La Cámara Federal de Casación volvió a cerrar la puerta a que se investiguen las torturas sobre la propia tropa en la guerra de Malvinas. 07 de Mayo de 2021 Al aceptar un recurso presentado por un militar retirado acusado de mandar a estaquear a un conscripto, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña sostuvieron que ese tribunal ya había dicho doce años atrás que lo sucedido en Malvinas no eran delitos de lesa humanidad y que regía el estatuto de la prescripción. Los querellantes y el fiscal Javier De Luca confirmaron a este diario que llevarán el tema a la Corte Suprema para que el máximo tribunal salde una discusión que lleva décadas. “Estos hechos no pueden quedar impunes. Nos enfrentamos a un sistema judicial que trabaja a favor de la impunidad”, sostuvo Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata. En 2019, llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación un recurso presentado por el militar retirado Jorge Ferrante, que se oponía a que lo investigaran por lo sucedido en Malvinas. A Ferrante lo acusan por las torturas a Julio César Más, un joven conscripto que prestaba funciones en el Regimiento de Infantería 5 durante la guerra. Muerto de hambre y después de haber perdido más de 20 kilos durante el conflicto bélico con el Reino Unido, Más salió en busca de comida, cazó una avutarda y la cocinó. Cuando volvió al puesto, un cabo le anunció que Ferrante había ordenado que lo estaquearan. Pasó entre doce y 18 horas estaqueado. Lo soltó el mismo cabo durante un bombardeo de los ingleses y le hizo prometer que, cuando cesaran las bombas, se iba a dejar estaquear nuevamente para que no fuera él mismo el castigado. Según declaró Más, Ferrante lo fue a ver y le dijo que era un “cobarde” mientras el muchacho estaba amarrado a la intemperie. Con Ferrante se presentó ante la Casación como amicus curiae una asociación civil –llamada Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica– que tiene entre sus filas a uno de los defensores de genocidas más populares de los tribunales de Comodoro Py, Guillermo Fanego. Dos años después de la presentación, Petrone y Barroetaveña le dieron la razón a Ferrante. Sostuvieron que la misma Sala de la Casación, aunque con una integración diferente, ya había zanjado la discusión sobre las torturas en Malvinas al decir que no se trataba de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no eran imprescriptibles.Petrone y Barroetaveña se ciñeron al fallo que en 2009 emitieron integrantes de la vieja guardia de la Casación –por entonces muy cuestionada por obstaculizar el avance de las causas de lesa humanidad–. Ese año, los jueces Raúl Madueño, Juan Fégoli y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso habían examinado un planteo de Jorge Eduardo Taranto y lo habían cerrado con ese argumento. El caso terminó en la Corte Suprema, que el 19 de febrero de 2015 rechazó el recurso que había presentado el CECIM La Plata. El escándalo fue en ascenso, tanto que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la decisión de los jueces supremos en la asamblea legislativa del 1 de marzo de ese año. Después, los cortesanos aclararon que no habían analizado el fondo de la cuestión y, por ende, no se habían pronunciado sobre la prescripción o no de los delitos en Malvinas.El tema llegó, de la mano del CECIM, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que mantiene aún el expediente abierto. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró que lo resuelto por la vieja Casación sólo afectaba a Taranto y en 2018 convalidó que se continuaran las investigaciones contra otras decenas de militares que actuaron en Malvinas y están señalados por torturar a su propia tropa, muerta de hambre y de frío. Son, en total, 95 imputados por más de 120 hechos. En 2019, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto comenzó con las indagatorias y procesó a cuatro imputados. El fallo de la Casación –que anula el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia– se conoce mientras se llevaba adelante una nueva ronda de indagatorias. A diferencia de Petrone y Barroetaveña, la camarista Ana Figueroa consideró que la investigación debe continuar. “No resulta razonable separar dicha investigación del contexto de su tiempo, donde el territorio del país se encontraba bajo la opresión de un gobierno de facto, acreditado el funcionamiento de más de seiscientos centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, apropiaciones forzadas de niños/as, encarcelamientos clandestinos, persecuciones a opositores y líderes políticos, económicos, culturales o sociales, conforme los juicios que se sustanciaron y aún en trámite en la justicia federal”, escribió Figueroa. “No puede descartarse que en el terreno insular de Malvinas también ese gobierno ilegítimo haya desplegado contra sus soldados las mismas prácticas que fueron común en el territorio”, completó. El fiscal ante la Casación Javier De Luca, que había caracterizado los hechos como graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra, le dijo a