San Juan, 09 de Abril de 2021 En el día de ayer, el gobernador sanjuanino se reunió con representantes de diversos sectores para analizar nuevas medidas que puedan mitigar el avance del COVID 19. «Cuidarnos es tarea de todos, los resultados y logros serán también de todos los sanjuaninos», afirmó. El Gobierno de San Juan consideró necesario trazar nuevas medidas para lograr un impacto positivo en la reducción de la transmisión del virus, evitar la saturación del sistema de salud y proteger la economía provincial, ante el panorama de aumento de contagios de COVID 19 en todo el país. En este marco, tuvo lugar una reunión extraordinaria de los integrantes del Acuerdo San Juan en el foyer del Teatro del Bicentenario, quienes se expedirán sobre las nuevas medidas que regirán a los sanjuaninos ante la pandemia de COVID-19 . Fueron parte del encuentro, integrantes del Poder Judicial, diputados provinciales, intendentes de los 19 departamentos, referentes de ATAP, UTA, Fuerzas de seguridad, Federación Económica, UISJ, Confederación Sanjuanina de Deportes, UNSJ, UCCuyo, CGT, Comercio, gastronómicos, Mesa Interreligiosa, hoteleros, eventos, agencias de viaje, Obra Social Provincia, entre otros. Debido al nuevo panorama nacional y en el marco de las medidas anunciadas por la Presidencia, el gobernador sanjuanino abrió la exposición de ideas señalando que «en ocasión de abrir las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados el 1 de abril, hacía una valoración de lo que significa el Acuerdo San Juan, una herramienta válida, necesaria y más que importante para que nos podamos en una mesa de discusión institucional, expresarnos y discutir ideas que tuvieran el camino del encuentro, del mayor consenso posible respecto a las cosas que debíamos hacer en un año tan difícil como el anterior». «El ASJ implicaba una hoja de ruta de lo que teníamos que hacer en la pandemia y pospandemia. Aun no llegamos este último punto, seguimos trabajando en medidas inherentes a la pandemia que azota a San Juan, la región, el país y el mundo», agregó Uñac. Seguidamente, valoró la situación epidemiológica con la que cuenta la provincia en la actualidad y advirtió que «si no tomamos medidas pertinentes, la situación puede ser compleja. El gran desafío es buscar esos justos equilibrios para proteger la salud sin descuidar la economía». En ese orden, el gobernador de San Juan dijo que busca, mediante esta reunión extraordinaria, alcanzar la menor transmisión del virus, protegiendo la situación sanitaria, afectando lo mínimo posible al sector económico y las fuentes de trabajo. «Quiero hacer hincapié en esto, menor transmisión del virus, cuidar la sanidad y a los sectores de Salud junto a los sectores de Seguridad. Cuidarnos es tarea de todos los resultados y logros serán también de todos los sanjuaninos. No hay proezas personales que puedan conseguir resultados colectivos y hoy ponemos en evidencia que la salida debe ser colectiva y plural para que pueda ser lo más abarcativa posible y pueda abrazar en los resultados positivos a la mayor cantidad de sanjuaninos y sanjuaninas», expresó. «La convocatoria es para que más allá de la pertenencias partidarias e ideológicas, podamos expresarnos y decir qué pretendemos y nos predispongamos a escuchar la opinión de todos los sectores de la sociedad sanjuanina para buscar un punto medio en el tránsito de momentos difíciles», analizó. Acto seguido, Uñac agradeció a los sanjuaninos y aseguró que «estuvimos a la altura de la circunstancia. Hemos exhibido resultados sanitarios y económicos que en contexto de pandemia han sido un gran esfuerzo que fue en línea con lo que se concretó en esta convocatoria plural y eso obedece a la participación de todos los sanjuaninos». «Que estén aquí enorgullece a la provincia en su conjunto, nos hemos despojado de las situaciones individuales o sectoriales, por justificada que sean, en pos de transitar la pandemia con la menor cantidad de efectos negativos», finalizó. Fuente: SanJuanHoy

Catamarca, 09 de Abril de 2021 La asamblea El Algarrobo de Andalgalá, en Catamarca, denunció que la minera Yamana Gold ingresó de forma ilegal maquinarias para empezar a operar en la zona del Nevado del Aconquija. Hace más de dos semanas que vecinas y vecinos mantienen bloqueos de ruta selectivos como medida de fuerza para visibilizar lo que lograron en 10 años de lucha y hoy no se está cumpliendo: una ordenanza municipal que prohíbe la actividad minera y una medida de amparo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin contar leyes como la de Glaciares, la de Medio Ambiente o instrumentos como la Constitución Nacional. Los movimientos del gobierno provincial para avanzar con el proyecto. Y el temor ante lo que está en juego. “Vecin@s es una realidad. El tiempo es hoy. Están subiendo a perforar nuestros cerros. Una postal muy triste, el Nevado del Aconquija amenazado hacia su extinción y con él, la nuestra”. Con estas palabras, acompañada de las imágenes de los camiones gigantescos, la