12 mandatarios provinciales firmaron la denuncia para remover a todos los integrantes del máximo tribunal.
Quienes firmaron fueron: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Además, el Jefe de Estado le pidió al bloque de diputados del Frente de Todos que «apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación».
El primer escalón será presentar el escrito de la denuncia en la mesa de entradas de Diputados. Ingresará en Secretaria Parlamentaria. Allí le corresponde a la Cámara declarar admisible la denuncia y comenzar la investigación, que quedará a cargo de la Comisión de Juicio Político (31 integrantes) que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) y que integran, entre otros, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky y Rodolfo Tailhade (todos del FdT) y por la oposición Mario Negri, Sabrina Ajmechet y Graciela Ocaña.
Luego, vendrá el tiempo de la investigación en comisión. En el medio, se llamará a los acusados a la Comisión de Juicio Político y deberán asistir obligatoriamente.
Para la acusación y elevación al Senado se dos tercios de los votos de los diputados presentes. Si se aprueba en la cámara que preside Cecilia Moreau, el caso pasará a la cámara Alta, que preside Cristina Kirchner. En el Senado se debatirá sobre los hechos probados. Y luego se votará en el pleno. Allí se aprobará una sentencia o se rechazará la acusación.
El pedido de juicio político lo establece la Constitución de la Nación en su artículo 53. Allí se le da la potestad a la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado, que define la sentencia. Se puede impulsar contra el presidente, vice, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema.
En revisión histórica,la última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue en 2003 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Fue contra los cinco jueces de la Corte Suprema. Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos por el Senado. Y los otros tres, Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez, renunciaron.
