El mandatario venezolano rechaza los cargos en su contra y reafirma su investidura presidencial en su primera comparecencia judicial, mientras su defensa cuestiona la legalidad de la detención y denuncia que no fue notificado previamente de las acusaciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York tras su secuestro por comandos especializados del ejército de Estados Unidos en una operación militar ejecutada en territorio venezolano. El mandatario se declaró «prisionero de guerra» y rechazó categóricamente los cargos presentados en su contra, reafirmando su condición de jefe de Estado legítimo de la República Bolivariana.
«Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas», declaró el líder venezolano ante el juez, describiendo las circunstancias de su detención como una acción militar que violenta su inmunidad presidencial y la soberanía de su país. La declaración establece el marco bajo el cual Maduro interpreta jurídicamente su situación: no como un acusado criminal, sino como un mandatario secuestrado en medio de un conflicto internacional.
La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos en su contra y pidió una visita consular para ella y para el presidente Maduro.
Durante su comparecencia judicial, el presidente venezolano fue contundente al rechazar las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense. «No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país«, afirmó Maduro ante el magistrado, estableciendo una distinción fundamental entre su rol como jefe de Estado electo democráticamente y los cargos que Washington intenta imputarle.
El equipo legal del mandatario venezolano planteó temas pendientes relacionados con la inmunidad presidencial y la legalidad de la detención. Un aspecto jurídicamente crucial durante la audiencia: el presidente señaló no conocer previamente los cargos que le imputaban. Este dato resulta fundamental en términos procesales, ya que según el derecho internacional y las garantías del debido proceso, todo acusado debe ser notificado formalmente de los cargos en su contra antes de ser sometido a detención o comparecencia judicial.
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