Página/12 que recurrirá el fallo de la Casación. “Vamos a pedir que la Corte se expida finalmente para definir si estos son delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos –o nada–, pero que se pronuncie a la brevedad”, sostuvo De Luca. “Por supuesto, otra vez está en juego la responsabilidad del Estado argentino: este tipo de hechos no pueden prescribir, no se pueden amnistiar, no pueden operar disposiciones de derecho interno que eviten el juicio contra estos crímenes”.Junto con De Luca, irán el CECIM La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires –que conduce Matías Moreno– a la Corte a la espera de que los supremos y la suprema traigan un poco de justicia a quienes también padecieron los tormentos de sus propios jefes durante la guerra. «Queremos juicios por la verdad por Malvinas» “Investigar las torturas en Malvinas es una asignatura pendiente de

El ministro de Ambiente nacional culminó su viaje a la provincia cuyana donde participó de actividades con fuerte impronta sostenible. San Juan, 7 de Mayo de 2021 El titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, culminó esta tarde su visita a la provincia de San Juan donde junto al gobernador de la provincia, Sergio Uñac, llevaron adelante una agenda comprometida que incluyó la entrega de maquinarias para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), de fondos por la Convocatoria del Plan Nacional de Bosques Nativos y la firma de convenios en el marco del Plan Integral Casa Común y de manejo del fuego. El monto total de las acciones anunciadas por Cabandié en San Juan asciende a $ 163 millones entre los que se destacan la entrega de maquinaria para fortalecer la gestión GIRSU de un consorcio integrado por nueve municipios que involucra $ 37 millones; y un llamado a licitación para la adquisición de equipamiento en la materia que se destinará a las localidades sanjuaninas de Calingasta y Caucete, por un valor mayor a $ 41 millones. Además, se entregaron fondos dinamizados en 2020, mediante el acuerdo con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) por $ 7,7 millones, para los planes correspondientes al período 2018/2019, en el marco de la convocatoria de la ley nacional de bosques y se rubricaron actas de intención para suscribir al Convenio Marco de Cooperación del Plan Nacional para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada en la provincia. También es importante resaltar la firma del convenio para el Plan Integral Casa Común, con el intendente del municipio de San Martín, Cristian Felipe Andino, destinada a la comunidad rural sostenible Boca de Tigre, con una inversión de $ 10.996.338. La obra tendrá un lapso de 12 meses, estará a cargo de la administración municipal y se llevará a cabo a través de cooperativas de trabajo locales. Asimismo, las localidades Capital, Calingasta, Caucete, 9 de julio, Ullum, Zonda y Valle Fértil firmaron una carta de adhesión al Plan Integral Casa Común. Antes de partir, durante la jornada de hoy, el ministro participó de un acto en el Teatro del Bicentenario donde se presentó el Programa Jóvenes Promotores Ambientales, que busca formar agentes de cambio para motorizar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por otra parte, ayer por la tarde, el ministro de ambiente nacional participó del lanzamiento de la Diplomatura Superior en Educación Ambiental, junto al gobernador Uñac; el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, Domingo Raúl Tello; el ministro de Educación de la misma provincia, Felipe de los Ríos; y el director de Bosques de la cartera ambiental nacional, Martín Mónaco. Estará destinada a la formación y actualización docente de niveles inicial, primario, secundario y superior. Entre las actividades en San Juan, el ministro de Ambiente visitó ayer por la mañana el sitio de construcción de la Fábrica Integrada de Paneles Solares Fotovoltaicos (FV), emplazado en la localidad de Pocito. Allí, junto a Uñac, rubricó un convenio marco de colaboración entre la cartera que conduce y el Gobierno provincial para apoyar y potenciar mutuamente esa iniciativa. También se colocó una piedra basal en el predio. Además, los funcionarios recorrieron el Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR) y se dirigieron más tarde hacia el Centro Ambiental Anchipurac. Allí visitaron el observatorio ambiental e integraron un acto en el que se descubrió una placa conmemorativa, en virtud de que el sitio fue declarado “Monumento Nacional Ambiental” por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Además, Cabandié visitó el Parque de la Biodiversidad.Por otro lado, el ministro nacional y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan, destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El objetivo es brindar acompañamiento y asistencia técnica a la estructura de focos ígneos de la provincia cuyana. El compromiso del organismo nacional será dictar capacitaciones, formar instructores, proveer asistencia técnica y brindar equipamiento para fortalecer la brigada provincial. Fuente: Argentina.gob.ar