Comunidades indígenas del Azuay presentan acción de protección y preparan demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería y Energía
La FOA presentó una acción de protección y anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad contra la ley minera y energética, al considerar que elimina la licencia ambiental, permite la militarización de zonas extractivas y vulnera la consulta prelegislativa a pueblos indígenas.
La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) presentó una acción de protección con el objetivo de suspender los efectos de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, aprobada recientemente.
La organización anunció que esta no será la única vía judicial, pues también prepara una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador, en un intento por frenar la aplicación de la normativa.
El pronunciamiento se produjo este jueves 26 de febrero y fue respaldado por nueve organizaciones sociales y activistas que sostienen que la ley genera un cambio estructural en el modelo de control ambiental del sector extractivo. La preocupación principal del movimiento indígena se centra en la eliminación del sistema de licencia ambiental tradicional, que según su interpretación es sustituido por un esquema de autorización anticipada para proyectos mineros.
Desde la FOA argumentan que la modificación normativa podría debilitar los mecanismos de evaluación y control ambiental. También advierten que el nuevo marco legal abriría la posibilidad de intervenciones de seguridad militar en zonas de actividad minera, una situación que consideran riesgosa para las comunidades rurales y los ecosistemas.
#ATENCIÓN | ¨La defensa del agua y la naturaleza es un mandato histórico del Azuay y del Ecuador ¨ señala un comunicado de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y colectivos defensores del agua que cuestionaron la ley minera impulsada por el… pic.twitter.com/0y9oYS98fd
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) February 26, 2026
Cuestionamientos por consulta indígena y defensa territorial
Uno de los ejes centrales de la crítica apunta al proceso de aprobación de la ley. La organización sostiene que la normativa fue tramitada sin realizar consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas, lo que, a su criterio, contraviene garantías constitucionales.
El comunicado cita el artículo 57 numeral 17 de la Constitución ecuatoriana, que reconoce el derecho de las comunidades a participar en decisiones legislativas que puedan afectar sus territorios o formas de vida. La FOA considera que la ausencia de este procedimiento representa una vulneración directa de ese principio jurídico.
En el plano territorial, el colectivo indígena manifestó especial preocupación por la posible afectación del área de Quimsacocha, un sector cercano al sistema hídrico de Loma Larga, del cual depende el abastecimiento de agua para más de 400.000 habitantes de Cuenca. Según el movimiento social, las actividades extractivas en esta zona podrían poner en riesgo la seguridad hídrica regional.
Además, el pronunciamiento cuestiona el respaldo de varios asambleístas de la provincia de Azuay, particularmente aquellos vinculados al oficialismo, por haber votado a favor de la ley minera.
Movilización social y presión política
Entre las acciones anunciadas por la FOA se contempla la solicitud de suspensión del trámite legislativo y de los efectos de la norma mediante acción de protección, argumentando la falta de consulta prelegislativa. Asimismo, la organización convocó a una audiencia oral pública prevista para el 27 de febrero de 2026, a las 09:00, en el Complejo Judicial del Azuay.
El plan de resistencia social también incluye:
- La presentación formal de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional
- La promoción de procesos de revocatoria de mandato contra el presidente de la República y los asambleístas que respaldaron el proyecto.
- Una movilización social permanente orientada a la defensa del agua, los territorios comunitarios y los derechos colectivos frente al desarrollo de proyectos mineros en la región.
