Brasilia, 22 feb (PL) Después de más de 600 mil firmas de apoyo a su nominación, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es oficialmente candidato al Premio Nobel de la Paz, confirmó hoy la reconocida jurista Carol Proner. ‘El expresidente Lula es oficialmente candidato al Premio Nobel de la Paz’, escribió Proner en la red social Twitter. La doctora en Derecho Internacional precisó que en la primera fase de la campaña, el exmandatario ‘consiguió el apoyo de todas las categorías, incluyendo jefes de Estados y ganadores del premio en otras ediciones’. Para formalizar la candidatura, resulta necesario reunir rúbricas de individuos que encajen en los criterios estipulados por la Fundación Nobel. Como, por ejemplo, ser profesor (a) universitario o director (a) de un instituto de investigación de la paz o incluso poseer el galardón, como es el caso del arquitecto y activista argentino Adolfo Pérez Esquivel, quien envío una carta al comité del Nobel, proponiendo a Lula. En la misiva, Esquivel escribió: ‘con el mismo sentido de esperanza que Martin Luther King transmitió cuando dijo ‘Si supiera que el mundo se desintegraría mañana, todavía plantaría mi manzano’, somos muchos los que creen que el Premio Nobel de la Paz a Lula ayudará a fortalecer la esperanza de poder continuar construyendo un nuevo amanecer para dignificar el árbol de la vida’. Con la nominación, el Premio Nobel de la Paz 1980 busca reconocimiento a Lula por el hecho de haber sacado a más de 30 millones de brasileños de la pobreza durante sus dos mandatos (2003-2011). ‘Necesitamos superar el hambre, la pobreza y la exclusión social. Nuestra guerra no es para matar a nadie, es para salvar vidas’, prometió el exgobernante, tan pronto asumió su primer mandato. Una encuesta realizada por la Fundación Getúlio Vargas en 2011 señaló que durante el mandato de Lula, la pobreza cayó 50,64 por ciento en Brasil. De acuerdo con el Partido de los Trabajadores (PT), durante las dos administraciones del exsindicalista, la tasa de desempleo se redujo cerca del 50 por ciento y se crearon 15 millones de empleos. También la implementación de programas de educación y salud pública elevó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Brasil. Desde el 7 de abril Lula permanece preso en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, cuando comenzó a cumplir la pena de 12 años y un mes impuesta por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región (TRF4) por supuestos actos de corrupción. Este mes, el exjefe de Estado fue objeto de una segunda condena en la operación anticorrupción Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses. La responsable de la segunda sentencia fue la jueza Gabriela Hardt, quien sustituye interinamente al exmagistrado Sérgio Moro, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Continúa el reclamo por Facundo, víctima de gatillo fácil
El niño que estaba por empezar el secundario fue asesinado en marzo de 2018, en Tucumán. Su familia pide justicia. A largo plazo, Facundo (Ferreira) soñaba con jugar al fútbol en las grandes ligas, comprar una gran casa para su abuela y construir un comedor para los chicos de su barrio. A corto plazo, esperaba ansioso la segunda semana de marzo para comenzar su vida de escuela secundaria en la escuela de su barrio, Juan XXIII. Tenía 12 años cuando en la madrugada del 8 de marzo de 2018 una bala de la policía de Tucumán le atravesó la cabeza y lo mató. Los responsables son los policías Mauro Díaz Cáceres (quien disparó la bala que mató a Facundo) y Nicolás Montes de Oca, que está preso porque en septiembre del año pasado en su franco salió a robar en una moto. La familia de Facundo espera que la causa se eleve a juicio oral para, dentro del dolor, poder sentir al menos que se hizo justicia. «Mi sueño es que esos policías estén presos. Él va a descansar en paz cuando eso pase. Yo lo sueño siempre y él me pide que no llore, que esté tranquila, pero no voy a estar tranquila hasta que estén presos. Queremos que los saquen de las fuerzas policiales», le dijo por teléfono Mercedes Ferreira, abuela del nene, a Tiempo Argentino. El viernes fue ella, junto a Romina, la mamá de Facundo, y sus tías Rita y Malvina, quienes encabezaron la marcha a Tribunales