En el tercer aniversario del asalto a las instituciones en Brasilia, el presidente Lula da Silva vetó la ley que pretendía reducir hasta un 70% las penas de los condenados por el intento de golpe de 2022, incluyendo al exmandatario Jair Bolsonaro.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ejerció este jueves un veto integral sobre el proyecto de ley que buscaba reducir drásticamente las condenas de los implicados en los intentos golpistas tras las elecciones de 2022. La firma de este rechazo se produjo en un marco de alta carga simbólica: el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Durante el acto, el mandatario ratificó su postura de no otorgar beneficios procesales mientras las investigaciones sigan en curso, recordando que “todavía no ha acabado el proceso”. Esta decisión busca consolidar la memoria democrática y asegurar que la justicia actúe con rigor frente a los ataques a la institucionalidad del país.
Alcance de la propuesta legislativa y beneficios para Bolsonaro
El proyecto impulsado por el Congreso propone una rebaja sustancial de las penas para quienes participaron en el asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, llegando en algunos casos a reducciones de hasta el 70%. El principal beneficiario de esta medida sería el exmandatario Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión en la sede de la Policía Federal de Brasilia como cabecilla de la trama.
De entrar en vigor la normativa, su permanencia efectiva en régimen cerrado podría reducirse a poco más de dos años. Si bien la iniciativa nació como un pedido de amnistía general, fue reformulada para centrarse exclusivamente en crímenes contra el Estado Democrático de Derecho.
El debate sobre la proporcionalidad y el rol del Congreso
Desde el sector legislativo, los defensores del proyecto argumentan que las condenas actuales carecen de equilibrio jurídico. El senador Esperidião Amin, relator de la medida, sostuvo que el objetivo es revisar la proporcionalidad para evitar castigos que calificó de excesivos.
Según el legislador, “la intención siempre fue corregir distorsiones en las condenas vinculadas a los hechos del 8 de enero”. Pese al rechazo de Lula, el conflicto de poderes no ha terminado, ya que el Congreso Nacional posee la facultad constitucional de derrumbar el veto presidencial y promulgar la ley sin la firma del jefe de Estado, basándose en la mayoría de 48 votos contra 25 obtenida durante su aprobación inicial.
