El ejecutivo presentó un escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poner fin a su prisión domiciliaria pese al delicado estado de salud de la dirigente social.
El Gobierno de Javier Milei continúa con su fase de persecución política contra dirigentes de su oposición. Luego de los constantes ataques contra Cristina Kirchner, ahora el Ejecutivo va contra Milagro Sala: este jueves, exigió que la dirigente social deje la prisión domiciliaria y vuelva a una cárcel común.
El pedido fue realizado por el Ministerio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pese al delicado estado de salud de la extitular de la organización Tupac Amaru. El texto sostiene que Sala “fabrica un relato para sostener un privilegio” y la acusa de ser “un criminal (SIC, en masculino) que robó a los pobres”.
Sala permanece con arresto domiciliario desde 2017, tras haber sido condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, delitos cometidos cuando lideraba la organización Tupac Amaru.
“Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar impunidad (…) Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”, dice el comunicado de la subsecretaría a cargo de Joaquín Mogaburu, exsecretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7, donde tramita la polémica “Causa de los cuadernos”, y quien en varias oportunidades abogó por la liberación de los genocidas detenidos y acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
El planteo fue hecho a la Corte CIDH, organismo que al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino en el caso de Sala privada de la libertad desde hace 10 años.
En el escrito elevado al tribunal internacional, el Gobierno rechazó los planteos de la defensa de Sala, que denuncian un supuesto “hostigamiento judicial”, y aportó documentación sobre la situación actual de la condenada. En ese marco, afirmó que la dirigente incumplió las condiciones de la prisión domiciliaria al modificar su lugar de residencia sin autorización judicial.
El Gobierno sostuvo ante la CIDH que el régimen vigente desde 2017 es un privilegio injustificado
Desde el Ministerio explicaron que ese incumplimiento activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y derivó en controles propios del régimen de ejecución penal. A su vez, advirtieron que presentar esas medidas como hostigamiento busca “invertir la carga de los hechos” para sostener un beneficio que, según el Gobierno, ya no tiene justificación.
La cartera de Justicia remarcó que la Argentina cumple con sus compromisos internacionales, pero cuestionó que la medida dispuesta por la CIDH haya derivado, en los hechos, en un beneficio permanente para una persona con condena firme. En ese sentido, sostuvo que el régimen de prisión domiciliaria terminó funcionando como una excepción injustificada.
En el cierre del comunicado, el Gobierno enmarcó el pedido en la política general de la administración de Javier Milei y afirmó que no habrá privilegios para dirigentes condenados. “Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para garantizar impunidad”, señaló el Ministerio, al tiempo que insistió en que el lugar para quienes tienen condena firme es la cárcel.
Fuente: https://www.datadiario.com/
