La resolución también beneficia a otros dos represores. Las organizaciones de derechos humanos repudiaron la decisión. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En ese sentido, los camaristas Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma decidieron en forma unánime otorgar este beneficio al genocida exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, con varias condenas a prisión perpetua en su haber; y a los represores Mario Guillermo Ocampo y Luis Firpo, condenados a prisión perpetua en el juicio de la Contraofensiva. Las organizaciones de derechos humanos repudiaron la decisión y exigen que no haya retrocesos en las causas. Dos de los fallos benefician a represores condenados por el caso conocido como Contraofensiva Montonera, en el que se juzgaron los secuestros, tormentos y homicidios cometidos contra militantes de esa organización política que volvieron del exilio entre 1979 y 1980 para hacerle frente a la dictadura cívico militar que perduraba en el país en ese entonces. La resolución que beneficia a Etchecolatz fue adoptada en el marco de la causa en la que se encuentra procesado por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años ejecutado en septiembre de 1976, a metros de la Plaza Moreno de La Plata, por un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones. Los camaristas consideraron que tiene 93 años y que, como planteó su defensa, su salud sufrió un deterioro por la supuesta falta de recursos del Servicio Penitenciario Federal para poder asistirlo debidamente. “Horacio era militante y, como muches de nosotres, tenía 22 años. Entendemos que, luego de las conquistas en materia de derechos humanos, y las condenas a perpetua a los genocidas y responsables de la dictadura conseguidas por nuestro pueblo, no hay lugar al retroceso”, manifestaron en un comunicado publicado en las redes sociales desde la organización Nietes. “Hay jueces que parecen delincuentes. Esto me causa indignación, sobre todo porque hace 15 días otro tribunal dictó una condena a perpetua para Etchecolatz y hoy le dan la domiciliaria”, dijo Rubén López, uno de los hijos de Jorge Julio López, quien declaró como sobreviviente de la dictadura en 2006 en el juicio al genocida, y durante el cual desapareció por segunda vez. Fuente: https://www.eldestapeweb.com/
SAN JUAN: la corporación judicial resistiéndose a los juicios de lesa humanidad, la vergonzosa condena al exjuez Caballero Vidal
En San Juan, el exmagistrado Juan Carlos Caballero Vidal, acusado de no motivar las investigaciones para esclarecer el secuestro y las torturas de Héctor Cevinelli y la muerte de Alberto Carvajal en 1977, recibió esta semana una levísima y ridícula condena de solo dos años de inhabilitación estando ya jubilado. Organismos y militantes de derechos humanos expresaron su indignación frente a la condena, en el primer juicio por delito de lesa humanidad a civiles que participaron del terrorismo de Estado de esa provincia. Por Redacción La tinta El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó, este martes, a dos años de inhabilitación al exjuez provincial, Juan Carlos Caballero Vidal, por no promover acción penal en perjuicio de dos víctimas durante la última dictadura cívico-militar. Como explicaron desde HIJOS, Héctor Cevinelli fue secuestrado y, cuando apareció con vida, su abogado informó al Juzgado la noticia. “Caballero Vidal le habría manifestado que ‘sabía que Cevinelli no tenía nada que ver con la subversión y que tenía muchas posibilidades de aparecer’. El abogado, testigo en el juicio, contó que el juez le dijo: “Supongo que tendrán poderosas razones para olvidarse de todo lo acontecido”, y que, mientras, “sacaba una arma 9 milímetros del cajón y la ponía sobre el escritorio”. El segundo hecho está vinculado a la muerte de Alberto Carvajal, militante torturado y asesinado en el interior del penal de Chimbas. “De acuerdo a la acusación, el exjuez ordenó realizar la autopsia del cuerpo sin profundizar la investigación en los motivos de muerte, para que el hecho aparentara un suicidio. Según el abogado Bula, Caballero Vidal dijo que había ordenado la autopsia por pedido del jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, pero no siguió con la investigación, a pesar de que en la autopsia aparecían indicios de que el fallecimiento había sido causado por terceros. Esta historia es parte de nuestro Poder Judicial. El que se niega a ser investigado, reformado y transformado. Es parte de lo que no podemos llamar Justicia. Pasaron muchos años para que el mismo Poder Judicial le marque al exjuez Caballero Vidal que debió haber investigado delitos de lesa humanidad. La condena es inferior a la pedida por la fiscalía (dos años de prisión)”, detallaron desde HIJOS. La tinta dialogó con Diana Tello Roldán, es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.) y declaró en el Megajuicio II que se desarrolló en 2017 y del cual se desprendió el proceso contra el exjuez Caballero Vidal. En el juicio contra el exmagistrado, también fue citada. “Mi esposo Oscar Silverio Castillo fue detenido en 1978 por orden del juez Caballero Vidal, por entonces juez del 6° Juzgado Penal provincial, y luego puesto a disposición del Poder Ejecutivo nacional. Mi esposo fue absuelto, salió en libertad en la noche del 7 de abril de 1978 y, antes de llegar a nuestro hogar, fue secuestrado y permanece desaparecido. Por ello, tuve varias entrevistas, entre tantas tramitaciones que hice, en el despacho de Caballero Vidal. Allí me refirió que tenía un amigo militar que le decía que el Ejército, aunque pasara mucho tiempo, siempre se ocupaba de detener y darle condena a quienes ellos creían que habían atacado objetivos propios. Contó que conocía a otra chica cuyo esposo se lo habían llevado como a Oscar, pero que, pasado un tiempo, apareció en San Juan, lo cual me esperanzó en la búsqueda de Oscar. Y ante mi pedido de asesoramiento para un recurso de habeas corpus, me despidió sin ayudarme. Entonces el fiscal Francisco Maldonado consideró que mi testimonio demostraba