Tras 60 ejecuciones sumarias, Turk se pronuncia contra masacres de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este viernes que los recientes ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, presuntamente vinculadas al narcotráfico, constituyen violaciones graves del derecho internacional y podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales. El pronunciamiento fue realizado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien expresó una condena firme a la actuación militar estadounidense y exigió el cese inmediato de los bombardeos. “Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, afirmó Türk en una declaración difundida por su oficina en Ginebra, tras confirmar que más de 60 personas han sido asesinados en los operativos de los últimos meses. La Oficina del Alto Comisionado confirmó que los bombardeos, realizados por aeronaves de combate y drones estadounidenses, alcanzaron varias embarcaciones en aguas internacionales y en zonas del Caribe y el Pacífico oriental, donde Washington afirma desplegar operaciones “antinarcóticos y antiterroristas”. Sin embargo, para la ONU ninguna de las víctimas representaba una amenaza inminente, ni existían condiciones que justificaran el uso de fuerza letal. “Según la información disponible, ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas, ni justificaba el uso de fuerza armada letal”, explicó la portavozRavina Shamdasani, al recalcar que se trata deacciones incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos. La ONU sostiene que Estados Unidos no puede invocar el derecho internacional humanitario, ya que no existe un conflicto armado declarado en los escenarios donde se desarrollan los ataques. Por tanto, los hechos deben regirse por el marco del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe la ejecución arbitraria de personas, incluso en operaciones antidroga. Washington ha defendido sus acciones alegando que forman parte de un esfuerzo global contra el tráfico de drogas y el financiamiento del terrorismo. El Departamento de Guerra señala que las operaciones aéreas son “selectivas y proporcionales” y se ejecutan “en cumplimiento del derecho internacional humanitario”. Sin embargo, la ONU rechazó ese argumento y recordó que las operaciones militares no sustituyen las responsabilidades policiales y judiciales que corresponden a los Estados. “Lo que procede es la interceptación legal de embarcaciones y la detención de los sospechosos, no su eliminación por medios aéreos”, puntualizó Türk, quien recordó que la lucha contra el narcotráfico no exime del respeto al derecho a la vida ni de la obligación de rendir cuentas. El Alto Comisionado reclamó que las muertes sean investigadas de manera rápida, independiente y transparente, insistiendo en que se trata de una obligación legal de las autoridades estadounidenses. “Llevar a cabo estas investigaciones no es una opción, sino una obligación”, recalcó Türk, al instar a laCasa Blanca y al Departamento de Justiciaa esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La ONU también advirtió que los ataques afectan a países del Caribe y Centroamérica, en cuyos espacios marítimos se han reportado incidentes que no contaron con autorización de los gobiernos locales, lo que podría constituir además una violación de soberanía territorial y marítima. Diversos gobiernos caribeños y latinoamericanos han expresado preocupación por la falta de transparencia y coordinación regional, especialmente ante reportes de ataques a embarcaciones civiles o pesqueras en aguas internacionales. Analistas advierten que estas acciones refuerzan una política de securitización hemisférica, donde Washington prioriza el uso de la fuerza militar sobre la cooperación multilateral y el desarrollo de mecanismos civiles de control marítimo. Türk recordó que Estados Unidos es signatario de los tratados internacionales contra el narcotráfico y de convenios de derechos humanos que lo obligan a garantizar el debido proceso y la protección de la vida, incluso frente a presuntos delincuentes. “Reconocemos la gravedad del narcotráfico y sus efectos devastadores en las sociedades, pero la respuesta no puede ser la ejecución extrajudicial. La lucha contra las drogas debe realizarse con métodos policiales y dentro del marco legal”, concluyó el Alto Comisionado. Fuente: https://www.telesurtv.net/