La Justicia federal investiga un presunto perjuicio de más de 260 millones de dólares al Estado nacional. Entre los acusados figuran Javier González Fraga, Lucas Llach y ex autoridades del Grupo Vicentin.
El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a 26 exdirectivos del Banco Nación y del Grupo Vicentin en el marco de la causa que investiga el otorgamiento irregular de créditos a la cerealera. La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita tras una pesquisa de cinco años, también dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para todos los imputados.
Según la investigación, los préstamos concedidos entre 2018 y 2019 habrían generado un perjuicio al Estado nacional estimado en al menos 260 millones de dólares, cifra que podría alcanzar los 300 millones. Parte de esos fondos, de acuerdo a la fiscalía, fueron desviados al exterior mediante maniobras financieras y facturación apócrifa.
Los citados
Por el lado del Banco Nación, deberán declarar el expresidente Javier González Fraga, el exvicepresidente Lucas Llach y los exdirectores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Marcelo Pose, Javier Okseniuk y Agustín Pesce, entre otros funcionarios y gerentes zonales.
En tanto, por parte de Vicentin fueron convocados su expresidente Daniel Néstor Buyatti, el exvicepresidente Alberto Julián Macua, Herman Roberto Vicentin y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
Las indagatorias se desarrollarán entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre.
Cómo funcionó la maniobra
De acuerdo al dictamen de Pollicita, entre agosto y diciembre de 2019 las autoridades del Banco Nación y del Grupo Vicentin actuaron en connivencia para defraudar al Estado.
La acusación sostiene que los funcionarios del banco “desarticularon las garantías” que resguardaban los préstamos, liberaron fondos congelados y otorgaron nuevos créditos cuando la normativa lo prohibía expresamente.
Del otro lado, los empresarios de Vicentin aprovecharon esa situación para no pagar sus deudas, retirar los fondos de garantía y solicitar nuevas asistencias financieras, con la certeza de que serían aprobadas.
Incluso, señala el fiscal, se habrían utilizado facturas apócrifas por más de 220 millones de pesos y giros al exterior por casi 17 millones de dólares, parte de los cuales terminaron en cuentas en paraísos fiscales.
Un cliente que representaba el 20% del Banco Nación
El expediente resalta que Vicentin, a través de sus firmas Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda, era el principal cliente del Banco Nación y concentraba más del 20% de todo el patrimonio crediticio de la entidad.
A pesar de ese peso y de que la calificación crediticia de la empresa había vencido en 2019, las autoridades del banco aprobaron nuevas operaciones y omitieron ejecutar las garantías disponibles.
Medidas cautelares y gravedad del caso
El juez Ercolini decretó la inhibición de bienes de los 26 imputados y la prohibición de innovar sobre sus participaciones societarias, con el objetivo de asegurar activos pasibles de decomiso y evitar el vaciamiento patrimonial.
La resolución destaca la “gran complejidad” de los hechos y subraya que se trata de una defraudación contra una entidad pública, a través del manejo de sumas gigantescas de dinero.
La causa se enmarca además en compromisos internacionales asumidos por la Argentina para la persecución de delitos de criminalidad económica y lavado de activos.
Fuente: https://www.datagremial.com/
