Juez de Brasil mantiene a Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria
El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, negó el pedido del abogado del expresidente Jair Bolsonaro y decidió mantener la orden de prisión domiciliaria al político brasileño de ultraderecha, condenado a 27 años de prisión tras encabezar el Golpe de Estado de enero de 2023.
De acuerdo con el magistrado, la medida es necesaria para evitar riesgo de fuga y el cumplimiento de la ley. Entre las medidas emitidas, además de la prisión en su domicilio con tobillera electrónica, el exmandatario tiene prohibido el uso de celular y redes sociales.
La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará, a partir del martes, 14 de octubre, a los siete imputados en la Acción Penal (AP) 2694, que investiga el intento de golpe de Estado.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), forman parte del llamado «Núcleo 4» de la trama golpista, responsables de difundir noticias falsas sobre la fiabilidad de las máquinas de votación electrónica y de atacar a instituciones y autoridades.
El Gobierno de Brasil ratificó a principios de octubre que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva podía establecer un diálogo con el mandatario Donald Trump, sobre los aranceles comerciales que afectan a la economía brasileña, pero no sobre asuntos internos vinculados a la soberanía ni mucho menos sobre el proceso judicial contra Jair Bolsonaro.
Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por encabezar la conspiración golpista tras las elecciones de 2022 en Brasil. Los cinco delitos por los que se le imputó fueron el intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal, daños al patrimonio y daños a bienes públicos protegidos.
Brasileños se han movilizado después del pedido de amnistía para Jair Bolsonaro, en protesta contra la amnistía y la propuesta de enmienda constitucional (PEC). “Luchamos contra la impunidad y por causas reales”, expresaron.
Según el Monitor de Debate Político de la USP y la ONG More in Common, aproximadamente 43.400 personas se congregaron en la Avenida Paulista de São Paulo el 21 de septciembre, mientras que en Río de Janeiro, en Copacabana, la multitud se estimó en 42.000.
En total, hubo protestas en al menos 30 ciudades, abarcando todas las capitales estatales.
De acuerdo a la plataforma Izquierda Web el foco político de las manifestaciones fue la lucha contra la Propuesta de Enmienda de Blindaje (PEC) y el Proyecto de Ley de Amnistía.
“La primera establece que el Supremo Tribunal Federal (STF) solo puede investigar a los parlamentarios con autorización del Congreso. Esto no es solo la institucionalización de la impunidad: es la creación de una corporación estatal al margen de la ley, violando el principio de igualdad formal de la Constitución de 1988 y estableciendo privilegios legales para una casta político-empresarial”, declaró el medio.
En tanto, el Proyecto de Ley de Amnistía, a su vez, es el núcleo de la ofensiva reaccionaria del bolsonarismo y sectores del Centrão (partidos políticos). “Busca no solo reducir las condenas, sino también crear las condiciones para una amnistía para Bolsonaro y otros golpistas”, señaló la publicación.
