La Casa Rosada busca limitar la difusión de hechos que califica como «privados», por ejemplo aquellos que ocurran en la Quinta de Olivos. También habilita la no divulgación de “deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares” sobre un tema o acto de gobierno. A través de un decreto, el presidente Javier Milei restringió el acceso a la información pública de los actos del Gobierno, así como también de la actividad privada y parte de la pública de sus funcionarios. A la vez, el Poder Ejecutivo se arrogará la discresionalidad de autodefinir y autodeterminar cuál o cuáles serán los datos que podrán considerarse como de interés público para salir a la luz. Los nuevos criterios que limitan a los ciudadanos a acceder (de manera individual o colectiva, independiente o a través de la prensa) a los datos de la administración nacional sobre la cosa pública están incluidas en el Decreto 780/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial. La información pública según Milei Se trata de un extenso punteo que modifica lo que regía hasta ahora en la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada sobre la base del artículo 75 de la Constitución Nacional que reconoce ese derecho a través de los tratados internacionales incluidos en el inciso 22 de esa norma. El decreto de Milei reconoce que el principio republicano de publicidad de los actos de Gobierno, la promoción de la participación ciudadana, la transparencia de gestión y demás. Pero achica los límites para que la administración de La Libertad Avanza (LLA) dé a conocer sólo lo que el Presidente quiere. Por ejemplo, establece que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada”. Por ejemplo, los hechos que ocurran en la Quinta de Olivos, como reuniones familiares, cantidad o existencia de mascotas, visitas íntimas o reservadas que supuestamente no tengan que ver con la gestión. También prohíbe la difusión de “deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares” sobre un tema o acto de gobierno. Es decir que todas las anotaciones personales durante una reunión o en agendas no serán consideradas como documentos de Estado ni posibles de ser revisadas. Informaciones reservadas En otro artículo fija en 10 años el blindaje sobre datos confidenciales o secretos de Estado por razones de defensa, política exterior o seguridad interior. Además, protege el secreto financiero y los datos propios o de terceros que maneje el Banco Central, sobre la base de la Ley de Entidades Financieras. De este modo, el Ministerio de Economía podría ampararse en esta modificación para volver a responder negativamente a los extensos pedidos de información sobre la salida al exterior de lingotes de oro de la reserva nacional. En otro tramo establece que la información que no se dará a conocer será también aquella que “sea objeto de medidas razonables para mantenerla secreta”. Pero no especifica los parámetros de razonabilidad y deja librado a capricho del Gobierno qué sería lo razonable o lo no razonable. Las restricciones son tan discrecionales e indefinidas que tampoco se revelarán datos que el Gobierno entienda que podría tener “un valor comercial por ser secreta” o “sea objeto de medidas razonables para mantenerlas secretas”. El único ítem donde el decreto firmado por Javier Milei y Guillermo Francos guarda cordura y coherencia es el que determina que “en las causas judiciales donde se investiguen y juzguen casos de graves violaciones a los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad no serán aplicables las excepciones (…) debiendo el sujeto obligado suministrar la información requerida en el marco de la causa”. Fuente: https://www.pagina12.com.ar

El Plenario de CONADU Histórica ratificó el paro nacional de 24 horas para el próximo jueves 5 de septiembre con movilización al Congreso de la Nación para exigir que el Senado apruebe la Ley de Financiamiento Universitario. Asimismo, la medida de fuerza será también en repudio al veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. El proyecto de Ley plantea que el Poder Ejecutivo debe actualizar las partidas presupuestarias de las Universidades al 1 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 destinada a gastos de funcionamiento, de forma bimestral y en función del IPC. Y también establece la recomposición salarial de docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma mensual y conforme a la inflación acumulada informada por el INDEC. ?? Aprobación y promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario?? Repudio al veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria

El Presidente decidió eliminar medidas como el incremento de 8,1 por ciento y el ajuste de haberes a tono con la inflación. Sin embargo, desde Unión por la Patria y otros bloques aseguraron que se insistirá con la aprobación del proyecto, que ahora retorna a Diputados. Cómo están los números. El Presidente decidió eliminar medidas como el incremento de 8,1 por ciento y el ajuste de haberes a tono con la inflación. Sin embargo, desde Unión por la Patria y otros bloques aseguraron que se insistirá con la aprobación del proyecto, que ahora retorna a Diputados. Cómo están los números. El Presidente había dicho que la nueva ley de movilidad jubilatoria tendría un costo del 62% del PBI, pero se desmintió a sí mismo en el DNU que firmó para vetarla. A una semana de la aprobación en el Senado de una nueva fórmula jubilatoria, la Casa Rosada cumplió la promesa presidencial del «veto total». La decisión de Javier Milei fue finalmente eliminar el incremento de 8,1 por ciento, que los haberes se ajusten por inflación y que, en marzo de cada año, se habilite otra suba por el 50 por ciento del índice de variación salarial.  A pesar de designar por DNU Milei se mostró orgulloso de no negociar el déficit fiscal para incrementar el ingreso de jubildadoscobraron solo 225.454 pesos, más un bono de 70 mil Veto a los jubilados: el costo fiscal es 37 veces menor que el que dijo Milei Fuente: https://www.pagina12.com.ar

«La medida viola la autonomía universitaria”, denunciaron desde la institución. En una nueva provocación del gobierno ultraderechista de Javier Milei, la Policía Federal este lunes impidió el ingreso de la comunidad educativa -estudiantes, docentes y trabajadores no docentes- a la sede de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), situada en Defensa 119, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «Las madres de Plaza de Mayo denunciamos al mundo que el gobierno criminal de Javier Milei impide a través de uniformados de la Policía Federal el ingreso a trabajadores de nuestra Universidad a su sede, para cumplir su tarea», indicaron a través de un comunicado desde la UNMa.  El escrito añade que «la medida viola la autonomía universitaria y pretende criminalizar a los trabajadores de nuestra universidad” y se convoca a «toda la comunidad de la UNMa, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a los partidos políticos, a movilizarse a Defensa 119, y poner freno a este atropello».  La intervención El jueves 25 de julio, horas antes de que las Madres de Plaza de Mayo iniciaran su marcha semanal número 2415, el gobierno nacional dio a conocer una resolución de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en donde establecía la intervención de esta Casa de Altos Estudios, desconociendo la figura de su rectora, Graciela Caamaño.  Fuente: https://www.tiempoar.com.ar