Por decreto, el Gobierno subió del 31% al 33% de las retenciones de harina y aceite de soja. Además creó un Fondo Estabilizador de Trigo. El Gobierno confirmó el aumento del 31% al 33% de las retenciones de harina y aceite de soja y la creación de un Fondo Estabilizador de Trigo, con la intención de controlar los precios domésticos, luego que el presidente Alberto Fernández declarara una «guerra contra la inflación» en el país. A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el gobierno oficializó la suba de retenciones, suspendiendo hasta el 31 de diciembre un decreto de 2020 que reducía las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31% y volvió a establecer el valor del 33%. En otro decreto, el Gobierno anunció la creación un fondo «con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos». Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja. Un alza de dos puntos en el impuesto implicaría una recaudación fiscal adicional de 425 millones de dólares para el Gobierno de Alberto Fernández, según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC). La tercera economía más grande de América Latina sufre desde hace años una elevada tasa de inflación, que en febrero alcanzó el 52,3% interanual, y apenas comenzó a recuperarse de tres años de recesión económica. «La inflación es un fenómeno histórico en la Argentina, casi una maldición con la que muchos y muchas hemos crecido. Ha sido un callejón recurrente del que pareciera ser imposible salir», dijo Alberto Fernández en un mensaje televisivo en la noche del viernes. Los ingresos provenientes de las tasas a los embarques de productos agrícolas y agroindustriales son una muy importante fuente de recursos para el Gobierno argentino. Argentina también grava los embarques del trigo y el maíz, en un 12%. En otro decreto, el gobierno anunció la creación un fondo «con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos». La política oficial para el agro enfrentó a la gestión de Fernández con los productores agropecuarios, que sostienen una histórica tensa relación con los gobiernos peronistas debido a la tendencia de estos últimos de intervenir en los mercados. La medida generó el rechazo inmediato de diversos sectores de la industria. «Esto genera un clima de desconfianza e incertidumbre (…) Creo que va camino a una protesta nacional», dijo a La Nación+ Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el sábado tras conocerse la medida. Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) rechazó la suba de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja por considerar que es una medida que «no tiene legalidad», desincentiva las exportaciones y atenta contra «la industrialización de la soja en el país». «Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho derecho», dijo CIARA en un comunicado publicado en Twitter. Para intentar combatir la inflación, el Gobierno también intervino en mercados de exportación agrícolas en el 2020. El año pasado por unas semanas aplicó cupos a los embarques de maíz, mientras que las ventas al exterior de carne de res aún tienen límites. Entre las razones para tomar las medidas, el gobierno sostuvo que la invasión de Rusia a Ucrania ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas. «La nueva coyuntura internacional impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno», indicó el decreto. Fuente: https://www.ambito.com/

La creación de Parques Nacionales suele ser presentada como una respuesta positiva ante la crisis climática. Pero también existen aspectos silenciados: dinámicas extractivas donde intervienen megamillonarios, fundaciones, políticos funcionales e intereses globales que se imponen sobre los derechos de las comunidades locales. Prácticas coloniales con discurso verde. Por Carina Jofré* En Argentina se registra una política de creación de Parques Nacionales nacida de forma verticalista de la mano de ONGs filantrópicas conservacionistas, la mayoría con origen de fondos en Washington (Estados Unidos). Existe una iniciativa mundial para la creación de reservas naturales, pero también están presentes las resistencias a estas nuevas prácticas de conservación mundial irrumpiendo en pueblos y comunidades. El caso riojano y el Parque Nacional Famatina. El fantasma de la creación de un Parque Nacional en Famatina En la localidad de Chilecito, La Rioja, hace cinco años que la población está en alerta por los rumores de la creación de un Parque Nacional en el emblemático Cerro Famatina, sede de ancestrales luchas desde el siglo XVI y de las históricas resistencias sociales contra la megaminería iniciadas en 2006, las mismas que lograron imponer un freno a la política minera argentina en la provincia. En ese momento nació la consigna que unió a toda la población local: «El Famatina no se toca». En 2022, a 16 años de esa resistencia, los embates del