El viernes 10 de diciembre ocurrió un nuevo derrame petrolero en la zona de Vaca Muerta, a 23 kilómetros de la localidad rionegrina de Catriel y a solo cinco kilómetros del río Colorado. Desde hace décadas que la población denuncia el accionar de las empresas. Las zonas de sacrificio y el costo socioambiental de Vaca Muerta. San Juan, 16 de Diciembre de 2021 Por Sol Arrieta Unos minutos antes del mediodía del 10 de diciembre, la rotura en un ducto de la empresa Oleoductos del Valle Sociedad Anónima (Oldelval) provocó el mayor derrame petrolero de la última década en la región norpatagónica. Daniel Lezcano es werken (vocero) de la comunidad mapuche Qüiñe Chraüm (que significa “un encuentro” en mapuzungun) y vive en el Lote 133 de lo que se conoce como “El Medanito”. “Cómo podemos vivir así, sabiendo que la actividad petrolera nos está afectando”, reclama. Y explica que, de las 625 hectáreas que poseen, 200 están afectadas con “pasivos ambientales” y “otros incidentes que vienen ocurriendo”. Lezcano explica que durante el fin de semana lo llamaron de diferentes medios de comunicación, pero ninguno se hizo eco del peligro concreto que implica el extractivismo para el ambiente todo: la noticia es el episodio como un hecho aislado y no como parte de un modelo. Oldelval, Petrosud, YPF y el derrame petrolero en Río Negro La empresa que explota ese territorio es Petróleo Sudamericano, a la que la estatal YPF otorgó la concesión en 2018. Oldelval es la mayor transportista de la zona, que tiene como principal accionista también a YPF, y es la encargada de llevar el petróleo que se extrae en Neuquén y Río Negro hacia el puerto Rosales, en Punta Alta (Buenos Aires), para desde allí distribuirlo a las principales refinerías del país. Petróleo Sudamericano explota la cuenca neuquina desde hace más de 25 años; desde 2018 con cuatro “bloques” en Río Negro, 347 kilómetros cuadrados de tierra, 14 yacimientos y 120 pozos perforados desde entonces, entre los que se encuentra el sitio donde se produjo el derrame petrolero del viernes. Fue denunciada por contaminación en diferentes oportunidades por las comunidades mapuches Qüiñe Chraüm y Bibiana García, sin éxito y con persecuciones penales como respuesta a quienes habitan el lugar, además de cortes de luz y otras medidas en búsqueda de amedrentar y silenciar los reclamos. “Actúan cuando el problema les estalla en la cara”, dice Lezcano con las pruebas frente a los ojos. Una de las denuncias contra la empresa es la quita de las tareas de saneamiento ambiental de los territorios a las empresas familiares del lugar, lo que facilitaba las actuaciones urgentes ante emergencias como el derrame petrolero del viernes, pero que tras la cesión de YPF a Petrosud se modificó. Falta de inversión, violación de derechos y contaminación Mauro González, el abogado que representa a las familias, explica que con el traspaso de la concesión de las tareas de saneamiento se violaron derechos de las comunidades inscriptos en la Constitución Nacional, de Río Negro y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. González afirma que con lo sucedido este viernes “explotó todo”. Afirma que el derrame petrolero comenzó a las 11:45, y recién a las 17 empezaron las tareas de contención: “Decían que demoraron por la falta de mantenimiento, por la reducción de personal y por la falta de empresas dedicadas a eso”. Esto último estrechamente relacionado con las denuncias previas a la empresa. “Estamos ante la presencia de un derrame petrolero muy grande, muy grave”, asegura Martín Álvarez, del Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Cuestiona la falta de información oficial y remarca que “sería muy bueno que la Justicia pueda intervenir y ver cuáles son las condiciones que tiene la infraestructura, porque no hay inversión; justamente lo que venía denunciando la comunidad Qüiñe Chraüm, que está en la zona y que sus campos se están viendo afectados producto de la desinversión que han hecho las empresas petroleras y la falta de mantenimiento, lo que genera accidentes de manera recurrente”. Recién 48 horas después del derrame, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro difundió información sobre el alcance: unos 1500 metros cúbicos de crudo invadieron 20.000 metros cuadrados de superficie. Aunque dicen que la empresa ya recuperó casi todo el petróleo perdido, como si fuera ella la damnificada, para la tarde de este lunes se anuncian lluvias en el lugar y eso puede implicar mayor drenaje de los restos. El integrante de Opsur señala que la Secretaría de Ambiente de Río Negro “está muy cuestionado por parte de todo el movimiento socioambiental, ya que quien está a cargo de la cartera de Ambiente es una empresaria del sector, Dina Migani, que tiene empresas de químicos para las petroleras como su principal cliente”. “Ahora se están evaluando las consecuencias, qué plan de remediación y qué multas se van a realizar”, detalla Álvarez y agrega que “también es muy importante cuestionar el nivel de impunidad que suelen tener las petroleras, porque muchas veces no pagan las multas, tienen sanciones y terminan no pagándolas o muy fuera de término, muy poca plata, hay que dar un cambio en la lógica del control y eso no se puede hacer teniendo a funcionarios que son parte de la industria”. Siete décadas de extractivismo petrolero e impunidad La Asamblea Ambiental Coli Leuvú de Catriel repudia lo sucedido: “La localidad de Catriel y sus inmediaciones sufre desde hace décadas derrames constantes de agua de producción y crudo en distintas magnitudes, desde muy pequeñas hasta algunas muy grandes, son moneda corriente, es decir, sucede todos los días del año”, afirman. Remarcan que esta contaminación vulnera de manera permanente la salud y la capacidad de resiliencia del ambiente, como de las personas que viven tanto en el campo como en la zona urbana. “Desde 1959, año que descubren el primer pozo petrolero en la zona, Catriel y sus inmediaciones están lleno de pasivos ambientales, más lo que se suma año a año”, denuncia la Asamblea en

