Manifestaciones en Argentina ante posible reforma de Ley de Glaciares
l miércoles la Plaza 25 de Mayo fue lugar donde se dieron cita colectivos sociales, ambientalistas y asambleas comunitarias para manifestar su descontento con una posible modificación a la vigente Ley de Glaciares, tema llevado a discusión en el congreso del país.
La Ley de Glaciares fue una de las medidas llevadas al congreso para autorizar la explotación minera en zonas aledañas a los glaciares, siendo tarea de las provincias el evaluar el impacto ambiental de esta actividad.
La marcha tuvo entre sus participantes a referentes de las asambleas ambientales de San Juan, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil. Al final del trayecto, los participantes realizaron un debate abierto con exposiciones y discursos, coincidiendo en un pedido a los senadores Sergio Uñac, María Giménez y Bruno Olivera para dar su voto negativo a la reforma propuesta.
Estos sectores denuncian que esta ley busca «flexibilizar», lo que es una prioridad a día de hoy en temas de protección. La ley busca genera tres cambios fundamentales que son el achicamiento de los glaciares protegiendo solo aquellos que tengan un tamaño considerable, el preservar solo los cuerpos de agua que consideren «reservas hídricas relevantes» y el transferir a los gobernadores de provincia la responsabilidad sobre estos espacios.
Sobre el tema, un grupo de más de 85 constitucionalistas y académicos enviaron una carta a senadores y diputados donde catalogaban la iniciativa presentada en sesión extraordinaria como inconstitucional y que compromete de forma directa el derecho constitucional de ambiente sano. “La reforma no constituye una mera modificación, sino que subvierte por completo el sistema vigente. Su redacción desmantela la esencia de las Leyes de Presupuestos Mínimos”, expresaron en la carta resaltando el caracter regresivo de la medida.
La propuesta tiene en el «Acuerdo de Escazú» uno de los principales obstáculos, el cual, desde su jerarquía sobre las leyes nacionales, establece que no se puede retroceder en acuerdos de protección ambiental que se han logrado materializar en el país. Bajo este acuerdo, aunque se logre aprobar la ley, estos movimientos sociales tendrían la posibilidad de denunciar la nueva ley de glaciares ya que disminuye el estándar de protección.
La decisión de traer esta nueva propuesta ha traído consigo una serie de protestas en Argentina en diferentes localidades con mayor incidencia de esta nueva ley, ocurriendo en Mendoza la detención de ocho manifestantes por parte de la policía. Las nuevas pretensiones han dividido la opinión entre promesas de nuevos empleos y desarrollo de proveedores locales contra aquellos que se preocupan por el estado actual de las reservas hídricas dedicadas a la agricultura y a la vida económica de las provincias.
