La prórroga por cuatro años fue votada por 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones de senadores de la oposición. La iniciativa pasará a ser tratada en Diputados. San Juan, 2 de Noviembre de 2021 El Senado aprobó este jueves y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, durante una sesión en la que el oficialismo reclamó a la oposición «no mezclar» el accionar de grupos vandálicos en el sur del país con las necesidades de las comunidades aborígenes. La prórroga por cuatro años de la emergencia territorial fue votada por 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones de senadores de la oposición, durante la segunda sesión con presencialidad plena que se desarrolla hoy desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus. Los senadores del radicalismo, Ernesto Martínez y Julio Martínez, votaron en contra del proyecto con el argumento de que perjudica la resolución judicial de ocupaciones ilegales de tierras en estas comunidades, mientras que otros siete legisladores de Cambiemos se abstuvieron de emitir su voto. Se trata de los senadores de PRO, Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, y sus pares de bancada por el radicalismo Pamela Verasay y Oscar Castillo, así como de Roberto Basualdo, Juan Carlos Romero y la santafesina Alejandra Vucasovich. El texto aprobado prorroga los plazos de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025, que declaran la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras. También se dispone la asignación, para los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de esta ley, de un crédito de 290 millones de pesos destinados al fondo especial creado por la citada ley de comunidades indígenas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá presentar un informe anual que detalle el estado de avance de estados catastrales. Cuando promediaba el debate, senadores del oficialismo rechazaron acusaciones de sus pares opositores sobre supuestas posiciones permisivas hacia grupos vandálicos a los que algunos vinculan con la comunidad mapuche en el sur del país y les reclamaron que «dejen de mezclar las cosas» para obtener «réditos electorales». El senador del Frente de Todos (FdT) por Chubut, Alfredo Luenzo, cruzó a su par de Juntos por el Cambio (JxC) Ernesto Martínez al asegurar que «la derecha necesita de un enemigo en un escenario electoral» y reclamó a la alianza opositora dejar de utilizar las palabras «terrorismo y subversivos» para referirse al conflicto en el sur, que, dijo, «son, conceptos muy caros en Argentina». Martínez, que lo había antecedido en la palabra, denunció que el Estado «se la pasa retrocediendo en la defensa de su integridad territorial, asustado porque un grupo de disfrazados lo saca de la categoría de bienpensante o sensible de las causas bellas». El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, consideró que «esta reparación está bien» y que en un Estado de derecho rigen la Constitución y las leyes y que esta ley «no es ningún factor de impedimento» para que la Justicia actúe en el caso de usurpaciones ilegales de tierras. «No hay que mezclar. Hay gente que está oprimida y en la pobreza, no podemos seguir indefinidamente (con las prórrogas) pero no podemos echarle la culpa a toda la comunidad aborigen lo que hace un grupo de delincuentes», subrayó. La autora de la propuesta, la senadora del Frente de Todos por Salta, Nora Giménez, consideró que se trata de «una deuda histórica y una responsabilidad como política de Estado» así como «una herramienta de pacificación» para evitar conflictos por tierras. La legisladora explicó que se trata de «una responsabilidad garantizar la paz social y que no se reabran estos conflictos (por las tierras) a lo largo y ancho del país y que esta sea la última prórroga que se otorga». «Otorgamos esta herramienta para completar los relevamientos técnicos» sobre la cantidad de tierras de comunidades aborígenes en el país y abogó en favor de que «la próxima discusión sea el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar la entrega definitiva de la tierra». «Será -dijo- un acto de profunda justicia social» y recordó que la ley fue aprobada en 2006 durante la gestión de Néstor Kirchner como «una clara respuesta al clamor de pueblos originarios frente al riesgo de la pérdida por acciones judiciales y por la ocupación efectiva de sus tierras». La legisladora destacó la importancia de completar los relevamientos catastrales de las comunidades y dijo que gracias a esta iniciativa de 950 comunidades se terminó relevando unas 988. En representación de Juntos por el Cambio, el senador por Chaco Víctor Zimmerman propuso modificaciones al texto original, algunas de las cuales fueron aceptadas por el oficialismo. La oposición proponía fijar una fecha concreta al reconocimiento de las comunidades, un tope para que no se sigan constituyendo comunidades después de aprobada la norma, para que se termine el diagnóstico y a partir de ahí diseñar políticas públicas, explicó Zimmerman. También sugirió dar «mayor participación a los gobiernos provinciales». Fuente: Télam

