Tanto el ministro de Salud como el interventor de ANDIS, Vilches, estaban citados a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, para rendir cuentas sobre el escándalo que envuelve a dirigentes de La Libertad Avanza. Hay siete proyectos presentados para que el Congreso investigue. Con las sillas vacías, se reunió el plenario de comisiones de Salud y de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Pese a que el Ministro de Salud Mario Lugones y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, habían sido invitados para brindar explicaciones en el Congreso sobre los audios de WhatsApp que circularon en los que se denuncian las coimas en la compra de medicamentos, los funcionarios del gobierno de Javier Milei prefirieron llamarse a silencio y ausentarse. En la reunión se informó que hay siete proyectos presentados con pedidos de informe para investigar el sistema de retornos en la agencia y las compas directas de medicamentos. Tanto el ministro Lugones como el flamante interventor de la ANDIS, Vilches, decidieron pegar el faltazo ante la convocatoria de los bloques opositores, que fueron a la carga tras la polémica salida de Diego Spagnuolo del organismo de discapacidad. En ese contexto, denunciaron la ausencia de los funcionarios y aseguraron que “el Gobierno se aferra al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero hay plata, aunque no es para los vulnerables”. Como presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, explicó que “el sistema de prestaciones está totalmente detonado, con personas que no logran sostener su trabajo, y en el medio de esto se habla de cifras de 500000, 800000, 30000 pesos”.  “Quiero ser claro sobre lo obsceno del contraste entre los audios que hemos escuchado y el funcionamiento del sistema de atención a las personas con discapacidad”, agregó. Por otro lado, Arroyo, comentó: “Tenemos audios que hablan también de las pensiones. En términos prácticos, las personas que han hecho 200 kilómetros, dos horas de cola, personas con ceguera de nacimiento que deben presentar otra vez sus estudios. En enero, un decreto creó las condiciones para acceder a la pensión; en mayo el decreto se anuló, y nadie sabe qué tiene que pedírsele a las personas con discapacidad. Se los hace trasladar desde tan lejos para ver si hay alguno que desiste”, interpretó. Y si bien reconoció que “es evidente que había que hacer una auditoría, es evidente también que se hizo mal”. Asimismo, contó que “hubo 110 mil bajas, de las cuales casi 90 mil son problemas de domicilios. Por algo muy básico: se tomó el domicilio original. Si alguien tiene 15 años de pensionado, tiene ese domicilio”. Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta resaltó que “lo que está saliendo a la luz es que con Milei lo que avanza es la corrupción. Hay una enorme estafa a las personas con discapacidad. Dijeron que venían a terminar con los curros y se hicieron del Estado para hacer curros. Está claro que son recontra casta”. En tanto, el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) apuntó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En ese sentido anunció que presentó un pedido de citación al ministro para que vaya al Congreso a dar explicaciones: “Hay 110 mil pensiones que se dieron de baja con ese método. ¿Quién era la persona que obligaba a dar de baja las pensiones y obligó a despedir 12 de 16 personas que trabajaban en el área de auditoría?”, planteó. Además, Valdés anticipó que junto a su par Victoria Tolosa Paz trabajarán en un proyecto para que “las pensiones que se dieron de baja en este tiempo puedan ser reactivadas. Nadie puede perder la pensión en las circunstancias que estamos viendo”. Con la remera que lleva la leyenda “no era estúpido”, el socialista Esteban Paulón señaló que la ausencia de los funcionarios era “una pena esperada, ya que no vienen cuando se los cita amablemente, ni cuando se los cita por votación de una mayoría del pleno”.  “Estamos ante un escándalo moral de proporciones, que se da además en un área que fue estigmatizada por el Gobierno”, expresó. El santafesino cuestionó que “el Gobierno de las auditorías” sea el que “no audita a los que venden los medicamentos al Estado y a los funcionarios que facilitaban contratos”. Y, seguidamente, indicó que la empresa Suizo Argentina “multiplicó por más de 2.600 % los contratos con el Estado Nacional”. En la misma línea, su compañera de banca, Mónica Fein afirmó: “Hay un sistema de corrupción que rompe el equilibrio fiscal, parece que para algunos la corrupción mata según el Gobierno de turno”.  “Lamento que no estén aquí los que han usado tanto esa consigna. Acá hay gente que muere por falta de prestaciones y medicamentos, cuando hay millones de pesos que no sabemos a dónde van”, remarcó. A su turno, el diputado de UxP Leandro Santoro criticó al Gobierno: “Fundamentaron el ajuste brutal diciendo que lo hacían contra la corrupción y hace una semana nos venimos a enterar que mientras ajustaban a las personas con discapacidad estaban robando en las compras y contrataciones”.  “Es imprescindible que se hagan presentes el señor (Eduardo) ’Lule’ Menem y la señora Karina Milei, porque no se puede cortar siempre el hilo por lo más delgado”, añadió. Al cierre, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin señaló que son siete los proyectos presentados por los diputados Sergio Casas, Esteban Paulón, Andrea Freites, Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy y Christian Castillo, entre otros, en cuyos expedientes se piden informes, interpelaciones o la creación de una comisión para investigar las coimas en la ANDIS y las compras directas de medicamentos. Fuente: https://www.tiempoar.com.a

Reconocieron su labor como un compromiso con la salud pública, que transforma las políticas sanitarias en realidades tangibles. En el marco del Día del Vacunador, que se conmemora cada 26 de agosto en honor al doctor Albert Sabin, creador de la vacuna contra la poliomielitis, el Programa Provincial de Inmunizaciones entregó reconocimientos a 26 trabajadores de la salud de toda la provincia. El acto se realizó en el SUM de la Obra Social y en homenaje a la labor de quienes cumplen funciones en los distintos Centros Sanitarios de San Juan. Durante la ceremonia, cada uno de los homenajeados recibió un diploma y un presente como muestra de gratitud por su compromiso con la inmunización de la población. Estuvieron presentes la jefa de División Epidemiología del Ministerio de Salud, Liliana Bertoni; la titular del Programa de Inmunizaciones, Fernanda Paredes; la jefa de Atención Primaria de la Salud, Laura Blanco; y el director médico del hospital Marcial Quiroga, Sergio Albarracín. Durante su discurso, la doctora Bertoni destacó el rol de los vacunadores y dijo que “sabemos que su compromiso diario permite que el programa de inmunizaciones llegue a cada rincón de la provincia. Por eso hemos impulsado nuevos proyectos que amplían el acceso y acompañan mejor a la comunidad”, expresó. Entre esas iniciativas, Bertoni mencionó el vacunatorio móvil, que permite llevar las dosis a zonas de difícil acceso, el nodo de tele inmunizaciones, y la implementación de horarios adaptados para personas neurodivergentes, lo que permite crear espacios más inclusivos y respetuosos. “Cada una de estas iniciativas cobra vida gracias a ustedes, que con dedicación, profesionalismo y calidez, convierten las políticas sanitarias en realidades tangibles”, agregó la funcionaria. Finalmente, la jefa de Epidemiología cerró el acto con un mensaje de profundo agradecimiento: “Hoy queremos agradecer profundamente a los vacunadores y vacunadoras de toda la provincia por ser guardianes de la salud, por hacer posible que las estrategias del ministerio lleguen a cada niño, a cada adulto y a cada persona mayor. Su compromiso inspira y nos recuerda que la salud se construye en equipo”.

