El grupo que nació para buscar, recuperar, identificar y restituir a las víctimas de desaparición forzada del país entre 1974 y 1983 hoy se ocupa de causas en sesenta países. Destacan el desarrollo de técnicas científicas en el campo de las humanidades. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue postulado al premio Nobel de la Paz por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), se difundió este jueves. La iniciativa, presentada por Karina Batthyány, secretaria ejecutiva de CLACSO, y Alejandro Villar, rector de la UNQ, está fundamentada en “la tarea del EAAF en el ámbito de la ciencia aplicada a conocer la verdad y colaborar con la justicia”. El EAAF “conformó un grupo pionero de especialistas que desarrollan técnicas científicas en el campo de la Antropología Social, la Arqueología, la Antropología Forense, la Informática y la Genética”, explicó CLACSO a través de un comunicado de prensa. Su creación fue alentada por los Organismos de Derechos Humanos de la Argentina para buscar, recuperar, identificar y restituir a las víctimas de desaparición forzada del país entre 1974 y 1983. Contó entonces con el impulso del antropólogo estadounidense Clyde Snow. El EAAF conformó un grupo pionero de especialistas que desarrollan técnicas científicas en el campo de la Antropología Social, la Arqueología, la Antropología Forense, la Informática y la Genética. La tarea de la organización tiene un alcance global: trabajó en más de 60 países con víctimas de desapariciones forzadas; violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa; desapariciones actuales; narcotráfico; trata de personas, crimen organizado, procesos migratorios; guerras y conflictos armados; accidentes y catástrofes. Su labor se sustenta en los principios de los Derechos Humanos, del derecho humanitario internacional y, fundamentalmente, en el respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia.

El fiscal Franco Picardi describió el circuito de US$4,5 millones que partieron de cuentas de Odebrecht y IECSA, propiedad del primo de Macri. El fiscal federal Franco Picardi ratificó la existencia de un presunto pago de sobornos por US$4.5 millones por parte del consorcio empresario que se adjudicó el soterramiento del tren Sarmiento y que habría sido canalizado a través de una firma extranjera. Picardi presentó un extenso informe al juez que lleva la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, en base a datos llegados desde el Principado de Andorra, relativos a la «ruta del dinero» de la maniobra. «El examen de los antecedentes obrantes en la investigación en el Principado de Andorra en conjunción con los elementos» ya obtenidos en la investigación «permiten concluir que la UTE CNS fingió o simuló haber contratado a la firma extranjera DSC para llevar adelante una contraprestación de servicios con motivo de la obra pública» para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, explicó Picardi. Para el acusador, el «único fin» de esa contratación fue «justificar el giro de 4.495.250 dólares» que se habrían usado para el pago de sobornos a ex funcionarios. En este contexto, «se pudo acreditar la inexistencia de una efectiva contraprestación de servicios con motivo de la contratación puesta bajo lupa», advirtió el fiscal. Picardi hizo alusión al «hallazgo de nuevos elementos probatorios detectados por esta parte, como así también al nuevo material aunado al presente que confirman, aún más, que la Unión Transitoria de Empresas integrada por ‘Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.’ suscribió dos contratos fictos o simulados con la firma española Detección de Riegos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. (DSC)». Estos contratos «le permitieron girar USD 4.495.250 a la Banca Privada de Andorra (BPA) para el pago de sobornos con motivo de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento», afirmó. La «transacción comercial puesta en crisis se erigió como un eslabón más dentro de un engranaje jurídico y financiero diseñado por las firmas en cuestión y sus integrantes con el solo fin de concretar el pago de sobornos a funcionarios públicos integrantes de la entonces cartera del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación», explicó Picardi. De esta manera, se aseguraron «la adjudicación y continuidad de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento». Fuente: www.minutouno.com

La suba será establecida a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y se anunciará entre el viernes y el lunes próximo. Entre el viernes y el lunes próximo, el Gobierno anunciará cuáles serán los aumentos que tendrán las jubilaciones y pensiones y que regirá en los próximos meses. Como consecuencia de la suspensión de la aplicación del porcentaje de movilidad jubilatoria —que debería haber sido de 11,56% para marzo—, el aumento será establecido a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). También se incluirán los incrementos correspondiente a los beneficiarios de la AUH y las Asignaciones Familiares, prestaciones no contributivas y pensiones adulto mayor (PUAM). Según fuentes del Gobierno, el porcentaje exacto será definido luego de conocerse la inflación de enero, que será informada por el Indec este jueves y que las consultoras privadas creen que rondará el 3,5%. Con todo, las jubilaciones de las categorías más bajas recibirían un aumento de entre uno y dos puntos por encima del porcentaje de inflación estimada trimestral, que podría rondar entre 9% y 12% en promedio. En tanto, para las categorías más altas —los jubilados que más ganan— rondaría un tercio del aumento correspondiente a los que menos ganan. Aunque no hay un número definido, desde el Gobierno ya tienen claro el concepto de cómo sería la fórmula y los objetivos: con la aplicación de estos porcentajes buscan incentivar consumo y que no haya presentaciones en los tribunales por una violación de la ley que está vigente, por la cual debería aplicarse un aumento de 11,56%. De esta forma, el aumento podría ser de 12% para los que tienen los haberes más bajos y de 4% para los que están en las categorías más altas. En ese caso, el haber mínimo pasaría de los actuales $14.068 a cerca de $15.700. Las jubilaciones y pensiones por debajo de ese valor recibirán un incremento más bajo. Tampoco se confirmó si a estos porcentajes se podría agregar además una suma fija. A fines de enero, el presidente Alberto Fernández aseguró que el “objetivo” del Gobierno era que en abril todos los jubilados “reciban un aumento” y adelantó que era posible que los que están más abajo reciban un adicional. “Los adicionales son sumas fijas, y eso nos permite controlar un poco más el gasto público y los efectos fiscales de estos aumentos”, explicó Fernández. A partir de la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva sancionada por el Congreso en diciembre del año pasado, el Gobierno congeló por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria con el propósito de determinar un nuevo esquema de ajuste que sea sostenible para las finanzas del Estado.

El Índice de Precios al Consumidor se desaceleró en el primer mes de la presidencia de Alberto Fernández y fue del 2,3%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Durante el enero, el rubro alimentos y bebidas subió 4,7%, en tanto que restaurantes y hoteles, vinculado con las vacaciones de verano, el 4,2%; y transporte, el 1,5%, entre otras. Gravitó para que la suba no fuera mayor una baja del 2% en salud, por la retracción de los precios de los medicamentos, y del 1,3% en equipamiento y mantenimiento para el hogar. Esta suba del 2,3% en enero superó por apenas una décima al 2,2% de julio del año pasado, pero se ubicó muy por debajo del 3,7% de diciembre, y del 3,5% que estimaban para el mes las consultoras privadas relevadas por el Banco Central.