Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. presentó su denuncia hace diez años y recién ahora la CIDH cerró su petición, pero puede servir como para prever las respuestas que podría dar en los otros 17 casos que aún siguen abiertos en ese organismo internacional. 5 de Julio 2021 Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo homónimo del comandante del Primer Cuerpo, es uno de los marinos condenados a prisión perpetua por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Pero es también uno de los tantos represores que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –el organismo internacional que vino hace casi 42 años para sacar a la luz los crímenes que ellos buscaban ocultar– para denunciar el proceso de verdad y justicia que se lleva adelante en el país. Sin embargo, el “hijo de Sam”, como lo conocían en el campo de concentración de la Avenida del Libertador, recibió una mala noticia días atrás: la CIDH declaró inadmisible la denuncia que hizo hace casi diez años. Suárez Mason (hijo) fue uno de los oficiales rotativos que tuvo el grupo de tareas de la ESMA. Los sobrevivientes lo recuerdan siempre pulcro, preocupado por el orden y con acceso a distintos espacios del centro clandestino. Andaba por el sótano –el sector dedicado a las torturas–, por el Dorado –donde habitaban los oficiales de inteligencia– y también por la llamada pecera, donde detenidos y detenidas eran obligados a hacer trabajo esclavo. Entre el 15 de agosto y el 1 de noviembre de 1977, en una de las peores épocas de la represión, ese joven capitán de fragata estuvo destinado a la ESMA. Al “hijo de Sam” lo detuvieron en noviembre de 2006, y en 2017 el Tribunal Oral Federal 5 lo condenó a prisión perpetua, pena que purga en el penal de Ezeiza. Ese expediente aún no fue revisado por la Cámara Federal de Casación Penal. En el interín, el 26 de diciembre de 2012, Suárez Mason Jr. hizo una presentación ante la Comisión en la que denunciaba, entre otras cosas, que llevaba muchos años encarcelado sin obtener una sentencia. Recién ahora la CIDH cerró su petición, pero lo que señaló en su caso puede servir como para prever las respuestas que podría dar en los otros 17 casos que aún siguen abiertos en ese organismo internacional, según lo que pudo reconstruir este diario. La CIDH respondió concretamente que la detención fue siempre legítima, que las disposiciones en el país no son arbitrarias ni lo fue la aplicación de la ley en el caso de Suárez Mason. “Es particularmente excepcional el hecho de que el peticionario sea, en efecto, una persona juzgada y condenada por crímenes de lesa humanidad; y es muy contundente la circunstancia de que sean treinta y cuatro causas penales las que se le hayan iniciado en su contra por hechos distintos”, argumentó la CIDH. “Es igualmente plausible –en este caso– el argumento esgrimido por el Estado según el cual el tipo de delitos atribuidos al peticionario ameritaban un ejercicio investigativo más complejo y una actividad judicial más intensa”, agregó. Los otros reclamos Como Suárez Mason, hay otros represores que recurrieron a la CIDH para denunciar que sus derechos no son respetados. Entre otras, están las siguientes presentaciones, según pudo saber Página/12: Juan Daniel Amelong: abogado y exmilitar, es una de las caras conocidas de la represión en Rosario y uno de los represores que suele usar parafernalia contra los juicios: escribe mensajes contra quienes lo juzgan en una vincha o en su maletín. Tiene tres condenas, una a perpetua. Lucio Nast: policía retirado de Santa Fe, condenado en la causa Feced II a 16 años de prisión y en la causa Feced III- IV a 22 años. Durante la pandemia fue beneficiado con el arresto domiciliario. Hay otros represores condenados en las causas Feced que acudieron a la CIDH: José Carlos Scortechini, Julio Fermoselle y Ernesto Vallejo. Eduardo Ramos Campagnolo: policía retirado de Santa Fe apodado “Curro”, tiene cuatro condenas (dos a prisión perpetua). Carlos Gallone: represor emblemático de Coordinación Federal, falleció el 18 de mayo pasado mientras purgaba dos condenas, una perpetua y otra de 25 años. Carlos Alberto Yanicelli: integró la patota del D2 de Córdoba y condujo la policía provincial durante el gobierno de Ramón Mestre (padre). Tiene dos condenas de prisión perpetua y una de 18 años. Ricardo Lardone: personal civil de inteligencia, integró el destacamento 141 y el comando Libertadores de América antes del golpe. Fue parte de la patota de La Perla en Córdoba. Tiene tres condenas de prisión perpetua. Oreste Padován: suboficial del Ejército especializado en inteligencia e integrante de la patota de La Perla, tiene dos condenas a prisión perpetua. Pedro César Guerrero: uno de los guardias de la Unidad 9 de La Plata, condenado en 2011 a nueve años de prisión. Carlos María Romero Pavón: exjefe de la sección Reunión Interior del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, tiene dos condenas a prisión perpetua en los juicios de La Cacha y la Brigada de San Justo. Ninguna está firme. Afronta actualmente el juicio de las brigadas. Roberto Grillo: oficial de la brigada de Investigaciones de La Plata y de Arana, condenado a prisión perpetua en el juicio por el Circuito Camps en 2012. Esa sentencia todavía no está firme. Alejandro Duret: oficial de inteligencia en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul al momento de la desaparición de Carlos Labolita, el amigo de Néstor y Cristina Kirchner. Inicialmente absuelto en 2009, fue condenado a 15 años de prisión en Casación. La Corte aún no confirmó su condena. Las demoras a la hora de revisar las sentencias por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, y particularmente de la Corte, terminan siendo funcionales a los intereses de los represores que buscan impugnar el proceso de justicia ante organismos internacionales. Por eso, días atrás, organismos de derechos humanos le pidieron que intervenga al relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Fabián Salvioli, para que el máximo tribunal agilice su agenda. Por lo pronto,