Caso Saweto: Poder Judicial dicta 28 años de prisión contra madereros por asesinato de 4 líderes indígenas Este 25 de agosto, la Corte Superior de Justicia de Ucayali dictó 28 y 3 meses de prisión efectiva contra los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta por homicidio calificado, en calidad de autores mediatos, y a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Féliz como coautores, en agravio de los cuatro líderes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, identificados como Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez. Además, los setenciados deberán pagar una reparación civil de S/400.000 a los afectados por el caso. Las víctimas denunciaron amenazas de muerte por defender el bosque de la región Ucayali. Este proceso judicial se prolongó por varios años y solo ahora se logró una sentencia condenatoria. En 2014, tras el asesinato de los líderes indígenas, el Ministerio de Cultura condenó el crimen y coordinó con diversas entidades, como la Fiscalía, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas de Masisea y Callería (Aconamac), para esclarecer los hechos y asegurar que se respetaran los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de estos esfuerzos, la justicia tardó muchos años en alcanzar a los responsables del asesinato de estos defensores del medio ambiente. Condena a madereros ilegales por asesinato de 4 líderes indígenas De acuerdo con las indagaciones de las autoridades, los líderes asesinados buscaban establecer una alianza con Brasil para que este país les reconociera y titulara el territorio que habitaban, debido a que no obtenían respuesta del Gobierno peruano. La motivación de estos dirigentes era conseguir apoyo internacional para proteger sus tierras. En la lectura de sentencia en contra de los empresarios madereros, se informó que, durante el juicio oral realizado en el 2023, se presentó la declaración de Jaime Arévalo Campos, quien estuvo presente en los hechos. Según su testimonio, se percató de que el grupo de los cuatro líderes no había llegado a Putaya, como se había planeado. Al investigar en la zona, encontraron tres cuerpos sin vida, que estaban siendo devorados por animales carroñeros. Reconocieron a uno de los cadáveres como el de Edwin Chota Valera. Ante esta situación, decidieron regresar a la Comunidad de Saweto y poner en conocimiento lo sucedido. «Se le preguntó: ¿Usted conocía a las personas Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez?. Él respondió: Sí, los conocía. Un día viernes, él salió hacia Apiwtxa, puesto que le adelantaron que su suegro estaba enfermo. Entonces, su esposa también le dijo que ella iría porque quería ver a su padre enfermo. Él le dijo a Edwin que se adelantaría porque iría con sus niños. Él salió y pasó la noche en Putaya. Al llegar a ese lugar, esperó la llegada de los cuatro líderes, pero al ver que no llegaban, le dijo a su esposa: ‘Mejor vamos a ver qué está pasando. Tal vez le ha mordido una serpiente, algo ha pasado en el camino’. Salieron hacia Apiwtxa, pero no llegaron al lugar porque les agarró la lluvia, sus hijos estaban mojados, y se quedaron en una quebrada a dormir. Al día siguiente, madrugaron y llegaron a otra quebrada», se leyó en la sentencia. «Le dijo a su esposa: ‘Cocina yuca para comer, yo voy a traer agua’. Cuando fue a sacar el agua, vio gallinazos volando y se preguntó: ‘¿Qué estará pasando acá, por qué los gallinazos están aquí?». Se acercó y vio a Francisco, a quien reconoció. Todos los cuerpos estaban comidos, solo había un poco de carne. En ese momento, se dio cuenta de que hubo una matanza. Se asustó, y le dijo a su esposa: ‘Vamos’. En horas de la tarde, informó que no se llevó a cabo la reunión porque habían matado a los líderes», se precisó. Sentencia de 2024 en contra de los responsables del asesinato de líderes indígenas que fue apelada En abril del 2024, el Juzgado Penal Colegiado Conformado de Ucayali dictó una sentencia de 28 años y tres meses de prisión contra José Estrada Huayta, Hugo Soria Flores y a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, por el delito de tortura y asesinato de cuatro dirigentes indígenas. Estos líderes defendían sus territorios frente a la tala ilegal en la región. Asimismo, se impuso una reparación civil de S/20.000 a favor de los deudos, estableciendo S/ 50.000 soles por cada víctima. La condena se sustentó en los testimonios de un testigo protegido, quien declaró que los acusados asesinaron a los líderes indígenas debido a su lucha en defensa del bosque y la naturaleza. Según el testimonio citado por la jueza Ana Bedoya Maque, los agresores amenazaron a Edwin Chota, uno de los dirigentes asesinados. «Indicaban que iban a agarrarlo, que era un soplón, un bocón (…) Salieron a agarrarle cuando él (Edwin Chota) estaba marcando un teléfono. Entonces lo han ahorcado, lo han golpeado contra el teléfono (…) Luego, dentro del local, el señor José Estrada se levantó con el arma, salieron todos y le dijeron (a Chota) que lo iban a matar donde sea, aunque sea en su propia casa, que no iba a escapar (…)», declaró el testigo, citó la jueza Ana Bedoya Maque, luego de confirmar en abril del 2004 la condena de 28 años. El caso también involucra a Eurico Mapes Gómez, otro implicado en los crímenes, quien se encuentra prófugo. Las autoridades reservaron su juzgamiento hasta su captura y presentación ante la justicia. Tras la sentencia, el apu Miguel Guimaraes Vásquez, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, destacó que la condena fue «favorable para las viudas, quienes llevaban años buscando justicia». Por su parte, Jamer López Agustín, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali- ORAU, también celebró la decisión judicial. Sin embargo, la sentencia fue apelada, y tanto el Ministerio Público como los abogados de las familias de las víctimas solicitaron un