que Caballero Vidal sabía lo que pasaba con las violaciones a derechos humanos en San Juan. El mío fue un testimonio de contexto”, cuenta Tello Roldán. Oscar Silverio Castillo militó en la Juventud Obrera Católica, en el Movimiento de Izquierda Tacuara, la Juventud Peronista y Montoneros. Era fotógrafo, trabajaba en el servicio provincial de salud y era delegado gremial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). El 12 de febrero de 1978, lo detuvieron ilegalmente y, el 7 de abril del mismo año, lo desaparecieron. Tenía 35 años y un hijo de 1 año y medio, Pablo. En relación a la importancia de este juicio a nivel nacional y para San Juan especialmente, Diana expresa que: “Para la provincia, es el primer juicio por delito de lesa humanidad a civiles que participaron del terrorismo de Estado. Se está tramitando también, en otra causa, el juzgamiento al exfiscal federal Yannello, ambos pertenecientes al Poder Judicial de San Juan. Terminada la dictadura cívico-militar-eclesiástica, ganó las elecciones Leopoldo Bravo del Partido Bloquista en San Juan, quién había ocupado la gobernación durante parte de la dictadura. Esto perjudicó la posibilidad de develar procedimientos y participaciones de personajes que permanecieron en secreto hasta que se inician los juicios en la primera década del siglo siguiente. Esos jueces y fiscales permanecían en sus puestos y habían ascendido en sus carreras. Por ejemplo, Caballero Vidal ya era juez de la Corte de Justicia de San Juan. Pero siempre tiene subterfugios, como jubilarse de privilegio con sueldazos libres de impuestos. Los sobrevivientes y familiares de víctimas siempre dimos testimonios. En mi caso, tuve que reconstruir, en 2006, los expedientes que curiosamente también habían desaparecido, con fotocopias que atesoré durante décadas. Siempre pusimos el cuerpo con nuestros testimonios, en el proceso de reconstrucción de memoria, verdad y justicia. Revivimos nuestros dolores, angustias y persecuciones para que el Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado por los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y María Carolina Pereira (del Tribunal Oral Federal de San Luis), den esta sentencia vergonzosa e injusta”. Al inicio de la causa, Caballero Vidal fue acusado por delitos más graves como participación necesaria y asociación ilícita, pero la Cámara Federal de Mendoza le dictó falta de mérito, detalla Tello. “El fiscal Maldonado dice desconocer los fundamentos, porque no se publicaron, y calificó el dictamen de la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza como vacía. Ocurre claramente que el Poder Judicial se resiste avanzar en
EL MEJOR EQUIPO DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS: Mauricio Macri gastó 14 millones de euros en aviones que «no estaban operativos»
La Sindicatura General de la Nación señaló que el Ministerio de Defensa contaba con informes preliminares que alertaban sobre el estado de las aeronave, que se compraron en 2019 y nunca se pudieron utilizar. Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) concluyó que durante la administración de Mauricio Macri se gastó casi 14 millones de euros en aviones para el Ministerio de Defensa que «no estaban operativos». El documento de 35 páginas que analizó la gestión de compras llevadas a cabo por la cartera de Defensa, en el período 2016-2019, bajo la gestión de Oscar Aguad, puso el foco principalmente en los convenios celebrados con el gobierno de Francia para la adquisición, por parte del Estado Mayor General de la Armada, de cinco aeronaves de combate SEM (Súper Étendard Modernisé) y de cuatro buques patrulleros oceánicos multipropósito OPV (Offshore Patrol Vessel), según informó Infobae. En el caso de las aeronaves, el informe de la SIGEN señala que “no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”, incluso “la Marina Francesa había dejado de utilizarlas”. Con la adquisición de cinco cazabombardero, la Armada pretendía incrementar el adiestramiento de pilotos en 300 horas de vuelo anuales, evitando el éxodo de los mismos a la actividad aerocomercial y recuperar capacidad aeronaval. Sin embargo, de la auditoría se desprende que funcionarios con poder de decisión final en las compras desatendieron informes técnicos preliminares que advertían sobre el estado de las mismas y especificaban que resultaba “esencial” la obtención de “elementos críticos” para asegurar su funcionamiento, tales como la pirotecnia de los asientos eyectables y cabina, y el desarrollo de una inspección de los accesorios de oxígeno. En ese sentido se sugirió analizar que varios de esos repuestos eran de origen inglés, por lo que resultaba necesario tener en cuenta la imposibilidad de adquirirlos ya que desde 1982 el Reino Unido no vende armamentos militares a nuestro país. Entre las “falencias” que surgen del análisis, se señaló el “incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones; inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo”. “Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses (a la fecha del relevamiento: octubre de 2021) sin estar operativas desde el momento de su recepción”, se concluyó. Pero el ministro Oscar Aguad hizo caso omiso a las advertencias, realizó la compra y pago, por los aviones inutilizables y elementos complementarios, 12.550.000 euros. El Gobierno Nacional asumió todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos, lo que costó un total de 1.346.255 euros, totalizando una cifra cercana a los €14.000.000. Con respecto a los cuatro Patrulleros Oceánicos Multipropósito – OPV indican que “se ha verificado que los expedientes no contaban con toda la documentación requerida que fundamente una adecuada toma de decisiones”. En ese sentido, se ha observado la “falta de la solicitud de desembolso, la falta de comprobantes de pago y la falta de documentación que acredite la efectiva entrega de los OPV en condición ‘Listo para Operar’”. El informe que elaboró la SIGEN fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”. Fuente: https://www.minutouno.com/
