25-02-2021 El lunes 22 de febrero, a través del Decreto 123/2021, se oficializó la creación del Consejo Federal para la Prevención y el abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, dentro de la órbita del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial este lunes 22/2/2021. El nuevo organismo se crea con el fin de “establecer un ámbito de trabajo interinstitucional que garantice un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios y de otras violencias extremas”. El Consejo estará integrado por los titulares de los Ministerios de Seguridad, de Justicia y de Derechos Humanos y de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estos deberán dictar un reglamento interno. Además, se invita a las Provincias a incorporarse. Entre las funciones del Consejo se menciona “elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios” y “elaborar estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”. Además, el Consejo deberá unificar los sistemas de registro y gestión de la información y promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género promoviendo la coordinación de acciones entre los organismos judiciales, de seguridad y las áreas de género con competencia en la materia a nivel nacional y local. Adicionalmente, el Consejo tendrá que promover el fortalecimiento de los dispositivos locales de asistencia integral de situaciones de violencia por motivos de género. Otra de las funciones será organizar mesas de trabajo locales con participación de los gobiernos locales, integrantes del Poder Judicial y Ministerios Públicos con competencia en cada jurisdicción, referentes de la sociedad civil, asociaciones de apoyo a las personas en situación de violencia y expertos en la materia. Asimismo, deberá redactar y elevar un informe anual de las acciones que se tomaron en las distintas provincias y en el ámbito nacional en el marco del Consejo, el que deberá ser enviado al Congreso de la Nación. El Consejo Federal para la Prevención y el abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios tendrá una Coordinación Ejecutiva a cargo de los titulares de los nombrados ministerios. Así, la Coordinación Ejecutiva convocará al Consejo, como mínimo, una vez cada 6 meses. Como modalidad de funcionamiento, adoptará un esquema de trabajo por regiones que facilite el intercambio entre sus integrantes y permita elaborar estrategias acordes a las características de las distintas provincias. Por último, en el Decreto se recomienda a las provincias “jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y promover el fortalecimiento de las áreas de género municipales responsables de la asistencia y protección integral a las personas en situación de violencia por motivos de género” como también  “mejorar los mecanismos de coordinación y criterios de actuación conjunta entre las provincias y los municipios, en especial en casos de alto riesgo, e informar de manera regular al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sobre los recursos y lugares existentes en cada jurisdicción destinados a la asistencia y protección a personas en situación de violencia por motivos de género”. También propone que se generen mecanismos que faciliten la realización de denuncias administrativas ante casos de violencias por motivos de género que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad. Finalmente, recomienda que en los establecimientos de salud se cuente con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género, incluyendo el registro de las intervenciones sanitarias vinculadas a estas situaciones, en articulación con los organismos competentes en la materia. Fuente: Erreius

25-02-2021 La de ola femicidios acontecidos en el país desde comienzos del año, ha llevado a colocar el foco de atención en las diferentes reparticiones estatales encargadas de prevenir estos crímenes que dejan a una mujer muerta por día. En este contexto, integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación ha tomado cartas en el asunto con el caso de Eduardo Cáceres, diputado sanjuanino por el PRO, quien esta denunciado por violencia de género. Al menos quince diputadas pidieron que la Cámara suspenda al sanjuanino Eduardo Cáceres, procesado judicialmente por “lesiones leves agravadas por el vínculo” luego de ser acusado por violencia de género por su ex pareja, y que regresó a su banca el 12 de febrero, al fin de la licencia por 60 días que había tomado cuando comenzó el proceso judicial. “Como diputadas de la Nación, tenemos el deber y la obligación de implementar todos los mecanismos necesarios para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, señalaron las legisladoras en un escrito dirigido a la presidencia de la Cámara. El texto refiere entre sus fundamentos, además del reglamento propio del cuerpo, las convenciones internacionales ratificadas por el Estado nacional argentino y la Ley Micaela, de capacitación en género obligatoria para agentes estatales, que el procesado Cáceres