El diplomático, que apenas tomó posesión del cargo creó una oficina de derechos humanos, está convencido de que la Argentina puede potenciar la economía del conocimiento, la tecnología de los alimentos y el desarrollo científico -tecnológico para incrementar su oferta. Roma, 03 de Mayo de 2021 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante Italia, Albania, Malta y San Marino desde 2020, Roberto Manuel Carlés es un abogado penalista recibido en la Universidad de Buenos Aires. También es Doctor en Derecho de la Universita’degli Studi de Ferrara, en Italia, además de haber sido, entre otras cosas, profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires. Desde que llegó a Italia, se ha hecho notar por su compromiso en materia de derechos humanos participando de las video-conferencias organizadas en tiempos de pandemia, por la organización italiana “24marzo”, con los familiares de los desaparecidos que motivaron la causa legal en Roma contra el represor ítalo-argentino Carlos Luis Malatto. —Embajador Carlés ¿cuáles son los objetivos de su misión en Italia? –En primer lugar, con todos los medios posibles, trabajar para incrementar las exportaciones de la Argentina. No hay crecimiento económico sostenible sin aumento de las exportaciones. Segundo, promover inversiones que vayan a la economía real, no del tipo que tuvimos en tiempos recientes, especulativas, sino aquellas que impactan en la producción y generan trabajo. Por supuesto el contexto es difícil pero es nuestra tarea promoverlo. Tercero, relanzar la relación bilateral en todos los aspectos, en el campo cultural, de la cooperación internacional científica, educativa. Las relaciones hay que construirlas, trabajarlas y requieren políticas activas. Al mismo tiempo hay mucho por hacer en otros campos. Italia necesita también tener un interlocutor importante en América latina y la Argentina, por los vínculos con Italia, es un actor muy importante. Tiene que ocupar ese espacio. –Respecto a las exportaciones de las que usted habla, ¿cuánto influyó el encuentro que usted organizó con los empresarios cuando vino a Roma el Ministro de Economía Guzmán? -El encuentro fue muy bueno. Participaron sobre todo empresas que tienen inversiones en la Argentina, pero que además son actores económicos relevantes en Italia. Fue importante que estuvieran presente y se sacaran las dudas sobre el futuro de la Argentina. Fue muy positiva –¿Ellos hablaron de nuevas inversiones? -Hay nuevos proyectos que ya están en camino. Y también hay expectativa sobre cómo la Argentina terminará de resolver los puntos que tiene pendientes este año, en particular la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París, que fue el tema central de la gira del ministro Guzmán. Lo que los empresarios nos dicen a nosotros es que la Argentina está siempre entre sus objetivos de inversiones. La pandemia ha paralizado al mundo, no sólo a la Argentina. Pero hay mucha expectativa, mucha cautela, como hemos podido ver en los encuentros que mantenemos nosotros desde que llegamos a Roma. Hay mucha expectativa en el futuro. Se está pensando en el “día después”. Y esperamos que el “día después” esté cerca. –¿Qué espera Argentina de Europa, una vez que pase la pandemia? –Tenemos una agenda inmediata en el horizonte que es encaminar la negociación de la deuda de una manera sustentable, sin que el peso de una deuda insostenible, contraída por el gobierno anterior, caiga sobre los más vulnerables de la Argentina. Este Gobierno no lo va a hacer. Por lo cual debe encontrarse una salida sustentable que no perjudique los intereses de nuestro pueblo. Este es el principal objetivo de este año. Y luego creo que la cuestión pasa por tener una relación madura con Europa y promover el comercio, para que la Argentina pueda incrementar sus exportaciones. Son varios los sectores donde la Argentina puede potenciar su comercio exterior. Por ejemplo la economía del conocimiento, la tecnología de los alimentos, el desarrollo científico -tecnológico en general. Esta es una ventaja importante. Además, hay que promover las inversiones que vayan a la economía real. Para eso estamos trabajando tratando de dar señales de equilibro en materia económica, tratando de tranquilizar la economía, luego de un endeudamiento sin precedentes en la historia argentina y en el FMI. El Fondo ha dado algunas señales de comprender esta situación. –Si se puede