tucumanos para pedir justicia. Mercedes dijo que cada vez que llega allí y ve a la policía con sus uniformes siente una gran impotencia, pero que también le pasa que varios oficiales se acercan y le dicen que no son todos iguales, que cómo van a matar a una criatura, que va a haber justicia, y que entonces ella se pregunta «¿cuándo?». Desde que tenía un año, Facundo vivió con su abuela Mercedes, hasta esa madrugada en la que salió con otro amigo y se cruzó con las fuerzas policiales que llevan años hostigando a los chicos de los barrios tucumanos. En el momento del asesinato, los policías, luego de tenerlo mucho tiempo al nene tirado en el asfalto, llamaron a la ambulancia para denunciar un accidente de tránsito. Fue la familia quien descubrió que se trataba de un disparo en la cabeza. Los oficiales declararon que los iban persiguiendo porque los chicos les habían disparado a ellos. Sin embargo, el barrido electrónico comprobó que los niños jamás habían disparado contra los agentes, un video muestra que la persecución se inicia sin ningún motivo. Los análisis toxicológicos señalaron que los oficiales habían consumido cocaína y la autopsia indicó que Facundo recibió el disparo en la nuca, pero que antes recibió al menos once impactos de balas de goma en su espalda. Además, en el lugar se encontró sólo un arma: la reglamentaria de los policías. Esas pruebas no sirvieron para desarmar el discurso que rápidamente bajaron desde el gobierno de Tucumán. «¿Qué hacían los chicos armados?», dijo el exgendarme y actual ministro de Seguridad, Claudio Maley. Desde Nación, la ministra Patricia Bullrich, avaló el accionar policial, pese a las pruebas. Es más, Maley armó una sorpresiva reunión con los familiares de Facundo donde les ofreció un subsidio (que no aceptó) a la abuela. También sugirió instalar una panadería en su casa. «Disculpe ministro, pero si a usted le matan un hijo, ¿usted lo cambia por un kilo de pan?», le respondió Mercedes. Maley no respondió. Tampoco se disculpó. «El gobierno se portó mal, nos dieron la espalda. Con un homicidio agravado, los policías al menos tendrían que estar fuera de servicio. Antes de fin de año pasado, los amigos de Facundo encontraron a su asesino cuidando una heladería. Como los chicos lo señalaron y comenzaron a insultarlo, se metió en el baño. Inmediatamente llegó un patrullero para rescatarlo. Vimos las fotos que le sacaron cuando salió para escaparse. Tenía el arma reglamentaria y una escopeta», contó la abuela de Facundo. « Foto: El Disenso
Nación asegura que «no le preocupa» el dólar, pero se prepara para más devaluaciones
Funcionarios del Ejecutivo reconocen que con el esquema planteado es esperable que la divisa suba al menos un 2% mensual. La polarización con CFK, única estrategia electoral. Esta primera semana corta del año, luego de los feriados de Carnaval, le trajo malos recuerdos al presidente Mauricio Macri. Hace casi un año, después del 1°de Mayo de 2018, el líder del PRO comenzó a transitar el tramo más duro de su mandato, con una corrida cambiaria que lo obligó, poco después, a pedir auxilio al FMI y pactar el endeudamiento más alto de la historia. Esta vez el dólar conquistó un nuevo techo histórico, de 43,50 pesos, pero el jefe de Estado envió al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a poner la cara y decir que la nueva escalada no les preocupa. Ese libreto tiene una línea argumental diseñada en la Casa Rosada, donde los funcionarios más cercanos al jefe de Gabinete, Marcos Peña, se preparan para afrontar el año electoral con datos económicos más sombríos de los esperados. Luego de la suba de un 3,5% en la paridad del dólar frente al peso en tres días, el gobierno se dispone a relativizar la adversidad económica que padece, aunque los contornos de esos saldos negativos ya comenzaron a erosionar el frente electoral. A diferencia de la incertidumbre que marcó al tercer año de Cambiemos en el poder, en el gobierno ahora pronostican «una devaluación controlada» del 2% mensual. «No registramos alteraciones en el tipo de cambio que nos generen preocupación, el Banco Central planteó una banda de flotación que tiene un techo de 49,50. El problema es que lleguemos en forma abrupta a esa paridad. Buscaremos que eso no suceda, pero