El Gobierno oficializó el incremento en los haberes, según lo establece el cálculo previsto por ley. En total subieron 51,1 por ciento en el año y quedaría otra vez por debajo de lo que lo hicieron los precios. Este 2019 volverían a perder contra la inflación. El Gobierno oficializó hoy que las jubilaciones aumentarán 8,74% a partir de diciembre, con lo cual el haber mínimo se ubicará en 14.067,93 pesos. El incremento se formalizó por medio de una resolución de la Secretaría de Seguridad Social, publicada este viernes en el Boletín Oficial. «Determínase que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente a diciembre de 2019, es de 8,74%)», según el texto oficial. Con este nuevo aumento, la jubilación mínima pasará de $12.037,22 a $14.067,93; las pensiones no contributivas perciben el 70% de esos valores y la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) el 80%. Por su parte, el primer tramo de la asignación familiar por hijo se incrementará de $2.525 a $2.746. A lo largo de 2019, los jubilados habrán percibido cuatros subas en sus haberes: 11,83% en marzo, 10,74% en junio, 12,22% en septiembre y 8,74% en diciembre. En total es un ajuste del 51,12%, que será menor a la inflación de todo el año, estimada en torno al 55%. Así se repetiría lo ocurrido en 2018, cuando las jubilaciones subieron 28,5% en total y la inflación estuvo por encima del 40%. El Poder Ejecutivo recordó que a partir del 1° de marzo de 2018, la movilidad de los haberes jubilatorios se determina en un 70% por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC, y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Los aumentos se aplican de manera trimestral en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La movilidad abarca a unos 18 millones de beneficiarios, de los cuales 6,9 millones son jubilaciones y pensiones; 1,7 millón de Pensiones No Contributivas y Pensiones Universales para el Adulto Mayor, 5,2 millones de asignaciones familiares y casi 4 millones de Asignación Universal por Hijo (AUH). El primer aumento de 2019 El primer aumento de las jubilaciones durante la gestión del presidente electo Alberto Fernández será del 11,56% en marzo próximo, siempre que se aplique la actual fórmula de movilidad para calcular los haberes. El incremento surge en un 30% de la evolución de los salarios formales según el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y del 70% de la inflación entre julio y septiembre pasados. Hasta el momento, se desconoce si el Gobierno que asumirá el 10 de diciembre mantendrá esa fórmula o impulsará modificaciones. Según publicó el matutino Clarín, una variante que impulsa el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada es reemplazar la actual fórmula por otra que tome en cuenta, alternativamente, la evolución de la inflación y el RIPTE (la evolución de los salarios de los trabajadores formales). De ambos índices, se aplicará el que sea más favorable a los jubilados, con la condición de que el RIPTE sea consistente con la evolución de la recaudación del sistema de Seguridad Social. En caso contrario, los haberes se ajustarían por el nivel de inflación. Antes del ajuste previsto para marzo, en diciembre las jubilaciones subirán un 8,74%, con lo que el haber mínimo se ubicará en 14.068 pesos, para llegar a los 15.694 pesos tres meses después. A fines de 2019, a raíz de la aplicación de la fórmula de movilidad que está vigentes desde 2017, las jubilaciones habrán tenido una caída de poco más del 20% en términos reales, comparadas con 2015. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia aún debe expedirse sobre si la aplicación retroactiva de la fórmula de movilidad es inconstitucional, de acuerdo con el fallo de la Sala III de la Camara de la Seguridad, en el caso Miguel Fernández Pastor. También, el máximo tribunal tiene que determinar sobre la vigencia de esta fórmula, ya que perjudicó a los jubilados, como reclamó Fernández Pastor en su demanda.
