El Gobierno anunció que modificarán la legislación laboral para los trabajadores rurales amparado en el DNU 70/23. La administración de Javier Milei avanzará con su programa de pauperización social y quita de derechos hacia los trabajadores y trabajadores rurales. Bajo el eufemismo de “modernización del Régimen de Trabajo Agrario”, el Gobierno dará de baja la actual ley del peón rural, sancionada en 2011, por pedido expreso de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Tanto Milei como la dirigencia rural anhelan desarmar una legislación que les otorgó a los trabajadores rurales los mismos derechos que los estipuladas en la Ley de Contrato Laboral: jornada de ocho horas, jubilación anticipada, acceso a vivienda y alimentos para los trabajadores intensivos, salario mínimo garantizado, entre otros alcances. Antes de 2011, se regían por una ley de la última dictadura cívica militar. La norma que ahora se busca derogar establecía una serie de medidas para controlar y evitar los abusos de los empresarios rurales vinculados a la registración y la tercerización en las maneras de contratación; a su vez, se fijaban controles específicos para garantizarle a los peones condiciones socioambientales dignas y un esquema de multas y sanciones por evasión a los aportes patronales. Milei y la SRA pretender regresar a un mundo de opacidad, a una suerte de mundo colonial, cuando no existían las leyes laborales. Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. Modernizar la precariedad De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Economía, los cambios en la legislación laboral para el sector rural se harán bajo el amparo del DNU 70/23, a pesar de que sigue vigente la medida cautelar que le puso un ¿freno? al capítulo laboral. La violencia de la casta mileista avanza. Al momento de judicializarse dicho DNU, la SRA se presentó ante la Corte Suprema como “amigo del tribunal” con el objetivo de convalidar la reforma laboral que también incluía modificaciones para el sector rural. ¿Qué dijeron por entonces? “Las multas de las leyes 24.013 (regulación empleo no registrado), 25.323 (indemnizaciones) y 25.345 (aportes y contribuciones previsionales) fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente”, podía leerse en el texto presentado ante el máximo tribunal. Su objetivo es que se regrese a un plexo normativo donde no haya multas ni sanciones hacia los dueños de campos y establecimientos rurales por violar la normativa laboral. El argumento de fondo sería que “sin sanciones” podría aumentar el trabajo registrado. En dicha presentación, la SRA también dejó entrever su posicionamiento ideológico, coincidente con el expresando Milei. “Conocer la historia de la Sociedad Rural Argentina es imprescindible para entender un proyecto de país enraizado en la historia nacional desde los tiempos de la colonia. Porque no se trata sólo de reflexionar sobre la propiedad de la tierra y la toma del poder por parte de los intereses que esa institución representa, sino también sobre un modelo sociocultural, una mirada, una actitud y costumbres”, indicó la SRA. Volver a una época colonial donde los peones trabajaban de sol a sol. Érase una vez 2011 “El DNU 70/23 baja las penalidades para el trabajo no registrado y recupera la bolsa de trabajo que tenía la UATRE, que le permitía la libertad de contratación sin ningún tipo de garantías a los dueños de los campos, tal como existía en la vieja ley del trabajo rural de la dictadura”, explicó Luis Palmeiro, abogado laboralista, representante de la Federación de Trabajadores de la Economía Social. La ley 26.727, sancionada en diciembre de 2011 bajo la administración de CFK, prohibía la actuación de empresas de servicios temporarios, agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores para la realización de las tareas y actividades vinculadas al ámbito rural. Con esta regulación, el Estado pretendía evitar la captación de personal por parte de “agencias tercerizadoras”, muchas veces en connivencia con los dueños de establecimientos rurales, que solían poner en situación de vulnerabilidad a los trabajadores del sector. “Ahora se pretende derogar esta regulación. El detalle sustancial que no puede obviarse es que el sector concentra la mayor cantidad de trabajadores bajo condiciones de informalidad, prácticamente sin controles desde que se eliminó el Renatea, también por un fallo de la CSJ”, agregó Palmieri.   La “modernización del Régimen de Trabajo Agrario” tomaría los lineamientos ya planteados en el DNU 70/23. “Milei busca eliminar multas que impone la ley en favor de los trabajadores cuando la empresa, una vez intimada a registrar, no lo hiciera en tiempo y forma; también se daría marcha atrás con la regulación que establecía sanciones para las patronales en el caso de que los trabajadores no registrados, una vez despedidos, no pagasen las indemnizaciones correspondientes”, concluyó Palmeiro en diálogo con El Destape. Algunos datos La informalidad laboral en el sector rural es estructural. Según el Indec, para el primer semestre de este año existían 1.246.000 trabajadores, de los cuales solamente se encontraban en una relación laboral formal la friolera de 344.000 personas, mientras que 481.000 trabajadores y trabajadoras no estaban registrados. Es decir, el 38% del total de las personas empleadas en el sector primario rural se encontraba en la informalidad. El resto de los trabajadores se contabiliza como no asalariados, donde pueden confluir cuentapropistas y monotrobutistas, también categorías que dan cuenta cierta precariedad laboral. Al primer semestre de este año, se encontraban en esta situación 421.000 personas, cuando un año atrás eran 388.000 personas. Fuente: https://www.eldestapeweb.com