la tendencia está planteada y por eso no nos asusta», explicó a Tiempo un alto funcionario de la Casa Rosada. El sinceramiento y defensa de la devaluación en marcha, en medio de un año electoral clave para el futuro de Cambiemos, cuenta con un capítulo dedicado al establishment, con el fin de cerrar filas hasta el desenlace de las elecciones nacionales de octubre donde, hasta ahora, Macri buscará su reelección. «Los inversores que no pusieron la plata hasta ahora no la van a poner en los próximos meses. Por lo tanto tendrán que esperar hasta que ganemos y se disipen las dudas. Mientras tanto, nuestra política cambiaria ha sido planteada por el Banco Central y por eso decimos que no nos preocupa que suba el dólar», agregó la fuente para completar el blindaje discursivo que refleja el microclima que rodea al presidente. El mensaje también tiene un costado electoral, especialmente destinado a los presuntos inversores que, desde Wall Street, aseguran que no moverán sus fichas hasta que se conozcan los resultados electorales de octubre y se disipe, o confirme, el temor que dicen tener sobre el regreso del peronismo al poder. Los esfuerzos del gobierno están concentrados en profundizar una polarización cada vez más tirante con el kirchnerismo. Sin embargo, desde las mismas oficinas donde diseñan la campaña «corta» que encabezará Macri, ahora aseguran que la posible candidatura de la expresidenta «no es un cuco que eligen inventar». «Cristina tiene un peso específico, que no podemos subestimar. Ella tiene un 30% de núcleo duro y una clara posibilidad de crecer. Del otro lado estamos nosotros, con un porcentaje similar y en el medio están los indecisos, a los que apelaremos desde otros ejes, por fuera de la cuestión económica”, aseguró otro funcionario de acceso cotidiano al despacho de Macri. La fuente reflejó el convencimiento que tiene el equipo de campaña que responde a Macri y que coordina Peña. Consideran que sigue vigente el escenario de tres tercios para estas elecciones, aunque el sumidero de la «hiperpolarización» que pronostican en la Casa Rosada omite una pieza determinante, vinculada al incremento de la inflación y a las expectativas negativas del electorado sobre el derrotero de la economía. Todas las encuestas que consume el gobierno y sus socios arrojan que esos dos ejes encabezan la lista de preocupaciones de los consultados y, especialmente, de la insondable franja de indecisos. Los indicadores que recibe la cartera de Hacienda son igual de sombríos, pero sus funcionarios insisten en una «desaceleración de la inflación a partir de mayo». Cerca de Macri no desautorizan esos pronósticos, pero prefieren utilizar un casco discursivo que cumple dos funciones transitorias: resignarse ante una subida sostenida del dólar, de acuerdo a la hoja de ruta que controla el FMI, y reforzar una comunicación electoral que eludirá la economía y cargará las tintas en temas vinculados al «cambio cultural». Es una zona de confort para el gobierno, donde sus funcionarios están convencidos de obtener más dividendos para Cambiemos con temas vinculados a seguridad, transparencia, políticas migratorias, y el aprovechamiento proselitista de obras de pequeña y mediana escala en todo el país, pero especialmente en el Conurbano bonaerense. A ellas se sumará una escenografía de «alto impacto» cuando Macri corte las cintas de algunas obras emblemáticas, como el Paseo del Bajo en la CABA. A pesar de la resignación oficial ante el posible incremento del dólar, en la jefatura de Gabinete repasan una serie de argumentos para transitar la crisis y la recesión que no convencen a otros altos funcionarios y, mucho menos, al radicalismo y la Coalición Cívica, los dos socios menores de Cambiemos. La alianza oficialista afrontará en Neuquén, este domingo, la primera de 14 elecciones provinciales desdobladas, donde los candidatos de Cambiemos serán en su mayoría provenientes de la UCR y con altas chances de perder ante gobernadores peronistas que buscarán su reelección, como es el caso de Omar Gutiérrez, que disputará otros cuatro años en la cuna de Vaca Muerta bajo el signo del Movimiento Popular Neuquino que, por primera vez en décadas, afronta el riesgo de perder su permanencia en el poder. Esa erosión no es menor para el gobierno, porque Gutiérrez es un mandatario peronista tan aliado para la Casa Rosada como el cordobés Juan Schiaretti, que buscará revalidar sus títulos el 12 de mayo. El
