Si bien no hay estadísticas oficiales, ya se conocieron 11 casos de asesinato por violencia de género. En la mayoría, la víctima tenía una relación con el femicida. Según lo registrado en lo que va del año asesinaron al a 11 mujeres en el país. En este sentido estiman que se produjo un femicidio cada menos de dos días. Todos los casos reafirman lo estudiado, que sostiene que la mayoría de las víctimas de este tipo de crímenes son atacadas por un familiar o un conocido. La situación es alarmante para los organismos que tienen injerencia en esta problemática y recuerdan que para este año el Gobierno ya anunció la disminución de un 33% al plan nacional de acción que debe llevar adelante el Instituto Nacional de las mujeres (INAM) para combatir la violencia de género. Femicidios registrados en 2019 Agustina Imvinkelried, de 17 años, fue asesinada cuando salía de bailar en un boliche en Esperanza, Santa Fe. El único sospechoso de haber cometido el crimen se suicidó. Celeste Castillo, de 27 años, fue asesinada por su pareja, un oficial de la policía, Héctor Montenegro, en Santiago del Estero. El victimario también se quitó la vida. Nayla Mamaní, de tan solo 10 años, fue apuñalada 32 veces en el partido bonaerense de Longchamps. Gisel Romina Varela, de 33 años, era policía y el femicidio lo realizó su ex pareja mientras ella esperaba el colectivo en la ciudad de Mar del Plata. Daiana Moyano tenía 24 años. Su cuerpo fue hallado en los alrededores de la ciudad Mi Esperanza, en Córdoba, con signos de abuso sexual y golpes. Por el crimen hay un hombre detenido. Danisa Canale fue asesinada a martillazos por su marido, en Galvéz, Santa Fe. Valeria Juárez, de 32 años, de la provincia de Chaco. Fue asesinada de un escopetazo por su padre, Elías Juárez, quien luego de cometer el hecho se suicidó. Romina Ugarte murió asesinada a balazos en su casa de Cañuelas. El que era su novio policía se encuentra detenido. Susana Yas, de 77 años, fue asesinada en Mar del Plata. La causa está en plena investigación. El cadáver de la jubilada presentaba una herida profunda en la cabeza y golpes. Liliana Loyola, de 64 años, de la provincia. Fue quemada por su hijo el 29 de noviembre pero falleció el 9 de enero luego de agonizar en el hospital. Su hijo, Juan Echegaray, la atacó porque ella no quiso darle plata y luego de prenderla fuego se fugó. Liliana Ramona Olguín tenía 49 años y fue asesinada a puñaladas el 20 de enero en Las Heras, Mendoza. Por el crimen detuvieron a su ex pareja, con quien todavía convivía. El caso de Carla Soggiu podría sumarse a la lista. El cadáver de la mujer de 28 años fue hallada el 19 de enero en el Riachuelo, días después de que no se supiera nada de ella más que había accionado el botón antipánico que tenía por haber denunciado a su ex pareja por violencia de género. Según las cifras del Registro Nacional de Femicidios, en Argentina una mujer es asesinada cada 29 horas por violencia de género. Cabe destacar, que entre enero y noviembre de 2018 se registraron 260 crímenes de mujeres, el 25% de ellos fueron de chicas  jóvenes de 15 a 25 años. El 27% de ellas estuvo desaparecida previo al hallazgo. El 18% fue víctima de delitos contra la integridad sexual. El 12% tenía medidas de protección dictadas por la justicia. Y en un 7% la mujer estaba amenazada de muerte por su pareja o su ex.

Los empleadores de la industria representan el 9,5% del total, cuando en 2003 eran el 11 por ciento. Desde 2015 se dieron de baja 2871 firmas. Sin señales de que la tendencia se revierta. Un reguero de fábricas ocupadas y acampes de trabajadores en las puertas se están dando por estos días a lo largo y ancho del país con epicentro en el Conurbano bonaerense. La textil Sportech, ubicada en el partido de San  Martín, se encuentra ocupada luego de que sus dueños, que producen para marcas como Nike, Puma y Adidas, decidieran otorgar vacaciones obligatorias a todo el personal sin haber pagado el sueldo de diciembre ni el aguinaldo, ni el bono de fin de año. Los 120 trabajadores temen que las licencias sean la excusa para que los empresarios vacíen el establecimiento y desaparezcan. La aceitera de capitales chinos Cofco, ex Nidera, anunció días atrás el cierre de la planta que tiene emplazada en Valentín Alsina y el despido de sus 200 trabajadores que acampan en las puertas de la planta para tratar de impedirlo. Cofco, la segunda productora de alimentos a escala mundial, anunció que buscará especializarse en la exportación de granos, dejando de lado la agregación de valor a través de su manufactura y conversión a aceite. La fábrica de motores para maquinaria agrícola Deutz anunció el cierre paulatino de sus plantas ubicadas en las localidades de Haedo y General Rodríguez. La primera cerrará a fin de enero, dejando 70 operarios en la calle y la segunda en mayo, aunque sus 120 trabajadores se encuentran suspendidos hace ya varios meses y la planta está parada. La compañía alemana llegó al país hace 134 años. La textil Color Pool cerró sus puertas en forma intempestiva el 3 de enero, dejando librados a su suerte a los 72 trabajadores que se reparten entre su planta en Pilar y las oficinas administrativas en el barrio porteño de La Paternal. La UOM denunció que la planta que la empresa Zanella tiene en Mar del Plata va camino al cierre y que está pagando el 55% del salario a sus trabajadores. La fábrica de galletitas Emery también adeuda salarios y aguinaldo a sus 120 trabajadores y los empleados denuncian que están despidiendo sin indemnización a trabajadores con 22 años de antigüedad para forzar un cierre. La gráfica Interpack se encuentra en conflicto con un acampe en la puerta desde hace más de un mes y sus delegados denuncian que los once despidos que desataron el conflicto son la antesala de una vaciamiento provocado con el propósito de redirigir la producción a otras plantas situadas