Buenos Aires, 09 de Abril de 2021 El proyecto regresará a Diputados para su sanción definitiva, porque el texto original recibió algunas modificaciones. El Senado aprobó el proyecto que busca incorporar al Código Penal un artículo sobre la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos, y giró el texto a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. La media sanción se registró con 67 votos a favor y uno en contra (del senador Ernesto Martínez), y avaló una iniciativa que propone multas y prisión para combatir el acoso. El texto sancionado unificó dos propuestas, una de las cuales ya había recibido sanción de Diputados y resolvió incorporar una serie de correcciones que obligan a devolver el expediente a la Cámara baja. El texto original, cuya autora fue la exdiputada del oficialismo Victoria Donda, incorpora el artículo 129 bis, de prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos, al Código Penal. La propuesta establece multas de entre 3.800 a 20.000 pesos al que, mediante gestos o palabras con connotación sexual, contacto físico o arrinconamiento, perturbare la dignidad, integridad física, psicológica o sexual de una persona, con motivo de su género. La multa es mayor si la víctima es menor de 18 años o el autor es funcionario público o integrante de una fuerza de seguridad. La norma contempla, también, como medida obligatoria para los condenados la realización de talleres orientados a concientización y erradicación de este tipo de violencia y se incorporan políticas públicas de difusión y concientización en la Ley 26.485 de violencia contra las mujeres. La iniciativa sancionada incluyó propuestas de las senadoras Silvia Elías de Pérez y Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio). La senadora por La Pampa Norma Durango (FdT), consideró a «esta iniciativa como una obligatoria consecuencia de la ampliación de los derechos de las mujeres y diversidades sexuales» y opinó que «desde la legislación hay que lograr que la calle deje de ser un ámbito hostil para las mujeres». Fuente: Página 12

Catamarca, 11 de Abril de 2021 Por Alejandro Maidana Desde este miércoles la empresa Yamana Gold de forma ilícita ingresa maquinaria para avanzar en el proyecto M.A.R.A. Agua Rica-Alumbrera. Los vecinos denuncian que la autorización provino del ejecutivo provincial catamarqueño. Sin licencia social la población permanece alerta mientras continúan los bloqueos de ruta selectivos. Los pueblos considerados sacrificables por las corporaciones mineras siguen consolidando su resistencia con la dignidad como estandarte. Un camino tan estoico como resiliente, una lucha inquebrantable contra un monstruo que ha sabido encontrar en el poder político, un ariete necesario para atropellar todo derecho que se le interponga. Se trata de una defensa irrestricta, para garantizar la preservación de aquello que oficia de garante de vida y futuro: el agua. Y es contra un neocolonialismo que impulsa, a través de la acumulación por desposesión, un capitalismo voraz dispuesto a seguir ensanchando la brecha social a como dé lugar. Los pulpos mineros avanzan de manera ilegal y sin licencia social, escondidos detrás de un escritorio político que oficia de garantía a la hora de justificar el saqueo. La violación de distintas leyes parece no mover el amperímetro del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien dio el visto bueno para «invadir» territorio andalgalense. Entre las extralimitaciones, podemos citar que la actividad minera viola la ley de Glaciares, la ley general del Ambiente, la ley de Bosque Nativo y los Derechos Humanos, garantizados por la Constitución Nacional y los convenios internacionales. También es preciso destacar que atropella la Ordenanza municipal 29/16 (que aún está vigente), donde se prohíbe toda actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá. A lo antes mencionado, debemos sumarle que también se incumple el fallo de la Suprema Corte de Justicia, donde la misma reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la integridad física y a la propiedad de todos los habitantes de la región. Ante lo explícito de la situación que se vive en Andalgalá, no hay duda alguna de que en tierras catamarqueñas manda la megaminería, aquella que se llenó los bolsillos gracias a los recursos naturales de esa expoliada provincia. Mientras tanto, la pobreza sigue avanzando a pasos agigantados, ya que la historia se empecina a demostrar una y otra vez que el extractivismo, solo puede generar angustia, hambre y desesperanza. El pueblo bravo de Andalgalá no baja los brazos Lejos de resignarse, aquellos que no piensan hipotecar sus días y el futuro de sus hijos a cambio de rancias promesas de progreso, siguen organizados, alertas y movilizados. “La renovación de la resistencia se reflotó hace 18 días, más precisamente para el Día Mundial del Agua; con la Asamblea el Algarrobo nos unimos a esa movida plurinacional. Fue en ese preciso momento donde un grupo de