El bloque libertario no dio quórum y desde el macrismo saltaron a la yugular. Cómo actuó cada espacio. Era la cuarta sesión convocada para esta semana y la segunda para debatir el proyecto de Ley de Ficha Limpia, que busca impedir que personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos nacionales y que impulsa desde hace años el PRO. Gran parte del bloque libertario pegó el faltazo y creció el malestar entre los aliados. Al igual que la semana pasada, el espacio que lidera Cristian Ritondo no logró reunir el quórum necesario y con 116 presentes fracasó la última convocatoria en el recinto, en el marco de periodo de sesiones ordinarias de este 2024. La convocatoria terminó resultando peor que la de la semana pasada, cuando los macristas habían quedado con un diputado menos de los 129 que se necesitaban en las bancas. Además de la ausencia de los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, que tampoco asistieron a la sesión de este 28 de noviembre. Por La Libertad Avanza, pegaron faltazo Santiago Santurio, Álvaro Martínez, Pablo Ansaloni, Carolina Píparo, Lorena Macyszyn, María Emilia Orozco, José Peluc y Marcela Pagano (ya ausenté la semana pasada por su embarazo). En Innovación Federal, no asistieron Alberto Arrúa, Pamela Calletti, Agustín Domingo, Carlos Alberto Fernández, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Yolanda Vega. En Encuentro Federal, faltaron Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Jorge Ávila, Alejandra Torres y Natalia de la Sota. El pro tuvo ausentes a Aníbal Tortoriello, José Núñez y Gabriel Chumpitaz. En tanto el radicalismo tradicional no contó con la presencia de Federico Tournier y Natalia Sarapura. Cuestiones en minoría «Van a Festejar todos los corruptos, los terroristas y los delincuentes», planteó enojada Silvia Lospennato a la hora de las expresiones en minoría. «Todos sabemos que esta sesión de cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina», agregó la diputada del PRO. Sin dar nombres, apuntó a los diputados ausentes: «Tengo la confirmación que me dieron cada uno de los bloques y las tengo por escrito. No nos comemos más el verso. Hoy me siento burlada, pero la verdad le hace esto al pueblo argentino». A su turno, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, fue más allá y acusó a los libertarios de querer confrontar en las próximas elecciones con Cristina Fernández de Kirchner: «La quieren de candidata, están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle muy mal a la Argentina, disparó al tiempo que preguntó: ¿Cuántos diputados les faltan, señores de La Libertad Avanza? ¡Quiero la lista! Por lo menos faltan cuatro o cinco personas. No le mientan a la gente». Por su parte, el radical Facundo Manes apuntó contra sus ex compañeros de bloque: «Es un llamado de atención para los bloques del PRO y del radicalismo que acompañan a Milei porque hay bastante evidencia; no pueden ser cómplices. Más allá de que todos estemos de acuerdo con la macroeconomía y con bajar la inflación, no podemos ser cómplices de un sistema autoritario de un presidente que usa los recursos del Estado para atacar a los oponentes». «Esto también interpela a los votantes de Milei, yo entiendo bien porqué el año pasado el 56 por ciento de los argentinos en el balotaje apoyaron a este presidente, porque estaban cansados estaban cansados de años de frustración, de corrupción, de esto que vimos hoy en la Cámara de Diputados, pero sepan que Milei se ha convertido en lo mismo que vino a combatir, se ha convertido en la casta con rasgos autoritarios y con un proyecto del país para el 20 por ciento de los argentinos exportando materias primas», agregó. «Son todos unos hipócritas» Con lágrimas y a los gritos, la ex mileista Lourdes Arrieta criticó a sus colegas de la cámara. «Vengo a poner la cara, yo no di quorum. Eso no significa que soy enemiga del pueblo. Veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino, veo tanto dolor», dijo la líder de la bancada unipersonal «Las Fuerzas del Cielo». «Yo no respondo a Macri ni a Cristina, yo no respondo ni siquiera al Ejecutivo porque me echaron. Estoy sola dando la cara, saben que no tengo nada que ocultar; estoy limpia y libre de toda contaminación. No le debo nada a nadie», agregó. Además de ficha limpia, el temario incluía el régimen de votación de los argentinos que residen en el exterior, con la posibilidad de recuperar el voto por correo postal. Los otros dos proyectos del temario tenían que ver con una ley sobre reincidencia y reiterancia, enviada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en abril pasado; y una iniciativa para instaurar el juicio en ausencia, también impulsado desde el Gobierno. Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/