La intendenta Daniela Rodríguez vetó la ordenanza del Presupuesto 2026 al considerar que el Concejo Deliberante modificó partidas, creó gastos y avanzó sobre funciones exclusivas del Poder Ejecutivo.
COMUNICADO OFICIAL
Queridos vecinos, vecinas, compañeros y compañeras de trabajo y público en general:
Es mi deber como Intendenta del Departamento de Chimbas, comunicarles a ustedes que he tomado la decisión de vetar la Ordenanza Nº2913-CD-2025 “Presupuesto de gastos y recursos 2026”, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, ya que afecta la asignación de recursos que el Ejecutivo tenía previstos para el ejercicio 2026, conforme el proyecto enviado, y produce un grave avasallamiento de las competencias de poderes.
La facultad del Concejo Deliberante en materia presupuestaria es autorizante y de control, no ejecutiva ni gestora. El Concejo puede, según las competencias dadas por la Carta Orgánica Municipal: aprobar el presupuesto, rechazarlo, formular observaciones, pero no puede: diseñar un nuevo presupuesto, reasignar partidas, crear gastos, alterar prioridades ni determinar destinos del gasto, porque ello implica gobernar, no legislar.
Por lo expuesto y de acuerdo a las modificaciones introducidas a la ordenanza sancionada por el Concejo, se advierte inmediatamente que ésta no se corresponde con el proyecto original remitido desde el Departamento Ejecutivo Municipal.
En dicha ordenanza, el Concejo destina cuatro mil millones de pesos para su funcionamiento, un monto altísimo para cualquier órgano legislativo municipal, y que produce un quiebre del orden institucional que afecta la gobernabilidad porque el Concejo, al redefinir las partidas, decidir qué gastos se realizan y cuáles se suprimen, cuántos agentes se pagan, qué contratos se honran, que políticas sociales se ejecutan y qué servicios continúan, pasa de controlar a gobernar, sustituyendo al Poder Ejecutivo en su función esencial.
Una muestra clara del exceso de poder y del abuso de competencias, se da en la decisión unilateral del Concejo de aumentar mi remuneración como intendenta, con el único objetivo de incrementar sus propios haberes. Cabe destacar para conocimiento de todos que, según la Carta Orgánica Municipal, el sueldo de los concejales se fija en función del de la intendenta.
A esto se suma, la asignación de partidas que corresponden originariamente al Poder Ejecutivo, trasladándolas al Poder Legislativo, como por ejemplo: la creación de partidas para la asignación directa de viáticos, subsidios y contrataciones, entre otras. También la generación unilateral de una estructura administrativa paralela a la del Ejecutivo, sin sustento legal, como lo son las direcciones de Eventos, de Recursos Humanos, Compras y Contrataciones e Innovación, Planificación y Participación Ciudadana, entre algunos de los 11 nuevos cargos que intenta crear el Concejo Deliberante en planta política.
Desde el Ejecutivo siempre se buscó la instancia de diálogo, de manera formal e informal, sin obtener resultados. Por esto, queridos chimberos, el veto responde a un mecanismo de defensa del orden constitucional, no es una opinión política, es un deber jurídico, para garantizar el principio republicano de división de poderes y el equilibrio funcional de los servicios que brindamos a nuestra comunidad.
Daniela Rodríguez
Intendenta de Chimbas