compañeros divisa un gran contingente de trabajadores mineros, desde ese día hemos decidido bloquear los dos accesos que tiene esta empresa minera hacía el lugar a expoliar”, le dijo a Conclusión José Martiarene, vecino de Andalgalá e integrante de la Asamblea el Algarrobo. La investigación llevada adelante por distintos técnicos arroja que el daño ambiental que van a disparar las distintas perforaciones será irreversible.” > Te puede interesar: La Alumbrera, la historia detrás del saqueo y las promesas de progreso La resistencia y descontento por parte de la población resurgió nuevamente, ya que la integración de Agua Rica y la Alumbrera, formalizada en el 2020, dio vida a M.A.R.A. “De esa manera, todas las disposiciones legales que había con el viejo proyecto dejan de tener validez. Aproximadamente en junio de 2020, comienza a visibilizarse la información de que se impulsaban una serie de mesas de diálogo, con la falacia de que la información era pública, cuando en realidad eso no sucedió jamás en Andalgalá. La investigación llevada adelante por distintos técnicos arroja que el daño ambiental que van a disparar las distintas perforaciones será irreversible.” Cuando se apersonaban los habitantes de ese bello lugar catamarqueño, haciendo gala de su derecho al acceso a la información, el organismo de turno les ofrecía 6 tomos de unas 2.000 hojas cada uno. “Esto hizo que resultara imposible poder escudriñar con detenimiento cada ítem. Finalmente es el gobierno de Catamarca el que termina aprobando esos once pozos, otorgándole a la empresa la concesión y aclarando que esto se dio en septiembre, mientras que en diciembre se da la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 29/16. Ésta prohibía la realización de cualquier actividad minera en las cuencas altas del río Andalgalá y fue impulsada la Corte Suprema de la provincia”. > Te puede interesar: La Justicia de Catamarca respalda el accionar de los pulpos mineros Lo que sucedió después de lo antes mencionado, fue que la provincia ingresa en una emergencia hídrica, y es allí donde se consolida la molestia y resistencia, ya que la empresa minera Yamana Gold se encontraba violando una cautelar de la Corte Suprema de la Nación, dos resoluciones del ministerio de minería y la decisión de un pueblo. “Cabe destacar que, para avanzar con el estudio de impacto ambiental, estas empresas primero deben contar con la licencia social del lugar que van a sacrificar, y acá en Andalgalá no la tienen. Sin embargo, y pese a todas las prohibiciones circundantes, esta empresa comenzó a avanzar, trascendiendo de que iban a comenzar a subir a través de otros departamentos como es el caso de Santa María en Belén. Este miércoles 7 de abril, un grupo de compañeros subió a través de un camino alternativo, pudiendo contemplar unas 30 camionetas con empleados en su interior, junto a algunos camiones y una máquina perforadora.” En 2019 desembarca una ONG (Fundación EcoConciencia) que es totalmente servil al extractivismo. Los hemos denunciado en varias oportunidades… su presidente tiene una «trayectoria» muy oscura.  Bajo este contexto, el pueblo de Andalgalá rechaza fervientemente este tipo de movimientos que buscan instalar desde la ilegalidad, una actividad sumamente destructiva para las cuencas de agua. “El rechazo popular está latente, también hay algo que queremos destacar y es

11 de Abril de 2021 La renuncia llegó luego de varios días de versiones y un contundente rechazo de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y universitarias a la decisión del ministro de Ambiente, Juan Cabandié. En su reemplazo asumió el hasta ahora subsecretario de Gestión Administrativa de Ambiente, sin experiencia en el área. A pesar del respaldo de organizaciones campesinas, sindicales y universidades, Daniel Somma renunció el miércoles a su cargo como director de Administración de Parques Nacionales (APN) por pedido del ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Los rumores de la renuncia crecieron desde el viernes pasado y generaron un rápido rechazo por la gestión abierta al diálogo y a la construcción colectiva para la preservación de los territorios y áreas de conservación que Somma mantuvo en sus 15 meses de gestión. “Es momento de dar un paso al costado y reflexionar sobre este período para repensar el futuro”, señaló Somma en su carta de renuncia. Desde el Ministerio de Ambiente no dieron explicaciones por el pedido de renuncia y anunciaron a Lautaro Eduardo Erratchu como nuevo titular de la APN, quien ocupaba el cargo de subsecretario de Gestión Administrativa ministerial y sin antecedentes de trabajo en el área de conservación.       “Daniel Somma encabeza una profunda transformación en el organismo. En consonancia con un gobierno nacional, popular y multicultural, que propone instituciones por y para los pueblos y no contra ellos”, sostenía el documento de respaldo emitido por una treintena de organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y universitarias, tras conocerse lo que calificaron como un “pedido de renuncia injustificado”. La Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, la Asociación de Mujeres Rurales Argentina, la Coordinación Nacional de delegados de ATE y el Mocase estaban entre los firmantes.   