comparar la situación de la covid en Italia y en Argentina, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes? –La principal diferencia es que nosotros tuvimos las ventaja de ver antes lo que estaba pasando en el mundo. Y así tuvimos tiempo para prepararnos y tomar las medidas que eran necesarias. Por supuesto, tuvieron su costo, eso es innegable, pero nos permitieron salvar miles de vidas y evitar el colapso del sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario tradicionalmente en invierno entra en crisis por las enfermedades normales, pero lo que vimos nos permitió ganar tiempo y tomar las medidas que había que tomar, para reforzar el sistema de salud y las terapias intensivas. Esa creo que fue la principal diferencia. Veníamos de no tener ni siquiera un Ministerio de Salud, porque en la gestión de Macri fue degradado a secretaría. Con la cuestión de la vacuna creo que también se ha actuado bien. Es una gran noticia además que la vacuna Gamaleya (Sputnik) se producirá en Argentina. —Pero ahora la situación ha cambiado notablemente… -Ahora está cambiando porque estamos recibiendo la segunda ola como también se ha vivido acá. Yo lo que veo es que hay bastante responsabilidad de parte de la sociedad. Es cierto que ésta es una experiencia que nadie ha vivido antes, que se ha prolongado mucho más de lo que habíamos imaginado y que produce un cansancio existencial. Y eso hace que la gente reaccione humanamente, lo que implica la negación muchas veces, la falta de cuidados necesarios, el temor en exceso. Son reacciones humanas. Y en cuanto a las coincidencias y respecto a cómo la gente lleva la pandemia, en Argentina pasan las mismas cosas que acá. –Respecto al viaje inminente del Presidente, ¿existe ya un programa en Italia? –Todavía no hay información oficial. A Italia llegará en principio el 13 de mayo. En Roma tiene confirmado un almuerzo con el Presidente de la República, Sergio Mattarella, y
El Congreso debate un nuevo proyecto de ley para los agrocombustibles
El proyecto fue presentado por el bloque del Frente de Todos a tres semanas del vencimiento de la ley vigente y pondría nuevas reglas de juego hasta 2030. La Secretaría de Energía asumiría un rol central con capacidad de control sobre los precios, las empresas productoras, las destilerías y los volúmenes permitidos para los cortes con agrocombustibles. Las “razones ambientales” quedan fuera del eje de debate. 03 de Mayo de 2021 Por Alejo di Risio A menos de tres semanas del vencimiento de la ley que regula el mercado de combustibles derivados de aceites vegetales —principalmente soja, maíz o caña de azúcar— apareció un nuevo proyecto que crearía otras reglas del juego. Firmado por 14 diputados del Frente de Todos y el tucumano del PRO, Domingo Amaya; el proyecto propone una regulación desde el 12 de mayo, día que se vence la ley actual, hasta 2030. La iniciativa incrementa la capacidad de acción de la Secretaría de Energía a lo largo de la cadena de “elaboración, almacenaje comercialización y mezcla” de agrocombustibles. En octubre pasado el Senado había votado estirar hasta diciembre la Ley 26.093, que desde 2006 da el marco regulatorio para el sector de agrocombustibles, pero esa prórroga nunca avanzó en la Cámara de Diputados. El debate de la iniciativa se inició este miércoles en la Comisión de Energía y Combustible, con críticas del sector empresario, que insiste en la prórroga de la legislación actual. El proyecto propone que los precios del sector puedan ser regulados por la Secretaría de Energía. Las empresas que quieran elaborar, almacenar o comercializar agrocombustibles deberán contar con la aprobación de Energía y las que lo consigan serán las únicas capaces de vender a quienes lleven a cabo las mezclas antes de llegar al surtidor. Además, las destilerías de hidrocarburos no podrán participar en empresas productoras de biocombustibles. Entre los principales cambios propuestos por el proyecto, está el de bajar la cantidad de biodiesel de origen vegetal que se mezcle con el diésel de origen fósil. A su vez este corte podrá ser aumentado o reducido (hasta un 3 por ciento de piso mínimo) si la Secretaría de Energía considera que falta biodiesel para cumplir con el corte o que los costos de fabricación son muy altos y pueden incrementar el precio del diesel en el surtidor. Caso similar para la cantidad de bioetanol —cuyo origen es el maíz o la caña de