Asamblea El Algarrobo del departamento de Andalgalá, en Catamarca, comunicó a través de sus redes sociales que la minera Yamana Gold ingresó maquinarias a la zona del Nevado, la cordillera ubicada entre Catamarca y Tucumán, donde la empresa quiere explotar el proyecto Agua Rica, hoy reconvertido como Proyecto MARA, pese a la resistencia de la comunidad que desde 2010 defiende el agua y la vida frente al modelo extractivo. “Lo que están haciendo es ilegal”, afirma a lavaca la docente Rosa Farías, integrante de la Asamblea, y explica que la empresa está violando dos resoluciones dictadas por la exsecretaría de Minería provincial (hoy Ministerio) en 2009, que prohibía el tránsito minero por el camino de Choya y de Potrero, los dos accesos que la asamblea está bloqueando hace 18 días de forma selectiva. Es decir: sólo impide el paso a vehículos con trabajadores o maquinaria de la empresa, o a aquellos proveedores de insumos mineros. “Pero ingresaron por otro camino, por el departamento de Belén. Tuvieron que hacer un rodeo 9 horas para poder realizarlo, custodiados por Gendarmería”, cuenta Farías. El abogado Juan Figueroa, de la Comisión de Legales de la Asamblea, interpreta: “Hay una gran voluntad política de querer llevar la explotación a toda costa. Ya lo dijo el Gobierno provincial y también el nacional”. Además de las resoluciones provinciales, en el distrito aún sigue vigente la ordenanza municipal 29/16 que “prohíbe toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá”, informó la asamblea. En diciembre, la Corte de Justicia de la provincia declaró inconstitucional esa ordenanza, por lo que la asamblea apeló a un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, que ya en 2016 había hecho lugar a un amparo en el que alertaba sobre el riesgo ambiental de la producción minera. Pese a todo, los trabajos de perforación fueron habilitados por el gobierno catamarqueño (cabe recordar que, en plena pandemia, la megaminería fue declarada “actividad esencial” por el presidente Alberto Fernández), por lo que la asamblea denuncia: “Estos trabajos fueron autorizados irresponsablemente por el Ejecutivo provincial que encabeza Raúl Jalil, en un contexto de emergencia hídrica (declarada por el propio Gobierno de la provincia), poniendo en riesgo nuestra fuente de agua y vida”. La advertencia ambiental de la Corte La Asamblea El Algarrobo se formó en 2010 en Andalgalá –20 mil habitantes, a 240 km de la capital provincial– tras una salvaje represión que dejó decenas de personas heridas y detenidas, entre ellas muchas mujeres, cuando intentaron impedir el ingreso de camiones de la minera Yamana Gold. Desde entonces la resistencia al proyecto minero movilizó a toda la población, que presentó un amparo que se demoró seis años hasta la resolución de la Corte Suprema, luego de que vecinas y vecinos viajaron 20 horas hasta los Tribunales porteños e instalaron una carpa en la Plaza Lavalle, frente al tribunal, para exigir una respuesta. En un fallo de 14 páginas, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte hizo lugar al amparo de la Asamblea y concluyó que el poder judicial catamarqueño no podía rechazar el recurso sin tener en cuenta los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán que alertaban el riesgo ambiental de la producción minera a cielo abierto con el uso de sustancias químicas altamente peligrosas. De ese informe –que consta en la sentencia– puede extraerse además que el proyecto puede generar riesgo de “avalanchas, derrumbes o deslizamientos que pueden afectar la ciudad de Andalgalá”, que “no están dadas las condiciones de seguridad suficientes”, por lo que “existe riesgo de contaminación de las aguas subterráneas”. La Corte respaldó la postura de la Asamblea ante los jueces provinciales. Textual: “La sentencia recurrida es equiparable a definitiva en tanto le ocasiona un perjuicio de tardía o muy dificultosa reparación ulterior, dado que mantiene en pie la amenaza de la instalación del emprendimiento destinado a la explotación minera, aprobado de manera irregular por la autoridad provincial”. Por ese motivo, el tribunal sostuvo: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”. Es lo que en términos jurídicos se llama también “principio precautorio”. La prohibición de la prohibición Al volver a la provincia el amparo motivó que el juez provincial Rodolfo Cecenarro dictara una medida cautelar acorde al fallo, y que la Municipalidad aprobara la ordenanza que prohibía la actividad minera en el territorio. Esa ordenanza es la que fue declarada inconstitucional por la Corte provincial el 23 de diciembre del año pasado, y por lo que los vecinos acudieron nuevamente a la Corte Suprema con un Recurso Extraordinario. “Fue casualmente meses después de que el gobierno ampliara de 5 a 7 los miembros de la Corte provincial”, contextualiza Farías, en referencia a lo que tantas veces son ficciones sobre la “independencia”

