Ocurrió en la localidad de Trancas, Tucumán. Noelia Sosa tenía 30 años y dos hijos. El domingo fue a pedir protección pero los policías le dijeron que «no estaba el oficial de guardia» y volviera más tarde. Noelia Sosa tenía 30 años, dos hijos y vivía en la localidad de Trancas, Tucumán. El fin de semana se quitó la vida tras haber ido hasta la comisaría a denunciar a su pareja por violencia de género, y le respondieran que no se la podían tomar porque “no estaba el oficial de guardia”. Familiares y vecinos se movilizaron a la municipalidad y el gobierno provincial removió a la cúpula de la comisaría e investigarán si hubo negligencia. “Le dijeron que no podían hacer nada, que regresara a la tarde, que seguro lo encontraría”, contó a medios locales Ernesto Campos, el cuñado de la mujer sobre la respuesta que obtuvo en la comisaría.  Según dijo, la mujer insistió con el pedido de ayuda pero no obtuvo respuesta. “Les dijo que ella no podía salir de ahí porque tenía miedo de que le hiciera algo malo. No entiendo por qué no hicieron nada. Ella fue a pedir ayuda a la comisaría de Trancas, pero no la escucharon«, dijo, y sostuvo que estaba «desesperada y angustiada». La familia también denuncia que cuando se enteraron de su muerte la policía tardó en llegar a la casa de la joven, donde «estuvieron cinco minutos”. “Ella nos contó que había mantenido una fuerte pelea con su pareja y que lo había rasguñado en sus brazos durante la pelea. Le pedimos a los policías que lo revisaran pero no hicieron nada«, agregó el cuñado. Tras conocerse la noticia de su muerte hubo protestas frente a la Municipalidad, la comisaría.  https://iframely.pagina12.com.ar/api/iframe?url=https%3A%2F%2Fcontent.jwplatform.com%2Fpreviews%2FOcjeInBA-buQgiLVC&v=1&app=1&key=68ad19d170f26a7756ad0a90caf18fc1&playerjs=1 Removieron a la cúpula de la comisaría de Trancas En ese contexto, el gobierno provincial removió a la cúpula de la comisaría mientras se investiga las responsabilidades de los cinco efectivos que estaban allí. Para respetar los derechos que tienen de defensa, se investiga y se van tomando actuaciones; después se verá si se los acusa o imputa”, indicó el ministro de Seguridad de la provincia, Eugenio Aguero Gamboa. «Se ha perdido una vida y hay que ver qué responsabilidad tienen en este punto”, sostuvo, a la vez que expresó que «la fuerza policial está a disposición de la familia y la justicia para investigar. Iremos hasta las últimas consecuencias”. Y que el gobernador Osvaldo Jaldo está «muy preocupado» por el tema y quiere que se esclarezca. Respecto a lo ocurrido, expresó que “a veces se pide a una persona que espere un momento porque el oficial no se encuentra, no niego que puede suceder esto. Todo depende del momento y la hora en la que se llegue a una comisaria, que pueden tener mucha concurrencia”. Por su parte, el jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Joaquín Girvau Olleta, ratificó que “el policía tiene que tomar toda la denuncia. Cualquier policía, oficiales, jefes, deben tomar la denuncia”. Y que Asuntos Internos de la fuerza realizará una investigación administrativa mientras que “la justicia determinará si hubo o no negligencia”. La investigación será realizada por las Unidades Especiales de Delitos Complejos y de Violencia de Género, según dijo a La Gaceta el fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, tras confirmar que la muerte fue por suicidio. «Se debe investigar si hubo incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de los policías y si hubo o no violencia de género”, explicó. “A partir de la Ley Micaela todos los empleados públicos tienen la obligación de actuar con perspectiva de género y con mayor razón un efectivo de la fuerza policial que está en una Unidad de Operaciones, aunque no esté el oficial de turno», agregó. Fuente: https://www.pagina12.com.ar/

La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada este martes como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal, confirmaron a Télam fuentes judiciales. La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, según detallaron a esta agencia las fuentes consultadas. Ese expediente cuenta con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra la vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto Fernández, como también incitaciones a cometer delitos. La presentación para que la Vicepresidenta sea tenida por querellante fue realizada el lunes por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos que representan a la exmandataria en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado. Los abogados que representan a la expresidenta quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido. Los abogados que representan a la expresidenta quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, según pudo reconstruir esta agencia. En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes. A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran tramitando por separado. En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título «hay que pudrirla?». La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años. En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla «pasar a la historia», en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde. «Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje…», decía allí uno de los miembros de Revolución Federal. En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma «Caputo Hermanos», según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación. Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron las fuentes. Fuente: https://www.telam.com.ar/