En Chubut, Neuquén y Río Negro se reiteran los incendios forestales. Aunque desde el Ministerio de Ambiente anuncian el envío de brigadistas y aviones hidrantes, vecinos e investigadores denuncian la falta de políticas de prevención y exigen más personal e inversión. En 2021 se incendiaron en Argentina más de 300 mil hectáreas. El rol del monocultivo forestal como propagador del fuego. San Juan, 28 de Diciembre de 2021 La Patagonia vuelve a ser acosada por el fuego. En las últimas horas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación creó un comité de crisis para tratar de apagar las llamas en la Comarca Andina y en el Lago Nahuel Huapi, que arden desde hace varios días. También se emitió una alerta por incendios en Tierra del Fuego y el territorio neuquino resiste el avance de los focos ígneos. En sus reportes de manejo del fuego, el Estado Nacional alerta que el 95 por ciento de los incendios son intencionales. Entre las consecuencias: peligro para las personas y los ecosistemas, pérdidas materiales y desplazamiento de comunidades. Según datos oficiales, en 2021 se incendiaron en Argentina 302.000 hectáreas. Jorge Chemes vive en la localidad chubutense de El Hoyo, en la Comarca Andina. Afirma a este medio que, tras los importantes incendios de marzo de este año, “no hubo inversión ni mantenimiento por parte del Estado”. Por su parte, el docente e investigador Lino Pizzolón advierte cómo el monocultivo de pino contribuye a la propagación del fuego en esa región: “El pino ponderosa, que es el 86 por ciento de lo que hay plantado en la Patagonia, es una de las especies más flamígeras. Cuando el fuego llega a un pinar, explota y se expande para todos lados“. En Neuquén, asambleas socioambientales, colectivas y agrupaciones ecologistas responsabilizan y demandan al Estado y los gobiernos municipales, provincial y nacional «que arbitren los medios pertinentes para prevenir la quema del bosque nativo, actúen rápidamente ante el primer indicio de foco de incendio, evitando así desastres socioambientales cada verano, y reforesten la zona afectada con vegetación nativa». Mientras arde el Lago Aluminé, los pobladores denuncian el impacto del monocultivo de pinos ponderosa de la Corporación Forestal Neuquina y a la Ley 2183 que autoriza a las petroleras a pagar en hectáreas forestadas las indemnizaciones por daños en el territorio. «Es evidente, tanto en Neuquén, como en Río Negro y la heroica Chubut, que sin el diseño de un plan de prevención, que efectivice la contención de un incendio apenas se genera, para luego aparecer con helicópteros y aviones de escasa capacidad de almacenamiento de litros de agua y sin la técnica correspondiente para volar frente condiciones adversas, que su objetivo no es combatir los incendios, sino dejarlos crecer para luego ceder tierra a los empresarios inmobiliarios, turísticos y mineros», reza un comunicado emitido este 27 de diciembre y firmado por la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, la Red Ciudadana de Villa La Angostura, la Asamblea por los Ríos Libres, la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes, la Asamblea por el Agua del Norte Neuquino, entre otras organizaciones. Según el informe del Ministerio de Ambiente titulado “Manejo de fuego. Reportes de incendio“, del 26 de diciembre de 2021, en Argentina se incendiaron 302.451 hectáreas entre el 1 de enero y el 2 de diciembre pasado. Las provincias más afectadas fueron Córdoba (57.027 hectáreas), San Luis (49.282), La Pampa (29.390), La Rioja (21.389), Río Negro (20.381), Mendoza (19.730), Entre Ríos (19.707), Formosa (18.009) y Chubut (16.919). Falta de inversión y planificación estatal para prevenir los incendios en la Patagonia En marzo de este año se produjo, en la zona de la Comarca Andina -ubicada en el límite entre Río Negro y Chubut- un incendio devastador que duró varios días. Hay diversas hipótesis sobre lo que sucedió pero, afirma Jorge Chemes, “está claro que hubo un problema eléctrico“. El 9 de marzo pasado hubo grandes tormentas de viento y, por falta de mantenimiento del tendido eléctrico, las ramas de los árboles tocaron unos cables: fue la chispa que desató el fuego. “Desde ese momento a la actualidad el Estado proveyó a las casas incendiadas algunas unidades habitacionales bastante precarias, pero el problema no se llegó a resolver“, dice Chemes. Las localidades chubutenses de Lago Puelo, El Hoyo y Cholila, entre otras, dependen del servicio eléctrico de la Delegación de Servicios Públicos de Chubut. Desde marzo pasado, no se realizaron tareas de mantenimiento del servicio para prevenir nuevos incidentes. Además, hay un conflicto sindical porque los trabajadores de la delegación no tienen elementos de seguridad para su trabajo. “Eso se suma a la falta de inversión y mantenimiento del Estado“, contextualiza Chemes, que además es integrante de la ONG ambiental Taller Ecologista. Hace una semana el cortocircuito volvió a ocurrir. “Fue un desperfecto eléctrico en una línea de media tensión que está en el cerro Currumahuida y que abastece una antena de comunicaciones. Eso desató un incendio que al día de hoy no se pudo apagar“, dice el entrevistado. “Esto es debido a una falta de planificación y de inversión por parte del gobierno de Chubut. Puede volver a pasar en cualquier momento porque el sistema eléctrico está en pésimas condiciones“, agrega.  Por su parte, el incendio en el Lago Nahuel Huapi se originó por una tormenta eléctrica. Para Chemes, se trata de una consecuencia del cambio climático: “Esta no era una zona de tormentas eléctricas como se están dando ahora, cada vez con más frecuencia». Nuevamente, apunta a la desinversión estatal. El gobierno nacional informó que en Río Negro se desplegaron 86 brigadistas nacionales, un avión hidrante anfibio, dos helicópteros con helibalde pertenecientes al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SMNF); también se puso a disposición un avión observador. En Chubut, operaron 56 brigadistas pertenecientes a los equipos nacionales, a la Administración de Parques Nacionales y a la Policía Federal, junto al apoyo aéreo de dos aviones hidrantes, un helicóptero con helibalde y otro para traslados pertenecientes al SNMF. —¿Bastan estos recursos para abordar la problemática de los