La norma que promueve medidas urgentes para enfrentar la epidemia de enfermedades no transmisibles fue aprobada en la Cámara baja luego de largos meses de lobby empresarial. El voto contundente de todos los bloques mostró la consistencia de las razones que la impulsaron. El rol de las organizaciones sociales y lo que viene: “Ahora vamos por la promulgación y la reglamentación”. San Juan, 2 de Noviembre de 2021 Por Nahuel Lag Once meses después de la media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó por 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones la Ley de Promoción a la Alimentación Saludable, popularizada como Ley de Etiquetado. La norma fue impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef en toda la región e impulsada, a nivel local, por las organizaciones de la sociedad civil y profesiones de la salud y la nutrición —reconocimiento presente en los discursos de un debate de más siete horas—. La Ley obligará a las empresas alimenticias a informar de forma clara los excesos en nutrientes críticos; promueve la educación alimentaria y los entornos escolares saludables y recomienda al Estado a la compra de alimentos frescos de economías regionales y de la agricultura familiar. La promulgación y la reglamentación son los próximos pasos, ya en manos del Poder Ejecutivo, y las organizaciones advierten que serán claves para que se respete lo debatido durante años hasta la aprobación de anoche.  Una ley demorada, pero indiscutible   Los meses de demora parlamentaria, las campañas en redes sociales por #EtiquetadoClaroYA, el pedido de frenar el “Exceso de Lobby”, que se popularizaron en las redes sociales y en las calles desde la media sanción en el Senado parecieron quedar atrás en pocas horas, incluso tras la experiencia de hace solo quince días, cuando el bloque de Juntos por el Cambio se negó a dar quórum. Los 200 votos a favor borraron las grietas en las posiciones de los bloques que, incluso con disidencias parciales, respaldaron la norma que busca impulsar políticas públicas para enfrentar la epidemia de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles —diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares— que tienen la mala alimentación como punto de partida y provocan en la Argentina 140 mil muertes al año.  La advertencia con un octágono negro sobre “Exceso en” los nutrientes críticos de azúcar, sodio, grasas y calorías; y la advertencia especial para niños y niñas en los que contengan edulcorantes o cafeína, comenzará a ser una realidad en las góndolas por “la mejor evidencia científica sin conflicto de intereses”, una frase repetida por las organizaciones de la sociedad civil durante todo el debate —con base en estudios de la OPS, el Ministerio de Salud y organizaciones de profesionales— y llevada al recinto ayer por los legisladores.  “La ley de etiquetado va a subir un escalón en la prevención de la salud y en la garantía de los derechos de todos los argentinos y argentinas«, valoró en la apertura del debate la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, quien encabezó los audiencias de debate de la norma al frente de la Comisión de Legislación General. «El 66 por ciento de la población argentina tiene exceso de peso, el 32 por ciento tiene obesidad, el 40 por ciento padece presión arterial elevada, el 30 por ciento tiene colesterol elevado y el 41 por ciento de los niños y adolescentes tiene exceso de peso», enumeró Moreau y dio cuenta de la emergencia sanitaria por la cual precisaba una norma que mejore los hábitos alimenticios.  Desde la bancada de Juntos por el Cambio, después del faltazo de principios de octubre, la radical Brenda Austin valoró que se dejara de lado la grieta y se priorice la «defensa del derecho a la salud». «Esta ley es necesaria porque estamos frente a una gran epidemia: la del sobrepeso«, sostuvo Austin y agradeció a organizaciones de la sociedad civil que «ayudaron a respaldar con evidencia, información y acciones que derribaron mitos«. En ese misma línea se expresó el diputado radical Alejandro Cacace, a cargo del cierre del debate por Juntos por el Cambio, quien defendió que se elija «el derecho a conocer qué se consume y el impacto que tiene en la salud» y destacó el nivel de información científica que avala la norma: “Hay 14 estudios a nivel internacional y todos ellos concluyen que la mejor alternativa es la del etiquetado frontal de alimentos. De 2016 hasta la actualidad más de 30 países implementaron o están en proceso de adopción del etiquetado”.  La norma se popularizó por el etiquetado frontal —la medida más inmediata, visible y combatida por el lobby de la industria alimenticia local, con la Copal, la misma que se opone al congelamiento de precios, a la cabeza—, que ya se implementa en Chile, Uruguay, Perú y México. Pero también impulsa al Estado a que realice las licitaciones de compra para comedores escolares y planes alimentarios priorizando a las economías regionales y productos frescos de la agricultura familiar.  La diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe, a cargo del cierre del debate, valoró la reforma integral propuesta por la ley, el “empoderamiento” de la sociedad al conocer “la verdad de qué hay detrás de esos paquetes coloridos y esos sabores adictivos”; y se animó a señalar la ley como «una herramienta de soberanía alimentaria”. “Detrás de lo que consumimos está también el modelo de producción que alentamos”, indicó Lampreabe poniendo el acento en un tema que está en tensión dentro del Gobierno con el impulso a la agroindustria y la defensa del actual sistema agroalimentario.   Los argumentos en favor de la Ley también se notaron en el agradecimiento del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la norma, luego de que lo señalaron como uno de los responsables de la demora del tratamiento. También estuvo presente el reconocimiento y respaldo a la norma del diputado oficialista y presidente de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin, a pesar de la influencia del sector azucarero. Y la presencia en el recinto de la ministra