azúcar— para ser mezclado con nafta. Este valor se mantendrá en un 12 por ciento, aunque se aclara que el piso mínimo será del 6 por ciento para el bioetanol de caña de azúcar. También podrá la Secretaría de Energía mover este precio con otras especificaciones, pero según demanda o balanza comercial. También se mencionan las “razones ambientales”, aunque no está especificado cuáles serían estas. Los cambios propuestos están lejos de aportar la “previsibilidad” que reclamaban los principales empresarios del agronegocio y legisladores nacionales que los acompañaban. Mientras aumentan los incentivos locales y el precio de la soja aumenta a nivel internacional, queda por ver cómo este proyecto podrá avanzar para lograr los consensos necesarios para su aprobación y eventualmente cómo impactará esto sobre un sector que se impulsa como parte de la lucha contra el cambio climático. Mientras se promociona como parte de la “bioeconomía” los agrocombustibles son parte de las llamadas “falsas soluciones”, ya que anuncian que no aportan dióxido de carbono, pero esto es falso. La producción de agrocombustibles en modelos industriales vienen de un modelo basado en energías fósiles, concentrado y sumamente ineficiente en términos energéticos. El acaparamiento de tierra, agua y del patrimonio natural del que forman parte desplaza cultivos alimenticios y población local y pone en peligro la soberanía alimentaria. Fuente: Tierra Viva. Agencia de Noticias
Formosa: pueblos originarios perseguidos, violentados y sin acceso a agua ni salud
Testimonios en primera persona, informes de organismos de Derechos Humanos y mujeres embarazadas escondidas en el monte por miedo a represalias estatales. 03 de Mayo de 2021 Por Mariángeles Guerrero El sol más caliente del país. La provincia más joven (su creación data de 1957). Geográficamente retiradita —como dice su gente. La identidad hermosa que le dio su nombre: Formosa. Un pedazo de tierra de siete millones de hectáreas definido con límites nuevos, arbitrarios, para los pueblos Wichí, Qom, Pilagá y Nivacle que la habitan ancestralmente. El mismo gobierno —el mismo hombre gobernando— hace un cuarto de siglo. En la provincia de Gildo Insfrán la mayor tasa de mortalidad infantil (16 cada 1000 nacidos vivos) en 2017, según la Sociedad Argentina de Pediatría. El mayor índice de partos adolescentes, según datos del Ministerio de Salud. El primer lugar, en 2019, en la relación porcentual entre recursos coparticipables y recursos provinciales propios: el 93,4 por ciento provenía del Estado nacional, según el informe Nos pronunciamos y proponemos, firmado por diversas organizaciones sociales y parroquiales formoseñas. Una reforma constitucional en 2003: la reelección indefinida, la clave de la perpetuación en el poder. Los mismos nombres repetidos una y otra vez en el gobierno provincial, en los gobiernos locales y hasta en las sociedades de fomento. En Formosa, el Partido Justicialista está al mando del Poder Ejecutivo y compone los dos tercios de la Cámara de Diputados, lo que le permite definir, por ejemplo, quiénes serán los jueces de la Corte Suprema provincial. El resultado es la división de poderes totalmente licuada. Bosque nativo arrasado En los últimos 20 años, con la expansión del agronegocio, fueron incorporándose empresas agropecuarias que arrasaron con los bosques nativos y que limitaron la ocupación de los pueblos indígenas a 300 mil hectáreas, de aquellas 7.206.000 que habitaban hasta principios del siglo pasado. En los últimos años, la Formosa de Gildo Insfrán se ubica entre las tres con mayores tasas de pérdidas de tierras forestales: en 2016 encabezó ese ránking. Los pueblos indígenas de Formosa han sido históricamente violentados por un sistema político que se autoreproduce a base de acuerdos entre amigos y reelecciones. Pero de esas mismas vulneraciones surge el reclamo: ya no se puede seguir esperando por agua potable, por una escuela, por un médico, por el día en que por fin la policía deje de llegar solo para repartir palos y balas de goma. Siete mujeres wichí vulneradas La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 16 de abril de 2021 la Resolución 32/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de siete mujeres indígenas de la comunidad Wichí que se encontrarían cursando su embarazo a escondidas en la localidad de El Potrillo, por temor a las autoridades de Formosa. Según información