Solo cinco días después de que la Legislatura apruebe una ley que posibilita la megaminería, el gobernador de Chubut anunció que derogará la norma y llamará a un plebiscito. Con masivas movilizaciones en toda la provincia, las asambleas socioambientales celebraron la derogación y afirmaron: “La opinión ya está en las calles, hay cientos de miles de votos contra la megaminería”. 28 de Diciembre de 2021 El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, informó esta tarde, a través de Twitter, que se derogará la Ley de Zonificación Minera y se llamará a un plebiscito. Tras la represión sufrida por el pueblo chubutense, Arcioni manifestó en la red social: «Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad». A continuación señaló: «Hemos decidido derogar la Ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial para escuchar todas las voces del pueblo». Activistas socioambientales ya advirtieron que no puede plebiscitarse una ley inconstitucional por violar derechos humanos y que el pueblo de la provincia ya expresó su posición en las calles. La Ley había sido promulgada por el propio Arcioni y publicada en el Boletín Oficial. Durante esta mañana trascendió que el gobernador Mariano Arcioni tenía intenciones de «suspender» la ley y de llamar a un plebiscito. Desde las asambleas socioambientales la respuesta fue clara: «Queremos la derogación, no vamos a aceptar otra cosa». Mientras tanto, en la Legislatura de Chubut fueron ingresados dos proyectos de derogación, que podrían tratarse mañana en la sesión ordinaria. La derogación solo puede producirse si es votada por la Legislatura, que mañana sesionará de forma ordinaria. Los partidos Chubut Unido y la Unión Cívica Radical ya ingresaron proyectos de derogación. Por su parte, los municipios de Puerto Madryn y el Hoyo ya habían anticipado que no adherirán a la ley provincial de zonificación minera. Los derechos no se plebiscitan Pablo Lada, de las Asambleas Ciudadanas de Chubut, confirmó a este medio que hay dos proyectos ingresados para derogar. «Las últimas novedades son que la diputada Gabriela de Lucía que responde al Sindicato de Empleados de Comercio acaba de anunciar que votó favorablemente a la ley y que ahora votará la derogación», agregó el activista. Respecto a la posibilidad de plebiscitar la ley de zonificación minera, Lada fue contundente: «Imaginate plebiscitar una ley que es inconstitucional por violar el artículo 169 de la OIT, que viola el Acuerdo de Escazú, que fue parida desde la corrupción. Pretenden que opinemos sobre eso y la opinión ya está en las calles: hay cientos de miles de votos contra la zonificación». Por su parte, Viviana Peralta, de la Asamblea de Esquel, confirmó que «algunos diputados que votaron a favor se están dando vuelta y dicen que van a escuchar al pueblo, así que creemos que esto se puede resolver mañana en la Legislatura». Es decir, en la sesión de mañana 21 de diciembre. La diputada provincial Leila Lloyd Jones confirmó al medio Radio 3 que este lunes el bloque “Chubut Unido” presentó un proyecto de derogación. A su vez, la Unión Cívica Radical presentó otra iniciativa en el mismo sentido. Por su parte, la diputada Belén Baskovc (PJ) apuntó que mañana estará «una vez más en Legislatura haciendo valer la voz del pueblo que pide la derogación del proyecto minero», por lo que acompañaría la iniciativa que da marcha atrás con la zonificación minera. En el año 2003, un 82 por ciento de la población de Esquel votó el “No A La Mina”, un plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la zona. Ese mismo año, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. En vistas de reforzar este mensaje, el movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020.  A pesar de esto, la dirigencia política provincial buscó avanzar contra toda posibilidad de judicialización de una norma que no cuenta con el aval popular. En la sesión del 2 de diciembre pasado, la Legislatura de la provincia había reformado  la ley de amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. En mayo de este año, la Legislatura chubutense votó en contra del proyecto de iniciativa popular con el que se intentaba cerrar las puertas a la futura explotación minera en esta provincia. La iniciativa había sido presentada en noviembre último por la Unión de Asambleas Ciudadanas, con 31.000 firmas. Una carta para pedir la derogación y el cese de la represión Más de 150 organizaciones ambientales, de derechos humanos y sociales difundieron este lunes un pronunciamiento demandando el cese inmediato de la represión en Chubut. Reclamaron además la derogación de la Ley XVII Nº 149 de Zonificación Minera sancionada el miércoles pasado, que habilita la megaminería en la provincia. Sostienen que de esta manera se alcanzará «la paz social» en la provincia. Entre las organizaciones que reclamaron a través de una carta la derogación de la zonificación minera se cuentan asambleas socioambientales chubutenses, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, la Red Nacional de Humedales, el Observatorio Petrolero Sur, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras. También firmaron el documento personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Enrique Viale, Masitella Svampa, Rita Segato, Nacho Levy y Marta Maffei. El pedido también recibió el apoyo internacional de México, Chile, Uruguay, Ecuador y España, entre otros. La carta denuncia graves violaciones a los derechos humanos: detenciones arbitrarias, golpes, uso injustificado de balas de goma, lanzamientos de gases e ingreso a comercios y lugares para detenciones sin orden judicial durante la represión policial ocurrida desde el 15 de diciembre en diversas ciudades de la provincia. «El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a los