La partida de Somma —ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1983 y doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Wageningen, de Países Bajos— tenía un desenlace anticipado si se observan los movimientos que desde el Ministerio comenzaron a realizar en octubre pasado, cuando Andrea Suárez fue reemplazada como vicepresidenta del directorio de Parques Nacionales. Dos meses después, en diciembre, fue el turno de dar un paso al costado del jefe de Gabinete de Somma, Fabio Romanella, luego de meses de una relación tirante.  Con Somma fuera de la APN, la actual vicepresidenta del directorio Natalia Juari sonó como posible reemplazante en el directorio del APN, funcionaria cercana a Cabandié y quien reemplazó a Suárez en octubre pasado. Pero Cabandié anunció con un tuit que el nuevo director es Lautaro Eduardo Erratchu, abogado de la Universidad del Salvador y sin experiencia ni antecedentes en temas relacionados al ambiente y la conservación.  El currículum de Erratchu indica que fue director general de Asuntos Legales en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, director de Sumarios en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, director general de Recursos Deportivos y director general de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras experiencias, el nuevo titular de Parques Nacionales trabajó como investigador en la Oficina Anticorrupción y como secretario de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. La salida de Somma significará una mayor influencia del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (Sigunara) sobre las decisiones en las futuras políticas, con un perfil más conservacionista y alejado de la relación con las comunidades. En las negociaciones que se mantuvieron entre el lunes, cuando Cabandié le pidió personalmente la renuncia a Somma, y el miércoles de la renuncia, se barajó la posibilidad de crear una nueva dirección para mantener la línea de trabajo del ex director, pero quedó descartado.    “Buscamos volcar un conjunto de ideas y principios organizacionales que inserten a Parques en el siglo XXI, deconstruyendo a la APN. Pensando en los territorios, sus procesos socio-ecosistémicos y la matriz de paisaje, donde están las Áreas Protegidas (“Islas de Conservación”) y no exclusivamente en las islas. Siempre con la conservación y el desarrollo local sustentable como norte”, sostuvo Somma en su carta de renuncia.  “El compañero Daniel Somma es quien asegura una mirada inclusiva” La reacción de las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales fue inmediata cuando se escucharon “las versiones de pedido de renuncia injustificada”. “Cuenta con sólidos valores y formación académica, sobrada experiencia y capacidad de gestión para conducir el organismo. Claras son las muestra que, en poco más de un año y en plena pandemia, su gestión ha generado”, sostuvieron las organizaciones en el documento conjunto.  El Movimiento Nacional Campesino (MNCI-Somos Tierra) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) emitieron otro comunicado en el que explicaron cómo la gestión de Somma modificó la relación de las comunidades campesinas e indígenas en los territorios compartidos con Parques Nacionales en los límites de las fronteras agropecuarias.  “Durante muchos años y en muchos de estos territorios hemos tenido una convivencia difícil, producto de la mirada excluyente de conservación que imperó en la APN, que con puntuales excepciones ha visto a los habitantes de los bosques, pastizales y desiertos como potenciales amenazas a los bienes que custodia”, apuntaron y destacaron que la gestión de Somma había abierto “como nunca, la mirada hacia los vecinos incluyéndonos, consultándonos y haciéndonos partícipes y protagonistas de las preservación”.  “El compañero Daniel Somma es quien asegura esa mirada inclusiva, quien la promueve y genera todos los días hacia adentro de la institución, con la cual queremos seguir trabajando”, habían pedido las organizaciones a Cabandié.  Durante el 2020, la gestión de Somma desde el directorio de la APN junto a la Dirección Nacional de Conservación y las Direcciones Regionales e Intendencias impulsó un proceso sistemático de reconocimiento de poblaciones y se avanzó con 3 del Parque Nacional Nahuel Huapi, 4 del Parque Nacional Lanín y 9 del Parque Nacional Los Alerces. Además, se aprobaron 17 proyectos de los programas de Fortalecimiento de Comunidades Indígenas y de Apoyo para el Desarrollo de Actividades Sustentables en Poblaciones Rurales, cuando entre 2015 y 2019, se habían aprobado 14.    En otro plano, la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) destacó