neoextractivismo minero no han dejado de sentirse en localidades como Chilecito, Famatina, Vinchina y La Rioja Capital, donde las asambleas socioambientales locales alertan que existen cerca de una veintena de concesiones mineras que esperan formalizar sus prospectos en años venideros. La amenaza está latente y la población lo sabe. En ese contexto de lucha permanente por el asedio del Cerro Famatina, un proyecto de creación de un Parque Nacional prendió nuevamente la alarma en la población. Y aunque si bien la propuesta parece ir en línea con el rechazo al extractivismo minero, las estrategias de penetración en las comunidades locales para la inoculación de un “proyecto fantasma” -que nadie conoce a ciencia cierta y que nadie sabe cómo y quiénes lo propusieron- alarmaron a la población de una nueva dinámica expropiatoria más difícil de develar. En 2017 el rumor de la creación de un Parque Nacional se hizo más fuerte y se regó por La Rioja, seduciendo las expectativas de nuevas promociones turísticas y alentando ambiciones políticas para otros. En 2018, fui llamada por la Asamblea Chilecito por la Vida para ofrecer una charla pública en la comunidad de Chilecito que quería canalizar sus dudas respecto a las nuevas formas de patrimonialización en Argentina y así tratar de entender este nuevo proceso de avasallamiento que se hacía sentir con la imposición de un proyecto de creación de Parque Nacional. El proyecto era presentado a través de la cara visible del, por ese entonces, jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Marcos Peña, y de Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales (hoy director del Banco de Bosques). A nivel local, actores políticos como Paulo D’Alessandro (ex interventor del PRO en La Rioja) y Marcela Crabbe (diputada del Parlasur electa por la misma fuerza en 2015), fueron claves en la fuerza de esta propuesta llevada localmente en varias reuniones y visitas que el mismo Marcos Peña hizo a La Rioja por esa época. En una nota publicada el 9 de diciembre de 2017 por el diario La Nación se hizo pública una versión donde se intentaba instalar la idea de que la creación del Parque Nacional Famatina era una propuesta aparentemente impulsada por pobladores que fueron parte de la resistencia del Famatina No Se Toca. Ahí se empezó a alinear una supuesta narrativa de resistencia y protección, donde la creación del parque representaría una estrategia de defensa con el asecho de la minería, planteo promocionado por estas ONGs. En esa misma nota se menciona la visita a Famatina de Sofía Heinonen Fortabat, directora de, por ese entonces, The Conservation Land Trust (fundación del fallecido Douglas Tompkins), quien recorrió el lugar acompañada de actores políticos locales vinculadas a Cambiemos, como Paulo D’Alessandro y Marce Crabbe: “Ella entiende que avanzar con esta protección es la solución ‘a largo plazo’ para generar un salto propositivo para la región. Una propuesta superadora que cuida la naturaleza y promueve el desarrollo local con una comunidad integrada”, dice la nota. Una de las dudas que resonaban en Chilecito era si podían confiar en la gestión del presidente Mauricio Macri y la creación de un instrumento de protección del Famatina contra la minería. La respuesta era evidente para buena parte de la población, que además era consciente de la política de Parques Nacionales en lugares como Nahuel Huapi, donde la violencia estaba escalando a niveles de racismo genocida contra el Pueblo Mapuche. Se sumaba también la experiencia traumática que vivieron las comunidades diaguitas de Tucumán, durante la creación del Parque Nacional Aconquija en 2018, otro proyecto impulsado por estas ONGs y el gobierno de Mauricio Macri. Allí, el repudio de la Unión de Pueblos Diaguitas fue contundente frente a un proyecto “impuesto e inconsulto” con la población. El sabio mayor diaguita Marcos Pastrana visitó Chilecito también en 2019, en una charla abierta en el marco de UAC Regional (NOA-Cuyo). Allí Pastrana comunicó la difícil experiencia de creación del inconsulto Parque Aconquija y animó a la población a exigir procesos de consulta libre, previa, informada y consentida. En esos encuentros públicos en Chilecito se explicitaron elementos concretos para reconocer por qué hoy en día la patrimonialización de los territorios de vida no garantiza su protección. La patrimonialización en Argentina es un proceso jurídico por el cual el Estado declara a sitios y lugares como bienes orden público. En términos más generales, esto involucra la expropiación de territorios en favor del Estado Nacional, y su conversión en nuevos espacios de reproducción capitalista para proyectos de conservación y desarrollo. En el caso de los Parques Nacionales incentivados por estas ONGs, el proceso de expropiación del Famatina sería realizado a través de la compra del cerro y su