El polémico proyecto, criticado por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet, fue aprobado por 14 votos afirmativos y 11 negativos. San Juan, 16 de Diciembre de 2021 Con el llamado a una sesión ordinaria sorpresa, la Legislatura de la provincia del Chubut aprobó anoche el proyecto de zonificación minera resistido por varios sectores de la sociedad de esa provincia. El polémico proyecto, criticado por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet, fue aprobado por 14 votos afirmativos y 11 diputados provinciales que se pronunciaron de forma negativa. Hubo dos diputados ausentes. La iniciativa oficial permitirá la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo, en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre, y es activamente resistida por buena parte de los movimientos sociales chubutenses. Se trata de la reglamentación de la Ley 5.001 que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en la jurisdicción, pero que en uno de sus artículos permite que se determinen áreas en las que podría permitirse. Quienes se oponen al proyecto oficial, hecho casi a la medida de la empresa candiense Pan American Silver que espera hace 11 años explotar el proyecto Navidad en la meseta, y sostienen que la compañía, que busca explotar plata y plomo del yacimiento, usará un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato. Para evitar las prohibiciones legales provinciales al uso de cianuro en la megaminería, las compañías aseguran que usarán un método más amigable con el ambiente: se trata de un proceso de flotación que usa reactivos y detergentes a los que se pegan los minerales. El xantato y la policriamida son dos de los reactivos rechazados por los vecinos por su potencial contaminante. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico. Aunque no existe una normativa que en la Argentina prohíba el uso de esta sustancia, hubo un proyecto en el Senado en 2015 que nunca prosperó. A pesar del debate ambiental que genera la megaminería, las polémicas por el proyecto oficial no están relacionados con esa cuestión. Así consiguieron las adhesiones de los sectores gremiales. La flamante ley eleva el bono compensador minero al doble del monto original y se crea un canon inicial de entre 5 y 10 por ciento de la inversión total de cada proyecto. Además, se da participación a sindicatos y se eleva el monto para municipios que apoyen la iniciativa. Y se reservan fondos para pago de deuda provincial. El proyecto Navidad es un yacimiento de plata, cobre y plomo que Pan American Silver adquirió en 2009, a 35 kilómetros de Gastre. El bloque principal abarca cuatro áreas –Navidad Oeste, Navidad Este, Navidad Oeste 1 y Navidad Este 1– cada una de ellas de una superficie de 2.500 hectáreas, a las que se agregan tres áreas contiguas (Pampa 1, Puente 1 y Puente 2), cuyos derechos pertenecen a la operadora Minera Argenta S.A. El estudio preliminar estimaba una producción de 15.000 toneladas diarias, en promedio, considerando una vida útil de la mina de 18 años. Según el mismo análisis, publicado en la página web de la compañía, la producción de la planta de procesamiento iba a ser de 20 millones de onzas anuales durante los primeros cinco años y luego, un promedio de 16,5 millones de onzas de concentrados de plata-cobre y plata-plomo, que serían exportados para su refinación. “Hicieron una gran maniobra distractiva. Sacaron una sesión ordinaria de la manga. La habían llamado para mañana. La inventaron. Así se manejan. La foto de esto hay que mirarla desde hace un año en la que se ve que estamos ante una de las legislaturas más corruptas de la historia”, dijo Pablo Lada, unos de los vecinos autoconvocados que estaba fuera de la Legislatura reclamando. “A espaldas de la sociedad y de una manera grotesca, esto demuestra cómo la minería no sólo degrada el ambiente sino también la democracia. Hay marchas en toda la provincia, esto es un avergüenza”, opinó Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina. Entre quienes votaron a favor, está el presidente de la comisión, el diputado Sebastián López, expulsado del PRO luego del escándalo que develó una cámara oculta en la cual pedía 100.000 pesos para votar a favor de la minería. López no negó el hecho, sólo dijo en su favor que no era diputado en ese momento, sino que cumplía funciones en la Anses. Por esta razón fue expulsado del Pro, partido por el cual fue elegido, y no tuvo ni siquiera el decoro de abstenerse de votar. Para Lada, miembro de la Unión de Asambleas de la Comunidades de Chubut, el xantato es tan dañino como el cianuro e insiste en que se discuta la iniciativa popular. “Ya arruinaron el río Loa en el norte de Chile. El proyecto popular es muy claro, rechaza la minería química y cualquier actividad nuclear. Según la Constitución chubutense están obligados a debatir antes de julio ya que ingresó el proyecto a fin de año con 31.000 firmas, el 7% del padrón, el doble de lo que exige la ley”, detalló Lada. En Chile, en 1997 la rotura de un dique de contención de una minera contaminó con ácido sulfúrico, xantato y cobre disuelto el río Loa, que desde ese momento no registra vida en su curso. Quienes aprobaron la iniciativa oficial, señalaron entre sus argumentos, que el agua que se usará para la producción está dentro de una cuenca endorreica y no perjudicará al río Chubut, que abastece a la mitad de la población de la provincia. Sin embargo, estudios técnicos indican que las proyecciones de baja del caudal a causa de la crisis climática y que la cuenca del Sacanana podría ser un reservorio en tiempos de escasez. “El Chubut es, en verdad, otro río chico, sobre todo si se lo compara con sus pares patagónicos —51 metros cúbicos por segundo frente a los casi 800 m3 del río Santa Cruz o los más de 1.000 m3 del río Negro—. Hoy, es