La nueva ley de discapacidad busca adaptarse, modernizarse y atender las necesidades actuales de más de cinco millones de personas en nuestro país.
En 1981 se sancionó la ley 22.431 de “sistema de protección integral de las personas discapacitadas» la cual entiende a la persona con discapacidad como un sujeto de cuidado y protección y asegura a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social. Si bien esta ley fue una ley ejemplar que brindó un marco regulatorio para las personas con discapacidad, en la actualidad sus disposiciones no son suficientes y no se ajustan a los nuevos paradigmas sociales.
Ante la necesidad de una adecuación a las nuevas realidades, se proyecta la nueva ley de discapacidad, la misma será una ley de derechos humanos con perspectiva de género la cual permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y estereotipos en cada contexto social. La nueva normativa sobre el temaentiende a la persona con discapacidad como sujeto activo y autónomo de la vida en sociedad.
A los fines de crear esta nueva normativa, el gobierno convocó a participar de la Consulta Federal Hacia una Nueva Ley de Discapacidad, una convocatoria abierta, participativa, plural y federal donde los interesados brindaron aportes al proyecto que reemplaza a la antigua ley de discapacidad, con el fin de recibir aportes, opiniones, e información por parte de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, organizaciones para personas con discapacidad, organismos públicos entre otros.
La consulta estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) la cual fue creada con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y fomentar el desarrollo y la aplicación de políticas que consoliden sus derechos. Las Audiencias Públicas se llevaron a cabo teniendo en cuenta diferentes estrategias de accesibilidad, como el lenguaje de señas, canales online como YouTube y espacios con estructuras edilicias con características que aseguran el acceso y participación de todas las personas interesadas en el proceso. Las mismas contaron con la participación de todas las provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La nueva ley mejorará diferentes aspectos de la problemática que trata, incluyendo entre otras una mejora en los niveles de desempleo que padecen las personas con discapacidad, mejorando sus posibilidades de acceso a un trabajo digno, logrará cambios en las estructuras edilicias incluyendo señalizaciones que especifican qué espacios cumplen con las condiciones necesarias para un correcto desenvolvimiento de las personas con discapacidad en la vida social, así como también en los servicios, bienes y productos.