propuso modificar, justamente, en cuanto regresó de su licencia. Cáceres es del Pro y las quince firmantes del pedido de suspensión revistan en el Frente de Todos. Sin embargo, los reclamos internos de intervención que generaron el regreso de Cáceres, y su intento de convertir en ley la “noción” de que “la violencia no tiene género”, son transversales, como consignaron diputadas de distintas identidades partidarias, inclusive del mismo Pro -que integra Cáceres-, en diálogo con este diario. El fin de semana, de hecho, hubo reuniones para tratar el tema, y la participación no diferenció entre bloques. “Es una mirada transversal, no política partidaria. Es de género, de nosotras. No debería ser así. Porque la violencia debiera evitarse en todos los sentidos, debiera ser de defensa de los derechos. En cuanto a las diputadas, es un tema que une a todos los bloques”, advirtió a este diario una de las participantes. De hecho, el lunes de esta semana la Secretaría Nacional de Mujeres del PRO emitió un comunicado en el que afirmó que es preciso “acompañar a quien alza su voz”. “Acompañamos a Gimena Martinazzo en su denuncia y solicitamos que el Cuarto Juzgado Correccional de San Juan se expida lo antes posible. No desconocemos que hay varones que sufren violencia, pero es desafortunado que quien presenta un proyecto en este sentido, se encuentre hoy en medio de una causa judicial por violencia de género. Pareciera ser un abuso de su posición”, señaló el comunicado distribuido por las cuentas oficiales de Pro Mujeres en redes sociales.”Denunciar no es fácil, por eso debemos acompañar a quien alza su voz y evitar impactos negativos mientras la causa avanza, que intentan llevarnos nuevamente al silencio”, añadieron las políticas. Suspender al procesado es preciso para defender “el rol que la ciudadanía nos ha asignado y la necesidad de proteger y cumplir con la legislación para erradicar todo tipo de violencia de género”, aseguran la diputada sanjuanina Graciela Caselles, las bonaerenses Jimena López, Mónica Macha, Liliana Schwindt, Liliana Yambrun, la porteña Mara Brawer, las salteñas Verónica Cáliva, y Alcira Figueroa, la jujeña Carolina Moisés, la fueguina Carolina Yutrovic, la santafesina Patricia Mounier, la chubutense Estela Beatriz Hernández, la pampeana Melina Delú, la formoseña María Graciela Parola, y la puntana Victoria Rosso. Cáceres, en tanto, se afana en agitar en entrevistas y por redes sociales su proyecto para penalizar “falsas denuncias o escraches sociales”, al que denomina “Ley Alejo”, en referencia al joven Alejo Oroño, asesinado a mediados de febrero de una puñalada por su ex novia, Nadia Navarro Montenegro. El texto ingresó la semana pasada por mesa de entradas con las firmas de otras 14 legisladoras y legisladores, todas nombres de representantes que, en sus respectivos mandatos, intentan construir sus perfiles en base a aferrarse a la agenda de oposición a derechos de mujeres, disidencias y diversidad. En la página web del legislador, renovada días atrás, la iniciativa quedó destacada como contenido único de sus “proyectos para el país”, que se diferencian de sus “proyectos para San Juan”, una pestaña algo más poblada. A principios de esta semana, entrevistado por la señal televisiva oficial de la Cámara, el diputado procesado pidió hablar de su última iniciativa, a la que definió como “un proyecto que habla de la justicia, habla de un tema tabú que es quizá la violencia de género contra el hombre”. “Sin poner el hombre arriba de la mujer, trata de equiparar en los alcances de la Ley Micaela, que es la concientización de la violencia de género hacia la mujer, para que sea la violencia de género hacia toda persona. Es decir, incluir a mujeres, varones, trans, transexuales y transgénero. Me parece algo importante porque es solamente concientizar y (está) basado en algunas estadísticas que hablan que también existe violencia bidireccional”, aseguró, tal vez en referencia a publicaciones incluidas en los fundamentos del texto, que mantienen vínculos casi íntimos con los apologistas del “Síndrome de Alienación Parental”, oficialmente definido como “falacia carente de rigor científico” en un pronunciamiento que el Gobierno dio a conocer a mediados de 2020. En la misma entrevista de Diputados TV, Cáceres también aseguró que “la misma organización de Naciones Unidas entiende y reconoce que la violencia de género se da tanto en mujeres como en hombres”. “El 30 de noviembre del 2020, se autorizó por pedido del Diputado Cáceres su desafuero y la Diputada Nacional Graciela Caselles solicitó que se lo licenciara, para que la justicia local pudiera acceder a todas las herramientas necesarias que permitieran aclarar y proceder conforme a derecho, ante la denuncia por violencia de género agravada por el vínculo realizada por parte de la ciudadana sanjuanina, Gimena Martinazzo”, recordó el pedido de suspensión de Cáceres, que añadió que luego de eso el legislador resultó procesado. Fuente: Página 12