Desde el gobierno provincial elaboran un informe sobre la economía sanjuanina
El informe toma datos del del Producto Bruto Geográfico que mide la evolución de la economía local. Desde el Ministerio de Hacienda consideraron que es un paso importante orientado a la modernización del Estado La presentación estuvo a cargo del secretario de la Gestión Pública, Andrés Rupcic, quien expresó que por decisión del gobernador Uñac el proyecto se encaró con el propósito de fortalecer las estadísticas provinciales, y en ese marco fortalecer el propio Estado y el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, responsable del trabajo. En el estudio puede encontrarse básicamente una medición del nivel de actividad económica de la provincia a partir de un primer avance metodológico, como fue el cambio del año base de la investigación, de 1993 a 2004. El referido cambio, apuntó el funcionario, ha representado una variación significativa en cuanto a la calidad de los datos obtenidos, porque tiene que ver cómo era la economía en uno y otro año. En ese lapso San Juan observó grandes modificaciones en su estructura económica. Rupcic añadió que la sustentabilidad del trabajo está dada por el hecho de que quedará en poder de la administración pública y no del funcionario de turno, como patrimonio de la Provincia para que cualquier persona que trabaje en el IIEE sepa cómo se hicieron los cálculos, para continuarlo en el tiempo o mejorarlo. En la serie puede advertirse que la administración pública, que tiene un peso preponderante, ha mantenido en el tiempo una política de equilibrio sustentable que hace que el resto de los actores que interactúan con el Estado, hayan tenido previsibilidad, más allá de los vaivenes de la economía nacional. Rupcic dijo que en el 2018, último valor publicado, la Provincia mantuvo el nivel de su actividad económica contra la caída de 2,4% de la nación. La publicación también permite ver cómo ha evolucionado la estructura productiva de San Juan, el peso relativo que ha tenido cada uno de los sectores que integran la economía local. Seguidamente, el Gestión de la Función Pública destacó el trabajo de tres años realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas que cuenta con un plantel de jóvenes técnicos a la altura de las exigencias para realizar estudios que permitan conocer la realidad económica de la provincia. Rupcic agradeció además la asistencia técnica brindada por el Consejo Federal de Inversiones a través de dos consultores, y también el aporte de especialistas de la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publicación anual y pública El funcionario informó que el Producto Geográfico Bruto es una publicación anual pero a partir del próximo año se obtendrá un nuevo producto que será la trimestralización de ese cálculo, de modo que se dispondrá de cuatro indicadores al año, de períodos más cortos de cómo evoluciona nuestra economía. Rupcic remarcó el carácter público de la documentación que estará a disposición de cualquier ciudadano de nuestro país o del exterior que este por ejemplo, interesado en conocer la marcha de la economía con intenciones de invertir en nuestro medio. En un contexto de crisis económica nacional, el funcionario valoró los esfuerzos realizados por la provincia para mantener sus niveles de productividad mediante la adopción de diversas medidas como asistencia crediticia al sector privado con tasas subsidiadas. Para finalizar, el secretario anunció que en marzo del próximo año se darán a conocer los datos correspondientes al primer y segundo trimestre de 2019 y antes que concluya 2020 se presentaría el informe anual del presente año.
Educación: se descontará el día a los docentes que adhieran al paro
Desde el gabinete provincial se anunció que no será remunerado el docente considere la medida de fuerza nacional convocada por CTERA. Desde la Secretaría Administrativa y Financiera del Ministerio de Educación de San Juan afirmaron que, al igual que con medidas de fuerza anteriores, se procederá a descontar el día a los docentes que adhieran al paro de este 8 de noviembre, convocado por CTERA a nivel nacional.. Alicia Vargas, a cargo de la Secretaría Administrativa y Financiera del Ministerio de Educación, señaló al programa radial Código Docente que “se están realizando los descuentos correspondientes a los docentes que adhirieron a las últimas medidas de fuerza realizadas por los gremios docentes”. Es decir que se les descontó con el último sueldo cobrado, es decir el del mes de octubre mientras que a otros se les descontará con el sueldo de noviembre. “Todo depende de la celeridad con la que cada escuela informe las novedades al ministerio”, destacó.
Lula: Corte suprema de Brasil cambia reglas de encarcelamiento y abre posibilidad de liberar al dirigente político
Los abogados del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a pedirán su «liberación inmediata». La corte suprema de Brasil dio este jueves un vuelco radical a las normas de encarcelamiento en el país, en una decisión que llevó a los abogados del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a pedir su «liberación inmediata». «Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base en el resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal (STF)», informó el bufé Teixeira Martins en un comunicado. El STF decidió por 6 votos a 5 que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales, modificando la jurisprudencia que determinaba el inicio del cumplimiento de la pena a partir de una condena en segunda instancia. Lula, de 74 años, purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de cárcel, tras haber sido condenado en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero. El cambio de jurisprudencia debe llevar a las cortes a examinar la situación de 4.895 personas, entre ellas Lula. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva. Esa revisión priva a la Operación Lava Jato, que reveló una trama de corrupción en Petrobras, de uno de sus instrumentos favoritos. «La decisión de revertir la posibilidad de la prisión en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y con el combate a la corrupción, prioridades del país», expresaron los fiscales de Lava Jato en un comunicado. La liberación de Lula no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma. La organización Vem Pra Rua (VPR), muy activa en las movilizaciones que en 2016 condujeron a la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, cuestionó la integridad del presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, y convocó a marchas para el sábado en todo el país. Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en la petrolera estatal. Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera un «preso político», víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro. Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra el expresidente (2003-2010). El líder de la izquierda ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio. El prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones del portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación. El STF se escindió en dos -con 5 votos a favor y 5 en contra de la modificación de la jurisprudencia- y el desempate recayó en su presidente Dias Toffoli. Los embates se dieron en torno a un artículo de la Constitución de 1988, que afirma que «nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria». «El Parlamento decidió la necesidad de la condena en firme. No es un deseo del juez, no es un deseo de nadie como no sea el de los representantes del pueblo brasileño», explicó Dias Toffoli.