aportada por las personas solicitantes, la situación se enmarca en un contexto de denuncias sobre presuntos abusos por parte de autoridades provinciales en la implementación de medidas para combatir la pandemia de Covid 19. En ese marco, siete mujeres wichí afirman mantenerse ocultas por temor a que las autoridades las detengan por presuntas declaraciones falsas que fueron difundidas en un reportaje que relata la situación que se vive en Formosa. Según la denuncia presentada ante la Corte, las solicitantes tienen miedo de ser objeto de cesáreas forzosas, separadas de sus bebés al nacer, o de que sus bebés puedan ser entregados muertos. Por lo anterior -sostienen- se encuentran escondidas en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a agua potable, alimentación adecuada y servicios básicos, y sin acceso a la atención médica que requiere su Estado. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se solicitó a Argentina que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las beneficiarias. En particular, la adopción de medidas inmediatas que posibiliten el acceso a una atención médica adecuada, según los estándares internacionales aplicables. Estas medidas deben ser adoptadas de conformidad con el consentimiento previo, libre e informado de las beneficiarias, y con una perspectiva de pertinencia cultural y lingüística, tomando en cuenta su cosmovisión indígena y con un enfoque de género; y, b) concierte las medidas a adoptarse con los representantes y las beneficiarias. Finalmente, tomando en cuenta que, dada una solicitud de confidencialidad, el Estado no tuvo la oportunidad de conocer el nombre de las siete beneficiarias de manera previa al otorgamiento de las presentes medidas, de acuerdo con el artículo 25.5 del Reglamento, la Comisión revisará la pertinencia de mantener vigente, o bien proceder con el levantamiento de la presente medida cautelar, en su próximo período de sesiones. El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables. “Solo pedíamos agua” En Formosa el Pueblo Wichí tiene unos 20.000 habitantes, distribuidos en unas 120 comunidades. El 7 de noviembre de 2020, las comunidades wichí de Pozo de Maza y de Pocitos (ubicadas a 495 kilómetros de la capital provincial) protestaron frente a una cisterna por el acceso al agua potable. Integrantes de esa comunidad, en comunicación con Tierra Viva, cuentan que hace 18 años que toman agua de lluvia. Y que cuando no llueve, no hay agua que acarrear. Entonces beben de una represa. Algo que se desprende del relato es la distancia territorial, que también es una distancia política. Luis Eusebio, representante de la comunidad de Pozo de Maza, relata que las soluciones llegan —o mejor dicho, deberían llegar, porque no siempre ocurre— con “la gente que viene de Formosa”. Es decir, de la capital formoseña, donde se aloja y se centraliza la toma de decisiones que impactan en el día a día de poblaciones que viven a 500 kilómetros. “Los políticos son así. Por ahí mienten, por ahí no sé si tienen interés en resolver los problemas de la comunidad. Cuando viene la gente de Formosa dicen ‘muy pronto va a salir el pedido’ y la gente se va contenta a la casa. Pero pasan los días y no hay respuestas. Siempre nos mienten. Nosotros apoyábamos a Gildo Insfrán pero
Una teleconferencia para sostener la educación en los distritos en alerta sanitaria
La encabezó Nicolás Trotta con sus pares de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. Se acordaron los primeros pasos de un protocolo para sostener la continuidad educativa en los distritos con alta circulación del virus. El FONDO COVID 19. San Juan, 03 de Mayo de 2021 Ante la necesidad de continuar el trazado pedagógico en 2021, frente a la actual emergencia epidemiológica, el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, convocó a los responsables de educación de las distintas áreas en alerta: Ciudad de Buenos Aires, y provincias de Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, para reafirmar «la necesidad de priorizar la salud de chicas y chicos». Y buscando acordar los pasos que permitan contener la propagación del virus, para volver a la presencialdad en el menor tiempo posible. Se sumó a último momento, el titular de la cartera educativa de Entre Ríos, por presentarse ya en algunas localidades de esa provincia, una situación crítica respecto al gradiente de contagios. “Convocamos a los ministros de