Los tiempos corrientes denotan movilizaciones indígenas en todo el territorio que hace a la Argentina. Desde el sur hasta el norte, los conflictos por los territorios, la defensa de recursos naturales y las denuncias por escases de los mismos en algunas geografías donde habitan comunidades, lleva a la constante movilización de pueblos naciones indígenas. En Salta, diferentes pueblos naciones llegaron este lunes a la capital de la provincia a exigir y denunciar por condiciones de vida dignas. San Juan, 25 de Octubre de 2021 Las Comunidades Indígenas llegaron a la capital de Salta, la marcha inició el lunes 18 desde diferentes comunidades y parajes de Tartagal, con una clara misión: dar a conocer los reclamos territoriales, falta de agua, acceso a la salud y viviendas entre otras problemáticas que afectan el desarrollo de las Comunidades. Solicitan al gobierno de la provincia soluciones urgentes. Al respecto, habló con Radio Nacional Salta Marcela Calermo, dirigente de la Comunidad La Mora, del Pueblo Wichi de Tartagal. Fuente: Radio Nacional

Qué hay detrás de los conflictos con las comunidades mapuches. San Juan, 25 de Octubre de 2021 Desde hace poco más de un mes la ruta 6 que atraviesa la Cuesta del Ternero, en Río Negro, está bloqueada por la policía provincial y un grupo especial de esa fuerza para impedir la llegada de alimentos y abrigo a la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu, que protagoniza un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales. Una denuncia penal sin acusados/as (NN) desembocó en un violento allanamiento: algunas personas quedaron en el cerro, otras en la ruta, donde se gestó un acampe solidario con gente de otras comunidades que a la vez opera como resguardo. En los operativos fue agredido un niño de 8 años, que hoy duerme con su madre en ese camino militarizado. Los policías que le clavaron una rodilla en la espalda ahora vigilan en su trayecto ida y vuelta a la escuela todos los días. Hasta ahora todos los habeas corpus y recursos judiciales fueron rechazados sin más. La judicialización, y en ocasiones los allanamientos ilegales, promovidos por los estados, lejos de lograr una salida empeoran la conflictividad y se han cobrado vidas, como la de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.  «Terrorismo», de Patricia Bullrich a Arabela Carreras El del Lof Quemquemtreu es uno entre decenas de conflictos similares que hay en la provincia que gobierna Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), quien ha decidido asociar una serie de incendios intencionales recientes al pueblo mapuche y reflotar su estigmatización bajo la acusación de «terrorismo», como hizo el gobierno de Mauricio Macri a través de la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad. Otra práctica que la mandataria quiere replicar es la intervención de fuerzas federales, por lo que hizo un reclamo al gobierno de Alberto Fernández que se resistía a mandar gendarmes porque no observa un peligro para la seguridad nacional (como requiere la ley de Seguridad Interior) lo que fue utilizado por la oposición para castigar al oficialismo. Ahora Carreras, en la misma línea de acusaciones pretende que actúe la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).  A su vez, el interés empresario que pretende desacreditar los reclamos territoriales fue sincerado, este semana, por el llamado Consenso Bariloche, que nuclea a cámaras empresariales, de turismo y entidades varias, todos defensores de la propiedad privada, que se montaron a la escalada de violencia simbólica y material con impronta racista contra los indígenas, recurriendo también al término «terrorismo» y haciendo que se multiplique en medios de comunicación. El resultado es una gran fake news: como si el problema fuera la «violencia mapuche», y no otra cosa.   «El proceso de recuperación territorial que lleva adelante el pueblo mapuche toca fibras íntimas vinculadas a los negocios inmobiliarios, mineros, ganaderos. Hay territorios en recuperación que están en manos de privados y de Parques nacionales. Existen élites que se han beneficiado y apoderado de la Patagonia, que mantienen un poder político e influencia directa sobre el aparato judicial, lo que genera una vulneración derechos sobre el pueblo mapuche tehuelche, que habita acá de por siempre», explica a Página/12 Mauro Millán, lonko de Pillán Mahuiza. En mapuzungun, la lengua mapuche, se llama «lonko» a quien encabeza una agrupación territorial, familiar, política. «El conflicto viene de larga data. Pero es un error hablar de la comunidad mapuche: de la provincia de Buenos Aires para abajo somos más de mil comunidades rurales más organizaciones y gente que vive en las ciudades. Somos un pueblo con multiplicidad de expresiones», pide distinguir Millán.  