Elisa Loncon Antileo (58 años), mujer mapuche, madre, profesora, defensora de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, nació en la comunidad mapuche Lefweluan, comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, en la Araucanía. Su lengua materna es el mapudungun, habla, además, castellano e inglés. Ayer fue electa como presidenta de la Convención Constitucional en Chile. 5 de Julio de 2021 Durante la dictadura cursó sus estudios primarios y secundarios en Traiguén, ingresó a la Universidad de la Frontera en Temuco graduándose de Profesora de Estado mención en inglés, vivió en el hogar universitario mientras trabajaba para aportar en su mantención durante las vacaciones como asesora del hogar. Magíster en Lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y Doctora en Humanidades en la Universidad de Leiden, Holanda, así como el Doctora en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, curso postítulos en el Instituto de Estudios Sociales de la Haya (Holanda) y en la Universidad de Regina (Canadá). Actualmente se desempeña como académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, como profesora externa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile. Ha dedicado su vida profesional al rescate de las lenguas indígenas, al sistema lingüístico del mapudungun, las metodologías de enseñanza, así como el diseño curricular de la asignatura de lengua mapuche. Además, ha publicado libros y artículos académicos referidos a la filosofía y las lenguas indígenas, fundamentalmente del mapudungun. Participó de diversas organizaciones sociales mapuche desde su infancia, en la universidad lo hizo en grupos de estudiantes indígenas y del Teatro Mapuche Admapu, fue miembro activo del Consejo de Todas las Tierras destacando en la creación de la Bandera Mapuche y la recuperación de tierras indígenas. El compromiso social de Elisa Loncon Antileo fue heredado de su familia y comunidad. Su bisabuelo, de apellido Loncomil luchó contra la ocupación militar del wallmapu y fue aliado de José Santos Quilapan (1840-1878) reconocido como el último lonko que resistió la ocupación de la Araucanía y derrotó al ejército chileno, en Quechereguas (1868) entre otras múltiples aportes a la defensa del pueblo y territorio mapuche. Es la cuarta de siete hermanos y hermanas, su bisabuelo paterno, como líder de su comunidad, participó en las recuperaciones de tierras previo a la reforma agraria de los años 60. Su madre, Margarita Antileo Reiman, en la década del 70 participó de la experiencia de autogestión territorial en Lumaco-Quetrahue. Por los mismos años, su padre, Juan Loncon, fue militante socialista y candidato a diputado por la USOPO. La agricultura y la construcción de muebles, son algunos de los oficios que la madre y el padre de Elisa cultivaron durante su vida. Después del golpe de Estado su familia fue perseguida y su abuelo materno, Ricardo Antileo, líder de la zona Lumaco-Quetrahue fue encarcelado por la dictadura cívico militar por dirigir la recuperación de tierras a fines de los años 60 y comienzos de los años 70. Elisa tiene siete hermanas y hermanos, uno de ellos abogado y militante del PPD, otra hermana es hablante e intérprete de mapudungun y trabaja en literatura mapuche, con todos hay colaboración en el rescate de la lengua y la reivindicación de los derechos de las naciones originarias. En su época universitaria, Loncon participó de la lucha contra la dictadura en diversas organizaciones estudiantiles de izquierda y mapuche. El año 1983 por participar en las movilizaciones estudiantiles, junto a un centenar de compañeros universitarios quedaron como estudiantes condicionales en la universidad por mandato del rector delegado, Heinrich von Baer. En su labor como lingüista y defensora de los derechos de los pueblos originarios abraza las luchas de otros pueblos de América Latina donde se le reconoce su contribución sobre los derechos lingüísticos de las naciones originarias del continente. Elisa Loncon, desde su rol de mujer y educadora mapuche, ha promovido la educación intercultural bilingüe en la Ley General de Educación y presentó el proyecto de ley de Derechos Lingüísticos para los pueblos indígenas. Lidera actualmente la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas desde la filosofía mapuche, los derechos colectivos en clave feminista y desde la descolonización. Sus primeros pasos como profesora los realizó en la enseñanza del inglés y mapudungun fundamentalmente en la región de la Araucanía, colaborando con el Ministerio de Educación, la UNESCO, las universidades del Bío-Bío, La Frontera, Católica de Temuco, entre otras. En el extranjero asesoró la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública SEP México, incorporando el enfoque de la educación intercultural en el currículo nacional de la Educación Secundaria en México. Desarrolló múltiples investigaciones sobre la morfología y aspectos del mapudungun, metodologías de enseñanza del mapudungun, el uso de la tradición oral en los procesos de enseñanza de la lengua y la reivindicación de los derechos de los pueblos a la lengua, la autodeterminación, la interculturalidad, la plurinacionalidad y el goce pleno de los derechos como naciones originarias.