las regiones en estado de la alerta epidemiológica para reafirmar la necesidad de priorizar la salud, y nuestra voluntad de acompañar las medidas necesarias para que mejoren los indicadores sanitarios, así podemos retomar la presencialidad en el menor tiempo posible”, sostuvo Trotta al concluir la reunión realizada en forma virtual este domingo por la tarde. “Al mismo tiempo –explicó el ministro a PáginaI12–, buscamos ver cómo garantizar la continuidad educativa, en el marco de esta momentánea suspensión de la presencialidad”. Trotta sostuvo la necesidad de “sostener el cuidado de la vida y la salud” en estos distritos. También detalló la disposición de recursos adicionales para sostener la trayectoria pedagógica. En ese sentido, destacó que por un lado se buscó “reafirmar la presencialidad de la educación especial». Por otro, «que las escuelas van a seguir abiertas, para que las familias puedan retirar material educativo y pedagógico, como para desplegar desde ahí, el acompañamiento que pueden hacer los maestros en los hogares, coordinando esto con las instituciones y las familias que lo necesiten. O que puedan darse estos encuentros en forma individual en los establecimientos”. Entre los recursos que se destinarán a sostener la dinámica del sistema educativo se destaca un refuerzo del Fondo COVID, y un despliegue de herramientas destinada a suplir la presencialidad, en los centros urbanos afectado por el aumento de casos. Entre ellos la ciudad de Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Mendoza. Tanto Ciudad de Buenos Aires, representado por la ministra Soledad Acuña, como la provincia de Mendoza, a través de su director del área José Thomas, se manifestaron por mantener la presencialidad en sus distritos a pesar del grave índice de contagios. CABA, en teoría, mantendrá la presencialidad en el nivel inicial y primario. En tanto en el secundario se va a pasar a una “bimodalidad” que combina lo presencial y los recursos a distancia. Los terciarios y de orientación profesional, adoptan sí, la forma virtual. Con esta reunión “no buscamos modificar esa decisión” señaló Trotta. “Pero dejamos en claro –añadió– que aunque acompañamos todas las decisiones, bajo ningún punto de vista avalamos contrariar el seguimiento del DNU presidencial”. Y agregó: “nos parece de una enorme irresponsabilidad de parte del gobierno de CABA, no tomar consciencia de lo que está atravesando el AMBA, al sostener la presencialidad, y reafirmamos que el camino que toma el gobierno nacional, clarifica la toma de decisiones en estas zonas de alarma donde la suspensión de clases presenciales es acompañada con otras medidas”. En el caso de Santa Fe, representado por la ministra Adriana Cantero, se sostendrá la presencialidad en la mayor parte de su jurisdicción, salvo en Rosario y San Lorenzo. Influye en este caso el tener hoy un 82 por ciento de docentes, no docentes, auxiliares y directivos, ya vacunados en esa provincia. Distinto a CABA, que solo ha vacunado al 14 por ciento de su personal educativo. En el conurbano bonaerense, la política de consenso respecto a las medidas de cuidado impuesta por el gobierno nacional, ha permitido cierto grado de estabilidad sobre el nivel de contagios. De ahí la presencia del ministro Augusto Costa que monitorea la dinámica establecida en la provincia de Buenos Aires, donde de 135 municipios, hay clases con presencialidad en 96. Y se sumó también, el ministro de educación de Entre Ríos Martín Müller, dado que, en las últimas horas, las condiciones epidemiológicas y sanitarias de algunas localidades de esa provincia han recrudecido. La reunión, prevista con una agenda abierta buscó escuchar las necesidades distritales y ver qué recursos se podrían desplegar en consecuencia, para fortalecer la trayectoria educativa para todos los alumnos que tengan que pasar a la virtualidad. O sostener a través de mecanismos a distancia, la continuidad educativa, ya que “no se pude trabajar de modo virtual en todos los lugares afectados, ya sea por la falta de equipamiento o de conectividad” señalan desde la cartera nacional. Para eso, se detallaron en comunicación oficial, al finalizar la reunión que comenzó a las 16 horas, algunos de los recursos disponibles. Entre ellos el refuerzo del Fondo COVID y una guía de usos y accesos para facilitar la disponibilidad de los materiales que se produzcan desde Nación, como fueron en 2020 los