Litio: las luchas indígenas detrás de la fiebre del oro blanco
Al menos 33 comunidades de las Salinas Grandes rechazan que en sus tierras se realicen proyectos de extracción de este mineral clave para las baterías electrónicas, impulsados por el gobernador Gerardo Morales. Denuncian que no fueron consultadas, como lo marca la OIT, y la ausencia de estudios ambientales. «Nosotros –dice Clemente Flores, de la comunidad aborigen Del Angosto, distrito El Moreno, departamento de Tumbaya, en la puna jujeña– estamos haciendo guardias para ver si los de la empresa entran de nuevo, la gente sabe que si llega un vehículo raro, nos avisa y lo solucionamos». – ¿Y cómo lo solucionan? –Vamos y los echamos de nuevo. El 4 de febrero, las 33 comunidades aborígenes –22 de Jujuy y 11 de Salta– de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, se declararon «en asamblea permanente», luego de que observaran trabajos de excavación para la explotación de litio dentro de los territorios considerados «patrimonio cultural ancestral y natural de los pueblos originarios». Cuatro días después, en un hecho sin precedentes, expulsaron a las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited, que «estaban afectando gravemente el suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna». «Le mandamos dos o tres notas al gobernador (Gerardo) Morales invitándolo a que viniera a la laguna para acercar posiciones –continúa Flores–, pero en ningún momento respondió a las propuestas que le hicimos. Las comunidades queríamos participar de las consultas sobre los proyectos mineros en nuestros territorios, queríamos saber qué iba a pasar con el agua, con la vida de las personas y los animales, pero el Estado no nos dio ninguna respuesta y avanzó sin tenernos en cuenta. Así que ahora no nos interesa que nos consulten, directamente le decimos no al litio». Hasta la interrupción forzada, los trabajos de las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited se habían centrado en la excavación de un pozo de 396 metros de profundidad. «Eso llamó mucho la atención de las comunidades –recuerda Flores–. Se formó un terraplén que destruyó la laguna y causó mucho daño a las personas y los animales que viven ahí. Pero nadie se hace cargo. Ni la empresa ni el Estado». El 18 de febrero, el gobierno de Jujuy al fin reaccionó, pero no en el sentido esperado por las comunidades: a través del Directorio de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) abrió una licitación para «la prospección geológica, exploración y factibilización de áreas exclusivas ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama», con el fin de «incrementar la producción de litio en la provincia». El repudio a la medida oficial excedió el ámbito de las comunidades. Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Amnistía Internacional Argentina, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) expresaron a través de un comunicado conjunto, su preocupación ante «la posible amenaza ambiental, cultural y a los Derechos Humanos de las comunidades indígenas que este avance podría representar». Y solicitaron que «se dé cumplimiento a la consulta previa, libre e informada de acuerdo a los estándares internacionales». El pedido está basado en un antecedente legal. El artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece que los gobiernos deben consultar a las comunidades «cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente». «Las autoridades jujeñas están avanzando y autorizando proyectos no sólo sin haber consultado a las comunidades, sino también sin tener estudios de base de la cuenca, balances hídricos que permiten entender cómo funciona el agua, cuánta ingresa, cuánta sale. Sin esa información es muy difícil calcular fundadamente los riesgos que esto va a generar; hay una falencia del Estado, principalmente de los estudios necesarios para evaluar el impacto ambiental», opina Pía Marchegiani, directora de política ambiental de FARN. Para la especialista, «no están dadas las situaciones para avanzar con ningún tipo de proyecto minero