El complejo estará compuesto por 930 lotes dotados de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y cloacas. En el marco de la inauguración de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, el gobernador Sergio Uñac hizo alusión en su discurso al barrio Valle del Sol. Se trata de una importante operatoria de vivienda para el sector de ingresos medios. El complejo contará con 930 lotes con servicios que estarán divididos en tres sectores: Sector 1: 309 lotes Sector 2: 302 lotes Sector 3: 319 lotes El barrio estará ubicado en el departamento de Rawson en la calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, frente al barrio Valle Grande y los lotes estarán dotados de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y cloacas. También construirán veredas y realizarán la demarcación de las parcelas. Una vez finalizadas las obras, el IPV busca que los beneficiarios puedan acceder a programas de asistencia financiera para la construcción de la vivienda. Este proyecto apunta a movilizar mano de obra local, pymes y trabajadores independientes de la construcción. Durante el mes de febrero, el IPV realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2021, para la obra de urbanización del Barrio. El presupuesto oficial de los trabajos es de $1.044.561.585,60 y será financiada por medio del “Plan Nacional De Suelo Urbano” del Programa Nacional De Producción de Suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina.
ELIMINACIÓN DE LAS PASO EN SAN JUAN: la justicia dio lugar a la cautelar presentada por el PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo)
Se trata de una decisión parcial de la jueza Adriana Tettamanti sobre los artículos 35 y 135 de la ley que elimina las PASO en San Juan. El Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti, resolvió hacer lugar parcialmente a la medida cautelar presentada por el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y suspendió los artículos 35 y 135 de la ley 2348-N que elimina las PASO en San Juan. El apoderado de PTP, Federico Agüero, y el abogado Javier Alamino, presentaron la cautelar el pasado 22 de marzo luego de realizar la acción de ilegalidad. La solicitud se basa en la suspensión da la aplicación de la Ley 2348-N, y en particular los artículos 2, 35, 113 y 135, manteniendo el régimen anteriormente vigente hasta que se resuelva en definitiva ya que existe ilegalidad del procedimiento y restricción en la participación democrática. De este pedido, la jueza Tetamantti dio lugar sólo a la suspensión de los artículos 35 y 135 porque, según el argumento, «acentúa la desigualdad en materia electoral en razón de que exige ser afiliado a un partido político para ejercer el derecho a seleccionar los candidatos para cargos políticos, por cuanto la única exigencia al partido para presentar listas es la elección interna partidaria o que presenten la lista única proclamada como ganadora sin hacer elecciones internas». No así para los artículos 2 y 113. Según expresó la magistrada para el primero «no advierto que se encuentren configurados los presupuestos necesarios para el despacho favorable de una medida cautelar, sin perjuicio del mayor debate que habilita la sustanciación del juicio con la debida participación de la demandada, y que pueda variar la convicción judicial que en esta oportunidad se expresa». Y para el segundo pronunció que «exige mayor debate y prueba, que será objeto del pronunciamiento definitivo que oportunamente se dicte en la causa». Fuente: https://telesoldiario.com/
SAN JUAN: detienen a un jefe de la Policía Federal por distribuir pornografía infantil
Es hijo del titular de la Agencia Regional Cuyo de la fuerza. El fiscal Roberto Mallea, de la UFI del Centro ANIVI, pidió su detención por la supuesta tenencia y distribución de pornografía infantil. Un alto mando de la Policía Federal quedó en el ojo de la tormenta luego de que se conociera la noticia sobre su detención por tenencia y tráfico de Pornografía Infantil. Se trata del oficial Matías Carrizo, quien tiene a su cargo la brigada de investigaciones en la Agencia Regional Federal Cuyo, con sede en calle Rivadavia, frente a Plaza 25 de Mayo. De acuerdo a lo informado por fuentes de la investigación, el oficial principal es hijo de Silvio Carrizo, el jefe de la Agencia Regional. Todo comenzó a raíz de una investigación llevada a cabo por la organización NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) que en español significa Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, cuyos expertos en informática detectaron actividad sospechosa fuera de Estados Unidos. Dicha actividad provenia de Argentina, más específicamente de San Juan, por lo que desde la entidad se pusieron en contacto con sus pares en Buenos Aires y estos derivaron el caso a las autoridades provinciales. Fue la UFI Anivi quien tomó las riendas del caso y el fiscal Roberto Mallea solicitó la detención de Carrizo por lo que se dispuso un allanamiento en la vivienda del oficial principal, donde encontraron siete dispositivos con contenido de pornografía infantil, entre computadoras, celulares y pendrives. Carrizo se entregó voluntariamente en la Central de Policía el domingo pasado y luego fue trasladado a una Comisaría de Chimbas, donde quedó alojado. Fuente: https://diariolaventana.com/
ARGENTINA: arranca el debate para pagar la deuda del FMI con el dinero fugado
Será un arduo debate. Juntos por el Cambio ya se opuso a la iniciativa y el oficialismo deberá contar voto por voto. Un plenario de Comisiones de la Cámara de Senadores comenzará a debatir este miércoles el proyecto de ley que propone crear un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con dinero fugado al exterior. Los legisladores de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda fueron citados para la reunión prevista desde las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Los senadores tendrán a la vista dos expedientes presentados la semana pasada y que el interbloque de Juntos por el Cambio ya anunció que rechazará. Desde las 10 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, un grupo de sindicalistas se reunirá con los integrantes del bloque oficialista para interiorizarse de los detalles de los proyectos. Entre los principales dirigentes que, de acuerdo con lo anunciado, asistirán al Senado se menciona a Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA), Sergio Palazo (Bancarios-CFT), Ricardo Peidró (CTAA), Héctor Amichetti (Gráficos-CFT), Edgardo Llano (APA) y Omar Plaini (Canillitas). También se anticipó la presencia de Hugo Godoy (ATE), Walter Correa (Curtidores-CFT), Agustina Panizza (ATE Capital) Francisco Manrique (Smata), Carlos Minucci (Apasee-CFT), Yamile Socolovsky (Conadu) y Vanesa Siley (Sitraju-CFT), entre otros. Los proyectos en debate son dos: el primero crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional y el segundo modifica la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos. La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores. Sostiene el texto que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso. La iniciativa establece que el aporte del blanqueo «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero». Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares. El proyecto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente. Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del «colaborador», que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente. Fuente: https://www.eldestapeweb.com/
