencia Buenos Aires, más conocida como RIBA, de la Fuerza Aérea, fue responsabilizado como coautor del secuestro y los tormentos que tuvieron como víctimas 24 personas y también por coacción. A pesar de los numerosos testimonios sobre delitos cometidos contra las infancias en muchos de los hechos que se juzgaron, el Tribunal decidió no hacer lugar a la ampliación pedida por la fiscalía para incluir esos crímenes de manera autónoma. Sin embargo, durante la lectura, se ordenó extraer testimonios respecto de esos nuevos hechos para que sean investigados en otro proceso. “No me van a violar más. Para mí y para todas las compañeras que sufren violencia de género: fijense cuándo he tardado en condenar a este hijo de puta, atrévanse a denunciar, no es imposible”, dijo a La Retaguardia Zoraida Martín, sobreviviente del terrorismo de Estado cuyo testimonio fue clave para la condena por delitos sexuales. Esta es la primera condena para los cuatro exmilitares, quienes fueron juzgados por primera vez por crímenes de lesa humanidad. El quinto acusado, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, un ex miembro de la RIBA que ya tenía una condena previa por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, murió el año pasado y no llegó a finalizar el juicio. Por ese motivo, las acusaciones habían solicitado que se realizara un juicio por la verdad relativo a los hechos que tuvieron como víctimas a Patricia Julia Roisinblit, José Manuel Pérez Rojo, su hija Mariana Eva Pérez y Gustavo Gabriel Pontnau. En su resolución, el TOF tuvo presente el pedido pero tomó una decisión sobre el proceso. Los hechos juzgados Los hechos que se juzgaron ocurrieron durante la última dictadura en la denominada la Subzona 16, que abarcó los partidos bonaerenses de Morón, Moreno y Merlo. El control operacional de esa zona fue cedido por el Primer Cuerpo del Ejército a la Fuerza Aérea, que armó su propio circuito represivo que abarcó los centros clandestinos de detención “Mansión Seré”, las Brigadas Aéreas de Palomar, Morón y Moreno, la Comisaría 3ra. de Castelar, la Comisaría 1ra. de Moreno, entre otras. La Regional de Inteligencia “Buenos Aires” (RIBA), centralizaba las tareas de Inteligencia en esa zona, subordinada directamente a la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Aérea, y tenía su propio Grupo de Tareas y un centro clandestino de detención en su sede de Morón. Este fue el segundo juicio sobre los crímenes de la RIBA. Durante el primero fueron condenados tres represores, entre ellos Omar Graffigna, ex jefe de la Fuerza Aérea y ex miembro de la segunda Junta Militar de la dictadura. En cuanto a Mansión Seré, es el cuarto debate que analiza los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención con 11 represores condenados por esos hechos. Fue la primera vez que se abordaron delitos perpetrados en la VIII Brigada Aérea de Moreno, en la comisaría de Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y el Destacamento de Paso del Rey. TIEMPO AR

El fiscal Gerardo Pollicita sumó pruebas sobre pagos en efectivo realizados por la pareja del jefe de Gabinete en excursiones al exterior, mientras avanza la investigación por enriquecimiento ilícito tras el testimonio sobre una operación inmobiliaria que habría ocultado fondos fuera de escritura. El exvocero llega al Congreso esta mañana. La investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito incorporó en los últimos días documentación que detalla gastos en efectivo realizados por su pareja, Bettina Angeletti, en viajes internacionales. Según fuentes judiciales, el fiscal Gerardo Pollicita recibió informes que señalan que, en septiembre pasado, la familia del funcionario destinó aproximadamente 6000 dólares en efectivo para cubrir pasajes y estadía en España. Este monto se integra a una serie de desembolsos bajo análisis, entre los que destaca una estadía previa en Aruba de 9.000 dólares para alojamiento en complejos de lujo y 5800 dólares adicionales destinados a pasajes aéreos para el grupo familiar, todo abonado fuera de los registros bancarios tradicionales. El avance de la causa coincide con la preparación de la presentación de Adorni ante la Cámara de Diputados, donde el funcionario deberá este miércoles brindar un informe de gestión mientras crece la presión del arco opositor por la falta de transparencia en su situación patrimonial. Los investigadores judiciales contrastan estos niveles de gasto —incluyendo viajes a Uruguay en aviones privados y estancias prolongadas en Europa y el Caribe— con los ingresos declarados por el funcionario desde que asumió sus cargos en el Poder Ejecutivo. En paralelo, la situación del jefe de Gabinete se vio afectada por testimonios que complican el origen de sus bienes. Pablo Martín Feijoo, quien intervino en la operación de compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, declaró bajo juramento que el acuerdo incluyó un pago de 65.000 dólares «en negro», por fuera de los 230.000 dólares consignados formalmente en la escritura. Dicha propiedad fue adquirida a dos jubiladas que, según consta en el expediente, le otorgaron a Adorni una hipoteca por el 85% del valor con vencimiento a noviembre de este año, facilitando una operación financiera cuyas condiciones han despertado la atención de los peritos contables. El cerco judicial se completará la próxima semana con la declaración testimonial de Matías Tabar, contratista responsable de las remodelaciones en la vivienda que el matrimonio posee en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. El fiscal Pollicita ha intimado al testigo a presentar la documentación integral de las obras, incluyendo presupuestos, órdenes de trabajo y facturación, con el objetivo de determinar el costo real de las refacciones y el origen de los recursos utilizados. Esta información será crucial para establecer si el crecimiento patrimonial exhibido por el funcionario —que incluye la adquisición de inmuebles y un estilo de vida internacional— encuentra respaldo en sus capacidades económicas declaradas o si, por el contrario, responde a flujos de dinero ajenos al marco de la legalidad pública. Con información de El Ciudadano