Cada 30 de agosto, desde hace 11 años, se conmemora el Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Dicha fecha fue fijada en el año 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
Esta fecha constituye un aporte al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas -catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. Se inscribe, asimismo, en el trabajo que los organismos de derechos humanos realizan para influir en las políticas publicas nacionales e internacionales con el objetivo de prevenir toda forma de autoritarismo y consolidar la vigencia de los derechos y libertades.
En la historia inmediata de los países latinoamericanos, la desaparición forzada de personas se presenta como un práctica represiva continua para la resolución de conflictos políticos. En las regiones del Cono Sur de América, durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, la práctica de la desaparición forzada fue generalizada y sistemática, ejecutada por los mismos Estados nacionales, los cuales, en coordinación de políticas represivas, diseñaron maquinarias de desaparición forzadas transfronterizas.
Otros casos de diseños represivos de desaparición forzada, suceden en países como México. Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la fecha, en México han desaparecido 49,581 personas, de las cuales, 24.7% son mujeres, así lo reveló la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
La desaparición forzada también se presenta como amenaza para activistas y defensores de territorios ante los avances de proyectos extractivistas. En Argentina, el caso de mayor resonancia fue la desaparición de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue desaparecido durante 2 mese y, tras la presión social, apareció en octubre de 2017.
