El Ministerio Público informó este jueves que un coimputado en el asesinato de Berta Cáceres confesó que el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), Roberto David Castillo Mejía, pagó 500 mil lempiras para acabar con la vida de la ambientalista y lideresa indígena. La aseveración del Ministerio Público se dio a conocer en el marco de la audiencia preliminar de Castillo Mejía, acusado por la Fiscalía a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista. David Castillo, de profesión ingeniero eléctrico, era el presidente de la empresa DESA, en el momento que la defensora del pueblo indígena lenca fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en su vivienda en la Residencial El Líbano de la Esperanza, Intibucá. El Ministerio Público ha señalado que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mediante dictamen pericial de vinculación telefónica, ha logrado concatenar el cruce de mensajes y llamadas, entre el expresidente de DESA y el exmilitar, Geovanny Bustillo, condenado por el crimen de la líder ambientalista. En dichas comunicaciones, los imputados dan seguimiento al plan de asesinato. Asimismo, “con pruebas complementarias, se pudo establecer un pagó de 500 mil lempiras de Castillo Mejía para los sicarios y por parte de la ATIC se tiene una declaración relacionada a la confesión que hizo uno de los coimputados en el sentido que el expresidente de DESA pagó por el asesinato de la reconocida activista Berta Cáceres”, reza una nota de prensa divulgada hoy por el Ministerio Público. En este caso, pese a que la audiencia preliminar inició en fecha 24 de septiembre de 2019, la misma todavía no finaliza por dilaciones en la contestación de cargos de la defensa del encausado. De acuerdo con la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya condenado por el crimen de la ambientalista. Cabe destacar, que el equipo de investigación de la ATIC, mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas pudo vincular al procesado en el crimen de Cáceres Flores. En este caso, fiscales asignados a la sección de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres de la FEDCV, lograron el pasado 29 de noviembre de 2018 que la terna de jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional declarase culpables a siete de ocho imputados que el Ministerio Público acusó como autores materiales e intelectuales intermedios de este lamentable asesinato que conmovió el mundo. El debate se desarrolló en cinco semanas y los fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas, donde se demostró la participación que tuvieron los condenados, antes, durante y después del hecho. Los sentenciados por este crimen son: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, condenados por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa. La familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) alega que el presidente de DESA solo es parte del eslabón de los autores intelectuales del crimen. Señalan que dentro de esa estructura se encuentran los miembros de la familia Atala Zablah, accionistas de la empresa DESA y desarrolladores del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, al que la ambientalista libró una oposición férrea. De su lado, el Ministerio Público dijo hoy que “el caso aún sigue abierto y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados”. Criterio
«Periodismo Independiente»: Daniel Santoro participó en al menos ocho operaciones de Marcelo D’Alessio
Así lo concluyó un informe de la la Comisión Provincial por la Memoria, según el cual el periodista de Clarín jugó un rol central en las extorsiones del falso abogado. Daniel Santoro está cada vez más complicado en el D’Alessiogate. Un nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al que accedió El Destape, concluyó que el hombre de Clarín participó en al menos ocho de once casos de espionaje ilegal analizados en el marco de la causa que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Si bien se destacó la interacción del falso abogado con los medios de comunicación y sus periodistas para «lograr la publicación de notas vinculadas a las operaciones en curso», se alertó que la relación de Daniel Santoro con Marcelo D’Alessio pareció «adquirir características diferenciales respecto de su relación con otros periodistas y personas relacionadas a los medios de comunicación» y se advirtió «la intervención» del periodista «en al menos ocho de los once casos hasta ahora analizados» por el organismo. Según concluyeron en un extenso informe de casi 200 páginas, con datos sobre distintas operaciones del espía, el periodista de Clarín «difundió información proveniente de actividades de inteligencia ilegal aportadas por D’Alessio en reiteradas ocasiones», como el caso de Gabriel Traficante, en la causa de la Aduana, y su esposa Mariana Saric. En el documento al que accedió El Destape, la CPM resaltó que Santoro también publicó sobre el ingeniero Pablo García Arrébola y Juan Marcos Forlón – cuyo hermano integra la Auditoría General de la Nación – en el libro «El mecanismo», del que Marcelo D’Alessio manifestó haber participado, con datos «vinculados a sus migraciones y otros personales, hallados también en el archivo digital» del falso abogado. Incluso, sobre Frolón hubo una nota en el diario Clarín, con firma del periodista mencionado, a la que el falso abogado «hace mención en una conversación con el usuario registrado como ‘Carlos Stornelli‘ y en otra con ‘Peter Usa’» (el extorsionado Pedro Etchebest) el 22 de enero de este año. Además, la CPM advirtió que «es posible inferir» que el hombre de Clarín estaba «al tanto de las acciones en el marco judicial realizadas por D’Alessio» ya que, en una captura de pantalla de un chat que figura en el informe, el periodista sostuvo: «Mañana publico tu declaración por ENARSA». En el apartado destinado a Santoro, el análisis remarcó que el hombre en cuestión «habría recibido información por parte de D’Alessio respecto de las personas blanco de vigilancia ilegal» pero que en algunos casos, como el del dirigente kirchnerista Roberto Porcaro y García Arrébola – por ENARSA – es el periodista «quien le suministra información», invirtiendo «la dirección del flujo de la información. En este punto, se especificó que la información sobre García Arrébola correspondió a una copia de su contrato de locación de servicios y en el caso de Porcaro, a un informe de la Unidad de Información Financiera, datos personales y confidenciales que fueron reportados por D’Alessio al ex espía Ricardo Bogoliuk y que fue publicada por el propio Santoro en Clarín. Romina Manguel desarmó los argumentos de Daniel Santoro Situación que también ocurrió en el caso del ex PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, víctima de una extorsión que involucró a D’Alessio y Santoro, según el primer informe de la CPM. Por eso, advirtieron que en los tres casos el periodista brinda «información personal y posiblemente de carácter reservado sobre las personas víctimas de los operativos señalados, que además es luego publicada en medios de comunicación». Además, lejos de ser indiferente al origen de la información, se destacó que hay «indicios respecto del conocimiento que el periodista pudo haber tenido sobre la procedencia ilegal de la información obtenida por D’Alessio, de sus métodos de seguimiento y ablande así como de los objetivos de sus operaciones». Por eso, el informe concluyó que los medios de comunicación jugaron un rol central en el proceso extorsivo, elemento necesario para llevar adelante las operaciones de inteligencia ilegales, con la identificación recurrente de la intervención de Santoro en la mayoría de los casos. Fuente: www.eldestapeweb.com
