Por estos días, la crisis que atraviesa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha dejado de ser un episodio técnico para convertirse en un síntoma político mayor. En el corazón del experimento libertario que encabeza Javier Milei, la credibilidad de los datos oficiales aparece como un eslabón frágil, capaz de tensionar no sólo la relación del Gobierno con la sociedad, sino también con los mercados, los organismos internacionales y el propio aparato estatal que dice venir a desmantelar.
Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei construyó buena parte de su legitimidad sobre un discurso de ruptura: contra la “casta”, contra el Estado “mentiroso”, contra las estadísticas manipuladas al servicio de proyectos populistas. En esa narrativa, el INDEC ocupaba un lugar ambivalente. Por un lado, era presentado como una institución que había recuperado cierta seriedad tras el descrédito profundo de los años de intervención política; por otro, como un engranaje más de un Estado sobredimensionado, sospechoso por definición. La tensión entre estas dos miradas estalló cuando comenzaron a circular denuncias sobre presiones internas, desplazamientos de equipos técnicos y cuestionamientos a la metodología de medición de variables sensibles como la inflación, la pobreza y el empleo.
El problema no reside únicamente en la veracidad o no de los datos —algo que, en rigor, requiere evaluaciones técnicas rigurosas—, sino en el clima político que rodea su producción. En Argentina, la memoria reciente pesa: la manipulación de estadísticas durante la década de 2000 dejó una marca profunda en la confianza pública. El INDEC no es un organismo cualquiera; es, para amplios sectores sociales, el termómetro de una realidad cotidiana marcada por la precariedad, los precios en alza y la pérdida de ingresos. Cuando ese termómetro se pone en duda, lo que se resiente es la posibilidad misma de un consenso mínimo sobre el diagnóstico del país.
Para un gobierno que hizo del “dato duro” y de la lógica economicista su principal capital simbólico, la crisis del INDEC resulta especialmente corrosiva. Milei y su equipo necesitan estadísticas confiables para justificar el ajuste, para mostrar resultados, para convencer de que el sacrificio tendrá recompensa. Sin embargo, la percepción de que el organismo estadístico podría estar siendo condicionado políticamente abre una grieta peligrosa: si los números dejan de ser creídos, el relato oficial pierde sustento, y el ajuste se transforma, a los ojos de muchos, en una apuesta ideológica sostenida por fe más que por evidencia.
La crisis de confianza se despliega en varios niveles. Hacia adentro, impacta en los propios trabajadores del Estado, particularmente en los cuadros técnicos que ven amenazada la autonomía profesional. Hacia afuera, debilita la posición argentina en un contexto de negociación permanente con el Fondo Monetario Internacional y con actores financieros que, más allá de afinidades ideológicas, demandan previsibilidad. Y, quizás lo más importante, erosiona el vínculo entre el Gobierno y una sociedad exhausta, que ha aprendido a desconfiar cuando los números oficiales se alejan demasiado de la experiencia diaria.
En el fondo, lo que el conflicto en el INDEC revela es una contradicción estructural del proyecto mileísta: la dificultad de gobernar sin instituciones sólidas. La promesa de dinamitar el Estado convive, paradójicamente, con la necesidad de apoyarse en él para producir verdad, orden y legitimidad. Sin estadísticas creíbles, no hay diagnóstico; sin diagnóstico compartido, no hay política pública que resista.
Así, la crisis del INDEC funciona como una advertencia temprana. No se trata sólo de un organismo en disputa, sino de la fragilidad de un contrato social basado en la confianza mínima en la palabra oficial. En un país donde la realidad ya es suficientemente inestable, la incertidumbre sobre los datos no hace más que profundizar la sensación de deriva. Y cuando los números se vuelven sospechosos, el poder —cualquiera sea su signo— empieza a caminar sobre arena.