cuadernillos educativos, o los programas “Seguimos educando”, en radio y TV. Se destaca también que, en las zonas de alerta “las escuelas permanezcan abiertas para poder cumplir tareas prioritarias». Entre otras: «la distribución de los materiales y la devolución de esas actividades cuando los estudiantes no cuenten con otros medios de contacto con la escuela; orientación individual de quienes hayan presentado baja o nula vinculación durante 2020; la habilitación de espacios y recursos de la escuela para quienes no cuenten con condiciones mínimas para la continuidad pedagógica en sus hogares; y sostener el servicio alimentario escolar en sus diferentes modalidades”. Respecto a la negativa del gobierno porteño por acatar a las medidas de cuidado, Trota señaló que «no fue esta una reunión para intercambiar sobre la decisión tomada» por los gobiernos distritales. “No hubo
San Juan: la Justicia suspendió una IVE por pedido de la expareja de una mujer que había solicitado acceder al aborto
El fallo es insólito y fue festejado por una abogada antiderechos. San Juan, 03 de Mayo de 2021 La Justicia Civil de la Provincia de San Juan ordenó suspender la realización de una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al hacer lugar a una medida cautelar presentada por un hombre para impedir que su expareja se practicara el aborto. En una decisión que contradice el principio de autonomía de la persona gestante establecido por la Ley Nº 27.610, los jueces de la Sala III de la Cámara Civil provincial argumentaron que, al estar todavía casados, los cónyuges se comprometieron a «desarrollar un proyecto de vida en común», por lo que la decisión necesita «de la confluencia de ambas voluntades». A través de una resolución dada a conocer este sábado, los magistrados solicitaron a la mujer que, por el plazo de 72 horas, «se abstenga de realizar cualquier práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta tanto la cuestión de fondo sea resuelta”. Según los jueces, al estar casados, para el hombre rige «presunción de paternidad», por lo que es necesario analizar si él «está en condiciones de impedir” la IVE para “resguardar sus derechos como padre«. En esas 72 horas, los abogados del demandante podrán realizar nuevas presentaciones para argumentar su posición. «Genera una enorme preocupación porque esto deja de manifiesto que, cuando una mujer hace uso de su libre plan de vida, se pone por encima al varón», aseguró a Página/12 Melisa García, titular de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem Argentina), quien recordó que con la sanción de la Ley 27.610 «hay un derecho adquirido que es el acceso a la IVE en los plazos establecidos sin necesidad de mención de causa». La Ley establece que la persona gestante debe acceder sin ningún freno a la atención del aborto requerido en los servicios del sistema de salud. Además, indica que siempre debe prevalecer su «libre y autónoma voluntad» y sus decisiones «no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas». En este sentido, la abogada evaluó el fallo como un «intento evidente del Poder Judicial de lograr un antecedente para invalidar una ley que está completamente dentro de los parámetros constitucionales y que justamente derriba la idea de que nuestros cuerpos le pueden seguir perteneciendo al sistema patriarcal». El demandante había acudido a la Justicia luego de enterarse de que su esposa, de la que ya se encuentra separado, había decidido practicarse la IVE. En primera instancia, el 26 de abril, un fallo de la titular del Juzgado Civil Nº 11, Amanda Días, rechazó el pedido, pero la decisión fue apelada por los abogados del demandante. Ahora, la Sala III de la Cámara Civil hizo lugar al pedido, suspendiendo el fallo de primera instancia. Para tomar su decisión, los jueces sostuvieron que “los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad”, y agregaron que las decisiones «que hacen a los aspectos más relevantes en la relación conyugal, necesitan de forma imperativa de la confluencia de ambas voluntades». Mónica Lobos, abogada del hombre que hizo la presentación e integrante de la Asociación Civil Abogados por la Vida de San Juan, celebró el fallo en sus redes sociales asegurando que «hoy primó la vida y la garantía de los derechos esenciales». Fuente: Página 12
El aporte de las grandes fortunas sumó 223.000 millones
Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones pagaron el impuesto. Solo unos 200 contribuyentes presentaron amparos. San Juan, 03 de Mayo de 2021 AFIP informó este domingo que recaudó 223.000 millones de pesos por el pago del Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas. Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos cumplieron con las obligaciones previstas en la ley votada en diciembre para paliar los efectos de la epidemia de la covid-19. “La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, aseguró la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a través de un comunicado. El aporte fue de 2 por ciento de los patrimonios de las personas físicas que habían declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley una fortuna de más de 200 millones de pesos. Esa tasa se elevó al 2,25 por ciento en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50 por ciento entre 400 y 600 millones y al 2,75 por ciento cuando es de 600 a 800 millones. La tasa sube al 3 por ciento cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25 por ciento para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra es del 3,5 por ciento. La gran mayoría pagó En el debate que se llevó adelante en el Congreso a fines del año pasado el gobierno informó que preveía recaudar 307.000 millones de pesos. Fuentes de la AFIP se mostraron muy conformes con los resultados porque, pese a la resistencia de algunos sectores, hasta ahora embolsaron el 73 por ciento del monto proyectado y afirman que el 80 por ciento del universo potencial de contribuyentes cumplió con sus obligaciones. En el organismo estiman que el 20 por ciento que no cumplió equivale a unas 3000 personas, de los cuales solo unas 200 presentaron una demanda en la justicia para no pagar el aporte. El listado incluye a los accionistas del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro; a Alejandro Julio Saguier, de la familia propietaria de La Nación; Constancio Vigil, heredero del ex dueño de editorial Atlántida; a Inés Bengolea, familiar de la fallecida Amalia Fortabat; a Milagros, Sebastián, Matías, Marcos, Fátima, y María Candelaria, parientes de Nicolás “Nicky” Caputo, amigo íntimo del expresidente Mauricio Macri; a Mario Rovella, de la constructora Rovella Carranza, que figura en la causa Cuadernos; a los empresarios Artín Kalpakian y Eduardo Kalpakian; y al futbolista de Boca Juniors, Carlos Tévez; entre otros. Después están los que simplemente decidieron no pagar, pero no judicializaron, tal vez porque tienen la expectativa de que no serán alcanzadso por el radar del organismo recaudador. En respuesta a esos ciudadanos, la AFIP informó que “ya inició un número relevante de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”. “Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, agregaron. ¿A dónde va el dinero? Desde la administración tributaria remarcaron que, de acuerdo a lo establecido por la ley, los recursos generados por el Aporte solidario y extraordinario serán destinados directamente a financiar los siguientes rubros: 1) Alrededor de 45 mil millones de pesos, equivalente a un 20 por ciento del total recaudado, será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. 2) Una suma similar, otro 20 por ciento de los ingresos preliminares del aporte, irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. 3) A las becas Progresar les corresponderá una inyección adicional de recursos equivalente al 20 por ciento del total que será recaudado. Los fondos permitirán reforzar este programa que acompaña a los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica. 4) Más de 33 mil millones de pesos, o un 15 por ciento de la recaudación observada hasta el momento, será destinado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). 5) Cerca de 55 mil millones de pesos, el 25 por ciento de los fondos, financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de la compañía estatal IEASA (ex Enarsa). La ley 27.605, aprobada en diciembre del año pasado, estableció que el Poder Ejecutivo deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados. El organismo que conduce Marcó del Pont aclaró que “las estimaciones sobre el destino de los fondos son preliminares ya que la AFIP continuará con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas”. “Asimismo, se espera que a lo largo de las próximas semanas avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte”, concluyó. Fuente: Página 12