Neuquén, 09 de Abril de 2021 La Corte Suprema de Justicia condenó a la provincia de Neuquén en un juicio iniciado por las comunidades mapuches de Villa Pehuenia, las cuales habían cuestionado la creación hace 17 años de ese municipio, al imponérseles una organización político estatal ajena a sus sistemas de organización político-comunitarias sostenidas en esos territorios desde el momento que comenzaron a habitarlos. Si bien la mayoría de la Corte convalidó la creación del municipio de Villa Pehuenia, sostuvo que las autoridades deben implementar una mesa de diálogo con mecanismos permanentes de comunicación y consulta para con las comunidades mapuches en territorio puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren. El fallo lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco y el voto concurrente del juez Horacio Rosatti. En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz entendió que los mapuches no pueden pretender derechos políticos que no tiene otro grupo que integra el pueblo argentino. Entendió que la provincia no está obligada a respetar su organización política mediante asambleas, que son “extrañas a la forma de gobierno representativa y republicana”. El litigio llevaba décadas. Se inició cuando la provincia de Neuquén creó en 2004 Villa Pehuenia, en el norte de Neuquén, en tierras donde residían varias comunidades indígenas, y llamó a elecciones para la conformación de la comisión municipal. La Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina pidieron entonces declarar inconstitucionales esas normas, porque dijeron alteraban la identidad mapuche, les imponían un modelo político diferente del sistema de asambleas de familias por el que se regían. Argumentaron que se desconocía la “institucionalidad indígena” e imponerles un municipio para organizar la vida política comunitaria implicaba una erosión cultural. El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén rechazó esta demanda y el caso llegó a la Corte. Los mapuches contaron con el dictamen favorable de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Ahora, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Highton, con el voto concurrente de Rosatti, revocaron la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y admitieron la demanda. Lorenzetti, Maqueda y Highton sostuvieron que correspondía condenar a Neuquén a que, en un plazo razonable y en forma conjunta con las comunidades indígenas, establezca una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina para que implementen la consulta omitida. Además, dispusieron que diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren. De todos modos, declararon válida la creación del municipio de Villa Pehuenia y los actos jurídicos que celebraron sus autoridades y que generaron derechos y obligaciones. Establecieron que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén controle la ejecución de esta sentencia reciba los informes con los avances de la mesa de diálogo. Lorenzetti, Maqueda y Highton indicaron que la creación de un municipio puede afectar a las comunidades mapuches en la protección de su tierra y territorio y con sus derechos políticos, pues los obliga a un modelo de organización del poder ajeno a su cosmovisión y a sus instituciones políticas. La mera atribución de funciones y facultades, sin consultar a las comunidades indígenas, es susceptible de afectar su espacio de autodeterminación, señalaron. El juez Rosatti sostuvo que correspondía una “colaboración sin interferencia” y que en 60 días se convoque y concrete una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina para oírlos y diseñar en forma conjunta con la Municipalidad de Villa Pehuenia mecanismos permanentes de participación institucional y comunicación, de modo que las comunidades originarias puedan intervenir en la determinación de las políticas y decisiones municipales. El juez Rosenkrantz admitió que esta determinación debía realizarse teniendo en cuenta que, desde hace varias décadas, nuestro país se comprometió con la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, pero la sentencia debía respetar que la soberanía radica en el pueblo de la Nación, que es uno solo. “Un único sujeto con derecho a la autodeterminación colectiva”, por lo que no se le puede reconocer a los mapuches derechos políticos que no tienen otras comunidades. Dijo el juez que no hacía falta hacer una consulta previa con los mapuches para crear Villa Pehuenia y que los convenios internacionales “no garantizan un derecho a la autodeterminación política” de esas comunidades. No se les niega a las comunidades indígenas ningún modo de participación que fuera reconocido al resto de la población, insistió y al contrario la convocatoria a elecciones le da derecho a cada persona a un voto y no contiene exclusión ni discriminación. “De ningún modo -dijo- Villa Pehuenia es una amenaza para la vida interna de las comunidades mapuches” y remarcó que la Constitución no asigna a los pueblos indígenas derechos políticos por encima de los derechos del resto de los ciudadanos y, por esa razón, el Estado provincial no tiene la obligación de respetar una manera de tomar decisiones que, “como las del sistema asambleístico que propugna la comunidad indígena recurrente, es extraña a la forma de gobierno representativa y republicana”. Fuente: La Nación