Propiedad originaria Un Informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que conduce Magdalena Odarda, muestra que Río Negro es la única provincia que no aplica la Ley 26.160 o Ley de Tierras, vigente desde 2006 que obliga a los estados nacional y provinciales a hacer un relevamiento de las comunidades originarias, las tierras que habitan y su relación histórica con ellas, para que algún día se les entreguen los títulos de propiedad originaria. Apunta a cumplir con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución que dice que atañe al Congreso «reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos». Pero en la provincia se han exacerbado las disputas con denuncias judiciales y la línea de conducta de jueces/zas y fiscales les ha sido funcional, al no propiciar instancias de diálogo o hacerlo sin las representaciones adecuadas (como el INAI y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas). Sólo dos comunidades fueron relevadas, la Lof Buenuleo y la Lof Quijada cuando iban a ser desalojadas.  En las provincias donde existen mesas de negociación y organismos especializados, la conflictividad disminuyó de manera notoria o está neutralizada, como –por ejemplo– en Neuquén. En Río Negro –zona favorita del magnate Joe Lewis– ninguna comunidad indígena tiene título comunitario; en Neuquén ya se hizo el trámite con más de 500.000 hectáreas. En esa provincia, además, la justicia objetó los allanamientos ilegales y citó a indagatoria al exjefe de gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, mientras que ella está imputada. De más de 2000 comunidades indígenas identificadas en el país hasta 2019, solo 100 tienen título de propiedad comunitaria, aunque no se aplicó la ley indígena.  El INAI impulsa un programa de «tierras aptas y suficientes» y que sea declarado sitio sagrado indígena el lugar donde la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel, en Villa Mascardi. Allí radica uno de los conflictos más duros. En Chubut, donde las comunidades reivindican muchos terrenos de la Compañía Tierras del Sud Argentino SA (Grupo Benetton), recién ahora avanzan tratativas para retomar el relevamiento territorial. En el Lof en Resistencia de Cushamen fue donde murió Maldonado tras una cacería de Gendarmería habilitada por directivas el entonces ministerio de seguridad para supuestos casos de «flagrancia». Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero son otras provincias donde hay alta tensión, pero en las dos primeras ya se iniciaron los relevamientos territoriales y eso modera la confrontación.  «Hay un andamiaje de derechos indígenas que no son aplicados porque el aparato judicial está colmado de jueces racistas y supremacistas. Hay un listado interminable de gente imputada, procesada, entre ellos yo, con

En un escenario de expulsiones con escrituras truchas y compras masivas de tierra hasta por príncipes árabes, las protestas «en defensa de la propiedad privada» se ensañan con los reclamos de las comunidades. Un análisis de un conflicto de 140 años. San Juan, 25 de Octubre de 2021 “Al individualismo nosotros le oponemos lo solidario, y ante los emprendimientos de barrios privados proponemos una mirada más justa sobre la distribución de la tierra” sostiene Orlando Carriqueo, desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro. Habla desde las afueras de Bariloche, al concluir la actividad que el sábado a mediodía incluyó una olla popular bajo la consigna “Tierras aptas y suficientes para las comunidades y acceso a la tierra para los barrios populares”. Para el dirigente indígena la problemática plantea una paradoja: “Mientras hay comunidades que reclaman por 30 hectáreas y son cuestionadas, Lewis tiene todo un lago y Benetton tiene un millón de hectáreas, no hay una misma mirada sobre los territorios ni las personas, y lo que intentamos es poner foco en la tierra como un problema social que nos abarca a todos”. “En la Patagonia, desde la Conquista del Desierto hasta nuestros días, la tierra es un espacio de conflicto” define Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en relación al conflicto que involucróa las organizaciones indígenas desde que hace una semana, un grupo de vecinos salió a protestar contra una comunidad asentada a orillas del Lago Mascardi con el reclamo “en defensa de la propiedad privada y para que todos podamos disfrutar del lago”. “Pero no van a reclamar a Lewis, que ocupó las orillas del