A propósito de la reciente derogación (por decreto presidencial) de la Ley Nacional 25160 de Emergencia Territorial Indígena, la Dra. Silvina Ramírez, miembro de la AADI (Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena) y del CEPPAS (Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena y Centro de Políticas Públicas para el Socialismo) ofreció algunas reflexiones con el Cimbronazo.com acerca de las consecuencias de esta decisión del Ejecutivo Nacional.
“La derogación es un hecho grave por varios motivos. En primer lugar, transforma una política pública destinada a cumplir con una obligación estatal, esto es el respeto de los derechos territoriales indígenas. En segundo lugar, al eliminase la ley que suspendía los desalojos es de prever que estos puedan multiplicarse dado que tampoco esta ley tuvo un efecto esperable y los desalojos siguieron sucediéndose en gestiones anteriores de gobierno”.
Para Silvina Ramírez, la derogación de la emergencia territorial indígena en Argentina “genera una situación de incertidumbre notable, porque existen dudas sobre los efectos de los relevamientos que se encuentran en proceso, sin haber sido concluidos, incluso aquellos que ya fueron finalizados”. Esto resulta en una situación de extremo cuidado y a la vez “traduce una concepción ideológica del estado profundamente mono cultural, excluyente, racista e inequívocamente asociado al extrativismo que necesita de los territorios indígenas para expandirse”.
La especialista en derecho indígena es enfática al recordarnos que esta derogación no ha suspendido los derechos indígenas vigentes en este país, lo cual significa también que se abre una ardua instancia de luchas por el reconocimiento estos derechos aún vigentes: “No hay que olvidar que siguen vigentes en Argentina los instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio 169 de OIT, la Declaración de Naciones Unidas y Americanas de los derechos los Pueblos Indígenas”. Aún más “sigue vigente la Constitución Nacional y su artículo 75 inciso 17, y que todo este material protege los derechos territoriales indígenas” por eso sostiene: “Los derechos territoriales indígenas en Argentina siguen teniendo fuerza normativa”.