San Juan, 09 de Abril de 2021 En el marco del decreto nacional de restricciones por la segunda ola de COVID-19, los distintos sectores de la provincia expresaron sus ideas y aportes para mejorar las condiciones de trabajo, en una reunión desarrollada en el Teatro del Bicentenario. La Provincia adhiere al DNU0235-2021 en general y adopta adicionalmente las siguientes medidas, teniendo en cuenta lo acordado en la reunión extraordinaria del Acuerdo San Juan. Las mismas entrarán en vigencia a las 00:00 del sábado 10 de abril de 2021 y tienen por objeto cuidar la salud de todos los sanjuaninos y proteger la economía provincial. 1. Fortalecer el control del estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones del Comité COVID San Juan, debiéndose atender las siguientes reglas de conducta personal: Las personas deberán mantener, entre ellas, una distancia mínima de dos (2) metros. Utilizar tapabocas en espacios compartidos de manera correcta y permanente. Ventilar los ambientes en forma adecuada y constante. Higienizarse asiduamente las manos y usar alcohol. Toser o estornudar en el pliegue del codo. Evitar aglomeraciones Evitar espacios cerrados sin ventilación Cumplir el aislamiento de los casos positivos y contactos estrechos 2. Restricción nocturna: restringir los horarios de funcionamiento para bares, restaurantes, cines y teatros, los que de domingo a jueves deberán cerrar sus puertas a las 00 horas, debiendo quedar los locales vacíos desde las 01.00 hasta las 06.00. Los días viernes y sábado el horario de cierre será a la 01:00, debiendo quedar los locales vacíos desde las 02.00 hasta las 06.00. 3. Actividades y reuniones en domicilios particulares quedan limitadas a 10 personas, con el debido cumplimiento de los protocolos vigentes. 4. Circulación de personas: se restringe la circulación de personas de 01 a 06 de la mañana de domingo a jueves y de 02 a 06 de la mañana los días viernes y sábado. Los trabajadores esenciales quedan exceptuados de esta medida. 5. Movilidad y transporte: se escalonará la movilidad de la población para evitar que se genere aglomeración de trabajadores, estudiantes, docentes y ciudadanos, estableciéndose franjas horarias para el comercio y la administración pública. Comercio: desde las 09 hasta las 20 horas. Administración Pública: desde 08 hasta las 19 horas, salvo trabajadores esenciales. 6. Desdoblamiento de horarios: el Poder Ejecutivo promoverá el desdoblamiento de horarios para evitar aglomeraciones en lugares cerrados y saturación en el transporte público de pasajeros. Se invita a acompañar la medida a los Poderes Legislativo, Judicial y a los municipios. 7. Fiscalización, inspecciones y controles: se van a reforzar los controles en el espacio público, en las zonas comerciales y gastronómicas y en el transporte público para garantizar el cumplimiento de los protocolos y que las distintas actividades puedan seguir funcionando de manera segura. Siendo solidariamente responsables todos los actores de cada uno de los sectores. 8. Ocupación de las superficies cerradas: se reduce a un máximo del cuarenta por ciento (40 %), en relación con la capacidad habilitada, en todos los espacios cerrados, con la debida ventilación. 9. Personas en situación de mayor riesgo: continúa la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, para las personas alcanzadas por los términos de la Resolución N° 207/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sus normas complementarias, modificatorias y las que en lo sucesivo se dicten. 10. Teletrabajo: se fomentará el teletrabajo para aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral bajo esta modalidad. Se busca reducir al máximo posible la cantidad de personas en los lugares cerrados. 11. Campaña de prevención masiva: se fortalecerán las acciones de prevención involucrando a todos los sectores y ámbitos, tanto públicos como privados. Los controles se realizarán con la colaboración y compromiso de las asociaciones e instituciones. 12. Revisión de protocolos existentes: se dispone la revisión de todos los protocolos existentes bajo el criterio de disminuir la circulación y las aglomeraciones de personas, y con el objetivo de disminuir la transmisión del virus, evitar la saturación del sistema de salud, preservar la presencialidad de la educación y proteger la economía. 13. Brigadas COVID municipales: se solicita a los municipios el fortalecimiento y despliegue de las brigadas COVID municipales a fin de incrementar los controles preventivos. 14. Actividades suspendidas: quedan suspendidas las actividades masivas, los espectáculos masivos y las reuniones sociales masivas. También se suspenden los viajes grupales de todo tipo. Fuente: Servicio Informativo Gobierno de San Juan