en Brasil y Chile. Pilkinton, multinacional del vidrio, atraviesa un conflicto por despidos antisindicales. Estos son apenas algunos casos recientes de un proceso que se ha venido profundizando en el último año al calor de la política de apertura comercial, la devaluación, la recesión, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la consecuente caída del consumo y el mercado interno. Datos oficiales Según los informes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que publica la AFIP, al mes de octubre de este año (último dato disponible) existían en la Argentina 559.244 empleadores registrados (empresas), de los cuales 53.405 corresponden a la industria manufacturera. Un año antes, en octubre de 2017, las industrias manufactureras registradas eran 54.733. En apenas un año, cerraron 1328 firmas industriales que se suman a las 822 que cesaron de operar durante el año anterior y las 721 que lo hicieron entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2016. Desde que asumió el gobierno actual y sólo hasta octubre de 2018 (los casos mencionados al principio de esta nota no forman parte de ese registro), se contabiliza el cierre en forma neta de 2871 firmas industriales. Las más de 1300 firmas industriales que cerraron en un solo año forman parte de las 6951 empresas que tramitaron su baja en la AFIP en el mismo período. El número, sin embargo, no llega a registrar la magnitud del fenómeno, puesto que sólo incluye aquellas compañías que hayan dejado de operar y no aquellas que, en el contexto de una política de achique, pudieran haber cerrado un establecimiento para derivar su producción a otros. De hecho, mientras que esos cierres equivalen al 2,43% de las firmas existentes, cuando se analizan los puestos de trabajo del mismo segmento, la reducción se eleva hasta un 3,04% del total. Para encontrar un año con un cierre de empresas de magnitud semejante hay que recalar en 2014 cuando, al igual que en 2018, se produjo una fuerte devaluación de la moneda nacional que, a su turno, redundó en una caída del PBI del 2,5 por ciento. Entre octubre de 2013 y octubre de 2014 cerraron 1186 firmas industriales. Con todo, para hallar un entramado industrial equivalente al que existe en la actualidad, es necesario recalar hasta el mes de octubre de 2007, cuando existían 53.481 firmas industriales registradas aunque, claro, con una tendencia inversa en la medida en que durante ese año se dieron de alta 2716 firmas. En 2003 existían 40.292 empresas y fue durante el año posterior cuando más firmas industriales se crearon, con 4241. Primarización y servicios Si bien es cierto que la destrucción de plantas fabriles se da en un contexto de cierres generalizados (fueron casi 7000 las firmas que cesaron de operar en un año) el fenómeno se acentúa marcadamente en la industria. De hecho, en octubre de 2018, las manufactureras pasaron a representar el 9,55% del total de compañías, profundizando una tendencia persistente en la pérdida de participación de la industria sobre el total de empleadores. En 2003, fecha desde la cual están disponibles los datos oficiales del SIPA, los empleadores industriales representaban el 11,52 por ciento. Ese porcentaje no cesó de reducirse en ninguno de los 15 años que siguieron. La participación del empleo fabril sobre el total pasó del 18,41% en 2003 hasta un 14,53 en octubre de 2018. Futuro sombrío Los datos disponibles, está dicho, datan de octubre.

Sin lugar a la discusión, a través de un DNU,  la administración de Mauricio Macri modificó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital que en su artículo 11 reservaba en forma exclusiva las bandas de frecuencias para Arsat, mientras que ahora el ENACOM podrá otorgarle dichas bandas de comunicaciones a prestadores de servicios privados regionales o locales. El Gobierno de Mauricio Macri publicó hoy a través del Boletín Oficial, un Decreto de Necesidad y Urgencia que le quita a la empresa estatal Arsat la potestad para explotar bandas de comunicación que eran asignadas en forma inmediata por la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital. Esta política que marcó el desarrollo argentino por encima de la media a nivel regional parece terminarse, es que las autoridades del Gobierno argentino no consideran prioritario el desarrollo de la industria tecnológica. De esta forma se conceden a empreas privadas locales o regionales la explotación de bandas de comunicaciones. «Que por lo tanto resulta necesario y urgente establecer medidas concretas a efectos de posibilitar que el ESTADO NACIONAL, conforme los procedimientos de asignación establecidos en el Decreto N° 1340/16 ponga a disposición de prestadores de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las bandas de frecuencias consignadas en el Anexo II de la Ley N° 27.208, reservadas con carácter preferencial a la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA AR-SAT, de manera de promover su utilización para la prestación de los Servicios de Comunicaciones Móviles», explica el decreto 58/2019 publicado en el BO. De esta forma, según se explicíta, será el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) dirigido actualmente por Silvana Giudici, el encargado de asignar «en forma directa a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines». En otra línea clave del modificado artículo 11 se sostiene que también será el Enacom el encargado de otorgar «participación a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados, de acuerdo a los procedimientos previstos por el artículo 4° del Decreto N° 1340/16». La publicación va argumentada de que de esta decisión «va a efectos de generar condiciones de competencia y promover el desarrollo regional». Además sostienen que la participación pública o privada «no podrá ser menor al VEINTE POR CIENTO (20 %) de las frecuencias indicadas en el Anexo II».