Un caso aberrante sucedió en Santiago del Estero cuando a una nena de 12 años que es cartonera,  fue abusada y le negaron la interrupción legal del embarazo (ILE). El hecho sucedió en la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3 de Villa Grisela, La Banda. María, la menor de edad, es cartonera y su niñez fue atravesada por la violencia sexual desde pequeña, según cuenta Clarín, figuran denuncias desde los 3 años, en 2011, y luego en 2013 y 2017, y la mayor parte de su vida la pasó en instituciones alejada de su familia. La niña de 12 años vive junto a su mamá, la pareja de ella, y dos hermanitos de 8 y 6 años en condiciones de hacinamiento en una habitación que alquilan en un barrio humilde en las afueras de La Banda. En Santiago del Estero no se aplica un protocolo de atención de los casos de aborto permitidos en el Código Penal desde 1921 y lo que ocurre en muchos casos es que profesionales de la salud que trabajan en el sector público operan para impedir las ILE, mienten sobre el tiempo de embarazo de las niñas y postergan la notificación del caso a las autoridades sanitarias de la provincia, para que la gestación sea cada vez más avanzada, y no quede alternativa que continuarla. Así ocurrió en el caso de María. El pasado 2 de abril la niña tenía dolor en el estómago y fue a hacerse ver, pero el 6 recién pudieron realizarse una ecografía que dio como resultado una edad gestacional de 20 semanas. La menor y su madre regresaron a la UPA de Villa Griselda y tal como pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos ni le dieron información adecuada y conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26). La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda demoró casi tres semanas en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo de María que, dado que tiene menos de 12 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual. El informe de Pereyra está fechado el 26 de abril pero llegó al Ministerio de Salud de la provincia dos días después. Allí detalla que a la menor se le constató una gestación de 26 semanas. Es decir, informó una edad gestacional distinta, agregándole seis semanas. Además, dice que la niña “refiere haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo”. Y más adelante, detalla: “Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico”. Es decir, se la trata como una mujer embarazada más. Aunque se aclara que “ante la irregular situación de una menor embarazada, se dispone parte a la comisaría del menor y la mujer N° 2”. Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE. A partir de esto, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda para que la atendiera un equipo especializado. El 7 de mayo fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios y, con sorpresa, se descubre y constata que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación, distinto a lo que había informado oficialmente la médica que la atendió. Al día siguiente, la mamá dijo que tenía que regresar a su casa, donde había dejado a sus hijos pequeños, firmó el alta voluntaria y se fueron. El miércoles 13, una semana atrás, se convocó a un tocoginecólogo especializado de la provincia que dio garantías, siguiendo el protocolo de ILE de Nación, de que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica a la niña. Pero un alto funcionario de Maternidad e Infancia, se echó atrás: alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, le dijeron que no era apropiada la práctica.

Así lo anunció hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que aclaró que esa diferencia es interanual, y que la caída respecto del mes de febrero de este año fue de 9,5 %. El nivel de actividad económica retrocedió 11,5% en marzo en términos interanuales, mes en el que comenzaron las medidas de aislamiento para morigerar el avance del coronavirus, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además, en marzo la actividad económica cayó 9,5% frente a febrero pasado. Fuente: www.telam.com.ar

Un estudio de UNICEF proyecta que para fin de este año habrá más de 750.000 niñas, niños y adolescentes de la Argentina que caerán en la pobreza por el impacto de la crisis. El índice llegaría al 58,6%. Piden fortalecer la protección social. La pobreza infantil crece en la Argentina ante el impacto de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus. UNICEF calcula que para fin de este año habrá más de 750.000 niñas, niños y adolescentes de la Argentina que caerán en la pobreza. En el segundo semestre de 2019, llegaba al 53% de las niñas y niños, y podría escalar al 58,6% hacia fines del 2020. La pobreza extrema podría llegar al 16,3%. Esto implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,7 millones; la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones. Así lo advirtió hoy UNICEF con proyecciones basadas en estimaciones de la caída del Producto Bruto Interno (PBI) estimada en 5,7 puntos del PBI, y de la Encuesta permanente de Hogares del INDEC, como parte del estudio “Efectos del COVID-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina”. En las villas o en barrios populares, la incidencia de la pobreza en 2020 alcanzará a 9 de cada 10 niñas y niños. La pobreza aumenta significativamente cuando las niñas, niños y adolescentes residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%). Las niñas, los niños y adolescentes son las víctimas ocultas de la pandemia. Así lo consideró Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina, quien ya fue recibida en Olivos por el presidente Alberto Fernández, para analizar el impacto del confinamiento en los menores. La ubicación de la vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad. El Registro Nacional de Barrios Populares de la Argentina indica que 4,2 millones de personas viven en estos lugares: casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural. “Preocupa la combinación de elevados niveles de pobreza monetaria y estructural. Si los niños y niñas residen en viviendas inadecuadas o están hacinados, es difícil aplicar medidas de contención efectivas”, explicó Brumana. UNICEF también destaca que el gobierno nacional implementa medidas para contener los efectos del confinamiento. La protección de ingresos de los sectores más vulnerables implicó un aumento presupuestario de 514 a 650 mil millones de pesos, un 2% del PIB estimado para 2020. Si se incluyen otros programas de apoyo laboral o productivo, como la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) y los programas de créditos, se estima que las respuestas frente a la pandemia llegarían a los 3 puntos del PBI. En el estudio, UNICEF plantea tres recomendaciones para fortalecer las políticas de protección social. Señalaron que es clave mejorar el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Ampliar la base de los programas de protección social, como la AUH, la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimenta. Y la implementación de mecanismos universales que protejan ingresos y el acceso a bienes y servicios esenciales. “Proponemos que siga implementándose el bono extraordinario de $3103 a los titulares de la AUH y la asignación por embarazo para todo el 2020. Esta medida implica que el monto total de la AUH supere la línea de indigencia”, explica Sebastian Waisgrais, especialista en Inclusión Social del organismo. La AUH llega a 4 millones de niñas y niños. UNICEF plantea que sea un “subsistema de protección de ingresos universal y no condicionado”, ya que certificar las condicionalidades del programa será muy difícil por las medidas de aislamiento obligatorio. Fuente: www.eldestapeweb.com