La provincia acudirá a la Justicia junto a universidades y organizaciones para frenar la norma que, según advierten, afecta el acceso al agua.
La discusión por la nueva Ley de Glaciares no terminó en el Congreso. Apenas horas después de su aprobación, empezó a trasladarse a otro terreno: la Justicia.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, confirmó que su provincia avanzará con un amparo colectivo para intentar frenar la aplicación de la norma impulsada por el Gobierno nacional.
La presentación se hará ante el fuero federal y contará con el respaldo de universidades y organizaciones sociales.
Llega justo después de una votación caliente en Diputados, donde el oficialismo logró sacar adelante la reforma con el apoyo de bloques aliados, pero con fuerte rechazo de buena parte de la oposición.
Tras la sanción, crece las resistencia: La Pampa busca frenar la Ley de Glaciares
Desde La Pampa plantean que la ley tiene problemas de fondo. No sólo cuestionan el contenido, sino directamente su constitucionalidad. La estrategia judicial apunta a suspenderla mientras se discute si la norma puede o no aplicarse.
“Es una ley que afectará muchísimo a la provincia y a todos sus habitantes”, advirtió Ziliotto al anunciar la medida. Aunque La Pampa no tiene glaciares, el foco está puesto en el impacto indirecto sobre el agua.
El argumento central gira en torno al río Colorado, clave para la provincia. Su cuenca nace en zonas de origen glaciar, por lo que cualquier cambio en la regulación puede terminar afectando el acceso y la distribución del recurso.
El amparo será presentado junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Todos coinciden en que la norma implica un retroceso en materia ambiental.
“La reforma de esta ley es absolutamente inconstitucional. Está en riesgo el agua, esto nos puede afectar mucho. Por eso, la provincia de La Pampa va presentar una acción de amparo colectivo ambiental. Lo que aprobó el Congreso viola la Constitución y el acuerdo de Escazú”, sostuvo.
Del otro lado, el Gobierno defiende la reforma como parte de una estrategia para impulsar la actividad productiva, especialmente en provincias con desarrollo minero. Pero esa mirada ya empezó a chocar con resistencias.
Fuente: https://www.datadiario.com/
