San Juan, 26 de Marzo 2021 Por Ana María Fernández Equiza(*), especial para NODAL Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región. En estos días en que el conflicto minero, presente en el país desde hace más de dos décadas, adquiere una mayor visibilización nacional, es pertinente  recuperar algunos elementos que forman parte del debate y no reducirlo de forma maniquea. Los impactos de la minería no los inventaron los ambientalistas y los dilemas producción versus cuidado del ambiente,  trabajo versus cuidado del ambiente, divisas versus cuidado del ambiente son falacias que reducen, parcializan y oscurecen el debate. Cómo queremos vivir, cómo nos organizamos como sociedad, cuál es el modelo de desarrollo que queremos como país es el debate interrumpido e impedido por el neoliberalismo. La dictadura quebró deliberadamente el modelo de industrialización sustitutiva y restructuró la economía argentina bajo la hegemonía financiera.  Impuso ante todo una mirada individualista que obturó las  construcciones colectivas e instauró una forma de entendimiento que es parte del problema. La idea  de que el desarrollo se basa en la atracción de capital extranjero fue y  es absolutamente discutible. En términos de divisas significa más salidas que entradas, en términos de trabajo destruye mucho más de lo que crea, en términos de modelo productivo premia la usura,  desindustrializa, concentra, extranjeriza y empobrece. Y siempre endeuda. La crisis del 2001 puso en evidencia todo  lo que la propaganda neoliberal, la concentración de medios y  la dirigencia traidora o lábil  habían contribuido a disimular o justificar  durante el menemismo.    Fue en ese gobierno que se diseñó el esquema de apertura a la mega minería, adecuando el marco normativo a las sugerencias que el Banco Mundial promovió como estrategia minera[i].  Se modificó la Constitución Nacional, compensando la no sanción de una nueva ley de coparticipación Federal,  con la cesión de la decisión sobre los recursos naturales a las provincias.  Las políticas de ajuste y la descentralización de competencias sin recursos intensificaron las necesidades fiscales de las provincias y aumentaron su vulnerabilidad a la seducción de hacer caja con las migas de las regalías mineras. Así, en los noventa, se modificó el marco regulatorio y aumentaron las asimetrías entre inversores cada vez más concentrados e interlocutores con menor capacidad de negociación. Provincias pobres, golpeadas por el neoliberalismo y  acuciadas por las necesidades fiscales  son las responsables de habilitar o no los proyectos mineros y controlarlos. Un solo dato anecdótico sirve para ilustrar lo afirmado:  en el ranking de “atractividad” minera del instituto Fraser, una organización privada de referencia para las corporaciones,  no aparece el país sino las provincias.[ii] La minería es intensiva en Capital y Naturaleza, no en trabajo. Montañas, explosivos, agua, electricidad, infraestructura, todo a mega escala. Sus impactos ambientales son enormes e irreversibles. Impacta en lo que extrae y en lo que deja: superficies destruidas, drenaje ácido, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, gigantescos diques en zonas de riesgo sísmico, repletos de líquidos que contienen residuos de químicos como el cianuro, usado para separar el mineral buscado en el material hecho polvo. Un gramo de oro por tonelada extraida a la montaña, que se separa  utilizando cianuro, millones de litros de agua y otros elementos que luego quedan en valles de lixiviación y depósitos de “estériles” a miles de  metros de altura, en áreas de glaciares[iii]. Esto está pasando hace mucho con la resistencia de movimientos que defienden el ambiente en el que viven y el derecho a desarrollarse de otra manera. El empleo se los quitó el neoliberalismo. Sobre el terreno de la desesperación llega la megaminería ofreciendo algunos trabajos, algunas donaciones para mitigar las ausencias del estado, siempre migas comparadas con los impuestos eximidos por la promoción y con el lucro generado por la explotación feroz del territorio nacional. Y cuando no alcanzan las dádivas de la responsabilidad social empresarial para aplacar conflictos aparecen los métodos represivos que desafían o cooptan el rol de las fuerzas públicas. El ciclo de actividad minera es corto y mientras las empresas se llevan los recursos quedan pasivos ambientales por varias generaciones. ¿Alguien les preguntó a los CEOs  tan duchos en cálculos financieros cual es el valor de esos pasivos, que no están en sus balances porque los externalizan al ambiente en Argentina, pero son más reales y concretos que un valor bursátil? ¿Quién se hace cargo de la destrucción de ecosistemas en el presente y de los efectos derivados futuros? Ni los CEOS, ni los accionistas, ni los funcionarios estarán disponibles en el tiempo en que los impactos se seguirán manifestando. Si ya es difícil que las empresas se responsabilicen por los impactos presentes, ¿por qué seria esperable que asumieran la responsabilidad de los efectos que generaron pero se presentan cuando ya cerraron la mina? Por el contrario, sobran los ejemplos de empresas que antes de hacerse cargo de los costos por sus impactos simplemente van a la quiebra.  El pueblo y el estado quedan presos del daño ambiental y son los socios compulsivos de las pérdidas por los pasivos. La financierización que domina la explotación de recursos naturales impone una lógica perversa. En el presente lucra con proyectos cuya concreción supone el uso gratuito e  indiscriminado de agua y un alto riesgo de contaminación, lo cual contribuye a aumentar su escasez en el presente y el futuro para la vida y actividades alternativas, y luego mercantiliza el agua en mercados a futuro. Los discursos legitimadores de la minería hablan de industria minera. Por definición la minería es extracción, no industria. Si acaso se refieren a la industria de maquinaria e insumos mineros  está no se desarrolla en el país. La capacidad de encadenamientos productivos y multiplicación económica es muy reducida. Si se refieren a la industrialización a partir de la transformación de minerales, también es mínima y la mayoría de los proyectos mega-mineros están orientados a la exportación de minerales sin ninguna clase de transformación.

San Juan, 26 de Marzo 2021 En el marco del Día de la Memoria, Radio Nacional, con la conducción de Mauricio Lucero, realizaron un programa. En esta oportunidad compartimos el diálogo con la Dra. Carina Jofré sobre en ex CCD La Marquesita. En el programa especial por el Día por la Memoria, Verdad y Justicia hablamos con la doctora Carina Jofre, integrante del Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología y Arqueología – CEIAA , investigadora del CONICET y miembro del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos San Juan Reflexionó sobre el trabajo en conjunto con la justicia federal y con HIJOS San Juan, quienes impulsaron el proyecto para señalizar Centros Clandestinos de Detención en San Juan. Jofré hizo hincapié en el caso de La Marquesita, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó durante la última dictadura cívico-militar en el Regimiento de Montaña Nº 22 del Ejército y fue señalizado en 2013. En el siguiente enlace podrán acceder a