Resolvió ampliar en $ 18 mil millones el margen del gobierno para programas de ayuda. También reconoció «la débil actividad económica y la alta inflación», pero no se hizo cargo. El Fondo Monetario Internacional reconoció que “la débil actividad económica y la alta inflación están teniendo impacto” en la economía argentina y advirtió que se “requerirá una mayor restricción en el gasto gubernamental” para cumplir con el objetivo de eliminar el déficit fiscal en 2019. También reclamó “que los programas de gasto social de alto impacto se conserven durante este año y más allá” para morigerar los efectos que el programa acordado con el gobierno está causando en la población. Las declaraciones emitidas a través de la oficina de prensa del FMI pertenecen a Roberto Cardarelli, el jefe de la misión que visita Argentina cada tres meses para verificar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales el organismo otorgó al país un crédito por U$S 57 mil milones. El economista italiano informó que se llegó a un acuerdo sobre la tercera revisión del programa y que cuando el Directorio Ejecutivo lo apruebe, lo que ocurriría a la brevedad, se girará una cuota de U$S 10.870 millones. El comunicado tiene tintes insólitos porque el Fondo no reconoce ninguna responsabilidad en la situación. Fue el staff técnico del organismo, encabezado por el propio Cardarelli y con el aval de la directora Christine Lagarde, el que pactó con el gobierno la restricción presupuestaria para eliminar el déficit primario y le ató las manos para frenar la devaluación del peso, entre otras medidas que agudizaron la recesión y la crisis social. También insiste con reformas a largo plazo que incluyen, entre otras, la flexibilización de los convenios laborales y una nueva reforma que reduzca los haberes de los futuros jubilados. Como ajeno a la cuestión, el Fondo elogia “la firme determinación (de las autoridades argentinas) de abordar los desequilibrios macroeconómicos y promover su plan de estabilización”. Sin embargo, en medio de esa lavada de manos a lo Poncio Pilatos, el texto lanza un par de advertencias que hasta ahora no estaban en la agenda entre las partes. Una es el reconocimiento de que, a pesar del superávit operativo (antes del pago de los intereses de la deuda) que consiguió Hacienda en el primer bimestre del año, “lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá una mayor restricción en el gasto gubernamental”. Esto supone admitir que la recesión hundió la recaudación fiscal por debajo de lo necesario para equilibrar los números, tal como marcaron las proyecciones realizadas por entidades privadas de las que Tiempo dio cuenta en su edición impresa del 10 de este mes. La otra novedad es la ampliación del margen de déficit autorizado por el FMI con la condición de que sea imputado a programas de asistencia social. Ese monto se ampliará en cerca de $ 18 mil millones y pasará a ser de hasta 0,3% del PBI. La justificación es la necesidad de “mitigar el impacto social de las políticas de estabilización”, de cuya gravedad en términos de aumento de la pobreza y el desempleo dará cuenta el Indec en sendos informes previstos para las próximas dos semanas. El gobierno ya había comprometido parte de ese permiso en el aumento de la Asignación Universal por Hijo. El adelanto de la suba de 46% en ese ítem para marzo (iba a ser escalonado durante el año) costó unos $ 15 mil millones. Con este guiño del Fondo, las autoridades podrán tomar alguna nueva medida similar para descomprimir la tensión social antes de las elecciones de octubre, en las que Cambiemos se juega la reelección.

Con el gobierno de Cambiemos, el incremento de los medicamentos duplicó al de la jubilación. Entre los remedios más consumidos por personas mayores, el aumento llega al 540 por ciento. Los precios de los medicamentos subieron un 257 por ciento entre mayo de 2015 y febrero de 2019. En el caso de los más consumidos por los jubilados, como los que se recetan para tratar la hipertensión y otras afecciones cardiovasculares, los aumentos acumulan más del 540 por ciento. En cambio, la jubilación mínima tuvo en el mismo período una recomposición de sólo el 172 por ciento. Los datos figuran en un informe realizado por el Centro de Economía Política(CEPA), el Centro de Estudios Políticos para adultos mayores (Ceppema) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (Algec), que pone el foco en el impacto de la inflación sobre remedios esenciales para las personas mayores de 60 años. Son números impactantes, pero que no deberían leerse aislados de su contexto. El descontrol en los precios está ocurriendo en un marco que para los jubilados es mucho más precario que el de 2015, ya que el gobierno de Cambiemos les restringió la cobertura del PAMI. Hoy, para tener la cobertura del 100 por ciento de PAMI en los medicamentos, es necesario reunir lo que los autores del informe llaman “condiciones extremadamente extraordinarias”, como ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser dueño de más de un inmueble ni tener un vehículo de menos de diez años de antigüedad. El precio de los medicamentos está influenciado por los costos en insumos extranjeros, es decir que son muy sensibles al aumento del dólar. Por esto, con la devaluación que se registró este verano, los precios de los cincuenta principales medicamentos aumentaron un 3,7 por ciento en apenas un mes. Si lo que se mira son los aumentos acumulados desde mayo de 2015 a hoy, aparecen casos como el Atenolol y el Sintrom, con aumentos de 560 por ciento. Ambos son medicamentos esenciales para tratar enfermedades cardiovasculares. En la Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles son la razón de más del 70 por ciento de las muertes, según los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. Dentro de ese grupo, las afecciones cardiovasculares son la principal causa de mortalidad para la población general; lo mismo pasa entre los mayores de 65. “Al quitar el PAMI y el Remediar, la limitación de la entrega gratuita de medicamentos puso en grave riesgo no sólo la salud de las personas mayores, sino también la calidad de vida de aquellas que presentan patologías crónicas”, advierten los investigadores en su informe. La pérdida del poder de compra de las jubilaciones también es grave en relación con el elemento más básico para la salud, el del una buena alimentación. Entre diciembre de 2015 y febrero de 2019, es decir bajo el gobierno de Mauricio Macri, la inflación acumulada de la canasta nutricional fue del 311 por ciento (cabe recordar que el haber mínimo fue recompuesto en sólo el 172 por ciento). En el período, el kilo de carne picada subió un 323 por ciento, el aceite de girasol un 463 por ciento, el shampoo un 411 por ciento. Según el cálculo de la Defensoría de la Tercera Edad porteña, la canasta de alimentos y servicios de una persona mayor ronda los 26.043 pesos (el dato corresponde a diciembre de 2018). La jubilación mínima actual es de menos de la mitad: 10.410 pesos.