Lago Escondido comprando a precio vil”, esgrimen desde las organizaciones. “Lo de Bariloche es mínimo en relación a las manifestaciones violentas que se viven en las ciudades grandes, pero hay xenofobia y discriminación racista en su composición social”, plantea Odarda. Esa protesta expresó una necesidad “por excluir al otro, desde una mirada racista” sostiene la funcionaria. La problemática involucra la extranjerización de tierras y el uso de los recursos naturales. En paralelo, muestra la desprotección a la que vuelve a quedar expuesto el poblador originario ante el avasallamiento del Estado, expulsado por la conquista y desalojado por los terratenientes que adquieren tierras de manera fraudulenta.Pero el conflicto, que volvió a escena con la protesta contra la comunidad Lafken Huincul Mapu, incurre en una doble falsedad, señala Odarda: “El avasallamiento a la propiedad privada no es tal, porque se trata de un Parque Nacional, no es privado”, especifica. “Y se quejan por Bariloche, pero no dicen nada de otros setecientos predios que ocupan privados en otras fracciones de otros parques, ni de Lewis, ni del príncipe de Qatar que también tienen propiedad sobre espejos de agua, que compraron a precios irrisorios”, declara. Y se preocupa, porque “se mira con otros ojos al pueblo mapuche, que es preexistente, y tiene derechos consignados en la constitución”. Las comunidades suman a la disputa por el espacio físico, un valor simbólico, el que implica culturalmente una pertenencia. Esas tierras integran la vida comunitaria, hasta el genocidio ejecutado por la campaña militar de 1879. Y no fue sino hasta la reforma constitucional de 1994 que el Estado reconoce la preexistencia y los derechos ancestrales de estos pueblos. Y con esto, la propiedad comunitaria de la tierra, sostienen quienes investigan la problemática, como la antropóloga Laura Kropff, quien dirige el exhaustivo Relevamiento Territorial en Río Negro. La primera avanzada de ese trabajo, realizada entre 2012 y 2015, dio como resultado una publicación bajo el título: “La tierra de los otros”, editada en 2019 por la Universidad Nacional de Río Negro. “Hoy estamos trabajando para ordenar la información y las denuncias, y reactivar el Relevamiento Territorial”, asegura a Página/12, el Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks. En la documentación relevada la zona andina se presenta como de alta conflictividad. “El departamento de Bariloche concentra casi la mitad –el 43 por ciento— de las denuncias recibidas entre 2012 y 2015 por la comisión que abordó el relevamiento” consigna el informe. “Son irregularidades en la transferencia de tierras fiscales a manos privadas –sostiene la antropóloga Valeria Iñigo, en esa investigación–, y son conflictos sobre la propiedad de la tierra, pero también sobre el uso de los recursos naturales”. Algunos de ellos se visibilizaron por las protesta y demandas colectivas que tomaron estado público nacional. “El caso emblemático a fines de los ‘90 fue por el acceso a Lago Escondido que involucra al magnate ingles Joseph Lewis, y se reactivó cuando la empresa Laderas –que en la zona se adjudica también a Lewis-, intenta un desarrollo turístico que involucra la naciente de cursos de agua. Esto generó una movilización masiva –con diez mil personas– en El Bolsón y un acampe en defensa del agua y de la tierra”. Cuatro días después de ese evento, multitudinario para la zona, se desato la represión sobre Cushamen, en Chubut, a 70 kilómetros de El Bolsón, y cuyo desenlace inmediato fue la desaparición de Santiago Maldonado. La mirada discriminadora se instala desde que el Estado determinó el exterminio indígena para correr las fronteras sobre la Patagonia y el Gran Chaco. A partir de entonces “surgen dos maneras de tratar la legitimidad de la propiedad de la tierra, porque claramente hay actores considerados más legítimos que otros”, explica Kropff sobre la entidad que el Estado concede a un extranjero, al avalar la adquisición “a precio vil”. “El Estado se constituye definiendo un ciudadano ideal –detalla Kropff— y se distingue de aquellos externos a la Nación y también de otros internos, que no cumplen los requisitos”. En función de eso se ejerce la soberanía. Pero Kropff advierte sobre la traza histórica: “Paradójicamente los extranjeros que no pertenecen a la Nación, parecen estar más legitimados para hacerse de las tierras, que aquellos que fueron sometidos y ocupaban libremente el territorio con anterioridad”. Hoy existe un sentido común que admite que los extranjeros se adueñen de esas tierras y tengan más derechos que los que fueron subyugados