porque no hay estudios, no hay diálogo, sólo oídos sordos». El litio es uno de los insumos clave para las baterías de artículos electrónicos –notebooks, tablets y celulares–, y sobre todo las de vehículos a propulsión eléctrica. En un contexto de necesidad global de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia del uso de combustibles fósiles, las expectativas depositadas en este mineral arrastran la inversión de capital extranjero que desde hace un tiempo están presentes en el Noroeste Argentino (NOA), fundamentalmente en Jujuy, Salta y Catamarca. Entre Chile, Argentina y Bolivia reúnen el 70% de las reservas de este «mineral del futuro», que desde 2015 duplicó su valor por tonelada. La quita de retenciones sólo generó mayor voracidad de las empresas extranjeras. «Todo comenzó en 2010 –cuenta Flores– con la fiebre del litio. Nos cayeron distintas empresas en las Salinas para hacer trabajos de exploración, querían comprar a las comunidades, pero nos dimos cuenta de que teníamos derechos y nos empezamos a organizar». Ese mismo año, las comunidades presentaron una cautelar en la Corte Suprema de Justicia para que se frene la actividad minera en la zona hasta tanto se implemente el derecho de consulta contemplado en los tratados internacionales. «Como la Corte se declaró incompetente, seis meses después presentamos la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fuimos a la ONU. Ha sido un rasgo de las comunidades utilizar los mecanismos legales para reclamar», destaca la abogada Alicia Chabale, que junto a Rodrigo Solá representó a los pueblos indígenas en todos sus reclamos. El pedido ante la ONU generó, en diciembre de 2011, la visita a la Puna del relator especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien escuchó de boca de las propias comunidades el destrato sufrido. En un informe posterior, Anaya recomendó al Estado jujeño «desarrollar normas y políticas públicas consustanciadas con el derecho indígena y en un proceso que respete el derecho a consulta y al consentimiento previo, libre e informado». «Las comunidades
Elecciones 2019: sos autoridad de mesa, enterate cuánto te van a pagar
Desde el Ejecutivo se establecieron tres ítems. El Poder Ejecutivo estableció los montos a pagar a las autoridades de mesas que tendrán esa tarea en los comicios PASO del 31 de marzo y en las generales provinciales del 2 de junio. Los que hayan participado de las actividades de capacitación reconocidas por el Tribunal Electoral Provincial y delegados para los locales de votación $1.200, $500 y $3.000 respectivamente.
Una mujer fue violada por su hijo
La mujer tras esa aberrante y difícil situación declaró que prefiera que matan al joven o que se muera, ya que sufre una fuerte adicción a las drogas. Una mujer de 41 años afirmó que su hijo de 22 años, adicto a las drogas y con varias graves enfermedades psiquiátricas, la ahorcó y la violó en la casa que compartían ambos en Salta. Patricia Ortega aseguró que muchas veces pidió asistencia psicológica para el joven, ya que es esquizofrénico. “Yo pedí ayuda para que lo internen en el hospital Ragone, nunca lo quisieron internar. Tuve siete órdenes judiciales para que lo internen y cuando lo hicieron, lo pusieron con chicas menores. Yo lo retiré porque lo metieron con chicas menores, yo le dije al médico que mi hijoataca mujeres menores y lo meten con jovencitas”, contó. De acuerdo a su relato, que fue publicado por el portal Qué pasa Salta, todo empezó cuando el pibe tenía 10 años. Fue su propio padre, el que empezó a ofrecerle drogas en ese momento y lo inició en una adicción de la que nunca pudo salir. “Desde los 17 años que ruego que lo maten o se muera. Encima mi familia está enojada porque todo esto se hizo público”, confesó. El hecho más grave ocurrió hace poco más de un mes, cuando Patricia fue ultrajada. “Me ahorcó con los brazos”, relató. “Si no me desmayaba, me iba a morir”, añadió. Además, sostuvo que el joven escapó, después de atacarla pero volvió cerca de la medianoche con intenciones de cenar. “Mamá, qué hay para comer”, le preguntó. “Estaba como ido, como si no fuera mi hijo”, recordó conmovida. El hombre tiene antecedentes policiales y causas por homicidio en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo
