Así lo expresó en un discurso dirigido a la nación. La suba del salario mínimo en 100 euros, la rebaja de impuestos para pensionistas y trabajadores y el decreto del estado de emergencia económico y social fueron los principales anuncios del presidente francés, que se refirió a la crisis abierta con las protestas de los chalecos amarillos. Sin embargo, aún está por verse si logra restablecer el ansiado “orden social” con las medidas adoptadas. Con la crisis abierta por las enormes protestas que sacuden Francia desde hace semanas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio un discurso de trece minutos en el que anunció que subirá en cien euros el salario mínimo, que bajará impuestos a los pensionistas que ganen menos de dos mil euros por mes y a los trabajadores, en un discurso en el que trató de apagar el fuego que se prendió con el movimiento de los «chalecos amarillos». Además decretó un «estado de emergencia económico y social», reconociendo la crisis en la que está sumergido el Estado francés. Este lunes por la mañana, el presidente francés se había reunido con dirigentes sindicales, empresarios y miembros del parlamento para intentar retomar las riendas de la situación de crisis social y política que desbordó todo el poder estatal. Así, con la “ayuda” de la burocracia sindical, intentó llenar de contenido sus llamados al “diálogo” y al “respeto” para lograr una organización del Estado, como se refirió hace minutos. Con escasa legitimidad y su popularidad por el suelo, soltó frases demagógicas como “queremos que en Francia podamos vivir dignamente de nuestro trabajo” y hasta dijo “asumir su responsabilidad”. Sin embargo, desde el comienzo del discurso arremetió contra los chalecos amarillos, a quienes acusó de tener un “comportamiento inaceptable” y que llevaron a una “violencia inadmisible”. Si sólo nos detenemos en el dato de que desde el 17 de noviembre fueron detenidas 4523 personas en todo el país (2 mil sólo el último sábado de protestas), en un contexto de una brutalidad policial inusitada, con operativos que no se veían desde mayo de 1968, podemos concluir que la violencia que inadmisible es la del propio Estado francés y sus fuerzas policiales, que hirieron a decenas de manifestantes en todo el país e, incluso, hubo personas fallecidas. Habrá que ver si Macron logra calmar las aguas de las jornadas de lucha que vive Francia con medidas limitadas como las que anunció. Sin ir más lejos, uno de los reclamos era que se restablezca el impuesto a la fortuna, algo básico y elemental, pero ni siquiera eso se dignó a ceder. El movimiento de los chalecos amarillos, que surgió como una protesta contra la suba de impuestos a los combustibles en el marco de la llamada “transición ecológica” en Francia, abrió una lucha más profunda contra las desigualdades que afectan cada día más a los trabajadores y trabajadoras franceses y, en parte, se evidencia en el propio discurso de Macron, que se refirió a la construcción de un “nuevo contrato para la nación”. http://www.laizquierdadiario.com
La Argertina de «Cambiemos»: cierran 25 Pymes por día
Los empresarios Pymes acudieron al Congreso para encontrar mediación con el Gobierno, dado que “no hubo respuestas” a reclamos expresados en los últimos meses Pequeños y medianos empresarios entregaron en el Congreso a legisladores de la oposición un petitorio de medidas de emergencia y denunciaron la crisis del sector, por la que “cierran 25 firmas por días”. Más de 20 cámaras y entidades que agrupan a empresarios pymes se concentraron frente al Congreso Nacional, para reclamar “medidas urgentes que permitan afrontar la situación de crisis terminal” que sufre ese sector. “La crisis por la que atraviesa el país es innegable. El modelo económico implementado por la actual gestión significó una fuerte reprimarización de la economía, puesta al servicio de la especulación financiera”, indicaron las cámaras. Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), dijo en declaraciones a la prensa que el objetivo es que se dicten medidas urgentes para ayudar a que las compañías puedan subsistir a la crisis económica. Afirmó que los empresarios decidieron acudir al Congreso para encontrar mediación con el Gobierno de Mauricio Macri, dado que “no hubo respuestas” a una serie de reclamos expresados en los últimos meses En su discurso, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó el éxito de la puesta que tuvo la organización del G20 en la Argentina, pero insistió en la importancia de reactivar la economía local a partir de medidas que le devuelvan competitividad al sector. Reclamó que estas medidas deben estar orientadas a “evitar una apertura que desproteja a los productores argentinos, quienes a su vez encuentran con mercados internacionales cerrados para comerciar”. Los empresarios piden tasas de financiamiento más bajas que las actuales, una reducción en la presión impositiva y mejores condiciones en el comercio exterior para evitar una “inundación de importaciones”. Los empresarios y dirigentes Pyme dijeron que el Gobierno les prometió “una sala de primeros auxilios para Pymes” en el ministerio de Producción y Trabajo, que conduce Dante Sica, pero lo que hay es “una sala de velatorios”. Autoridades de APYME se habían reunido el 6 de noviembre pasado con el secretario de Emprendedores y Pymes del ministerio de Producción, Mariano Mayer. Según un relevamiento propio de APYME, antes de la devaluación y del inicio de la recesión “la tasa de mortalidad de las pymes era de 10 cada 24 horas” y “hoy la cifra ha escalado de manera dramática: cierran sus puertas 25 empresas cada día”. Entre las organizaciones empresariales, estuvieron la Fundación ProTejer, Apyme, Industriales Pymes Argentinos (IPA), la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (Cappitel) y la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera). También se hizo presente la Central de Entidades de Empresarios Nacionales (Ceen), entre otras. Fuente:http://www.infogremiales.com.ar
Río Negro: balas y gas lacrimógeno en la universidad
Con un violento operativo, que incluyó balas de goma, gases lacrimógenos, más de 15 móviles y un camión hidrante, los efectivos desalojaron a los estudiantes que protestaban contra el recorte presupuestario. «Su única respuesta frente a este conflicto fue denunciarnos penalmente, iniciarnos sumarios y pedir nuestro desalojo por parte de las fuerzas represivas», se quejaron los estudiantes. Con balas de gomas y gases lacrimógenos, un operativo de Gendarmería con 50 efectivos, un camión hidrante, un dron y 15 móviles cercó y desalojó el vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), y detuvo a nueve estudiantes, que mantenían una toma pacífica iniciada hace tres meses en contra de los recortes presupuestarios. El rector de la UNRN, Juan Carlos del Bello, y el resto de las autoridades universitarias abrieron un proceso penal contra el grupo de la Asamblea Interclaustro que instaló la toma y mantuvieron un tono de constante denuncia. Tras la represión, los organismos de derechos humanos repudiaron la violencia ejercida dentro del predio universitario y exigieron la liberación de los detenidos. El desalojo del edificio conocido como «La Casona», ubicado en la localidad del Alto Valle de Río Negro, por parte de la Gendarmería cierra el largo conflicto abierto el 14 de septiembre pasado, cuando la Asamblea Interclaustro, formada por estudiantes de las carreras de Artes Visuales y Criminología junto a dos docentes, iniciaron la toma en contra de los recortes presupuestarios y por mejoras salariales para docente y no docentes. Desde entonces, se abrió una denuncia penal ante el juez federal de General Roca, Hugo Greca, quien el miércoles pasado ordenó el allanamiento de la casa de una de las estudiantes que participaba de la medida acusada por «daño agravado». El numeroso operativo de Gendarmería, que cortó los accesos a la zona, puso fin a la toma con la detención de siete mujeres y un varón que participaban de la toma pacífica del edificio del vicerrectorado. Según denunció la Correpi, también detuvieron en la represión al abogado Fernando Larrubia, quien se había acercado para asistir a los manifestantes. Además resultaron heridos varios manifestantes que se acercaron al lugar, entre ellos, integrantes de la CTA que respaldaban a los no docentes que acompañaban la protesta. «Esto muestra una vez más la impunidad de la avanzada represiva contra los sectores que se organizan contra las medidas de ajuste de los gobiernos provinciales, funcionales al gobierno nacional», denunció la Correpi e informó que el juez Greca impidió la comunicación con los detenidos. https://twitter.com/diegopietrafesa/status/1072145965375778816 «Nuestra lucha se enmarca en un contexto nacional de ajuste a las Universidades Nacionales donde los salarios docentes y el presupuesto Universitario ya han sido recortados», habían reivindicado la medida un grupo de estudiantes de la Asamblea Interclaustro el 8 de noviembre pasado en una audiencia pública en la Cámara de Diputados, convocada por la diputada del FIT Romina Del Plá contra la criminalización de las universidades. El reclamo de los estudiantes también apuntaba contra el rector Del Bello, que está al frente de la UNRN desde hace una década, por el plan de carreras apuntado a «un mercado para la precarización de estudiantes mediante convenios con YPF y empresas privadas». «Su única respuesta frente a este conflicto fue denunciarnos penalmente, iniciarnos sumarios y pedir nuestro desalojo por parte de las fuerzas represivas», denunciaron los estudiantes la orden que finalmente hoy cumplió la Gendarmería. Por su parte, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre reclamó la libertad para los detenidos, responsabilizó al gobierno nacional y al rector Del Bello por el «ilegal e ilegítimo» desalojo y repudió el ingreso de las fuerzas de seguridad al predio universitario «violando la Constitución y las leyes que consagran la autonomía de las casas de estudio». #UNRN #Brutal #Represión a dirigentes de la #CTA y #ATE en el rectorado. Con gases y palos Gendarmería hirió durante el desalojo de la universidad a la secretaria general de la central obrera. Son varios los hospitalizados?https://t.co/Oz1Yf1QTHA @aguiar_rodolfo @aterionegro pic.twitter.com/qa178fjBCR — CTA_Fisque (@cta_fisque) December 10, 2018 Fuente: www.pagina12.com.ar
La «nueva» politica: Piter Robledo fue denunciado penalmente y piden su inhabilitación
El referente de la «juventud» macrista fue denunciado por usurpación de título y podría ser inhabilitado. El subsecretario de Juventud de la secretaría de Organización Comunitaria del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Pedro “Piter” Robledo, fue denunciado penalmente por no cumplir con los requisitos mínimos que exige su cargo y, por ende, haber usurpado el mismo cuando asumió en diciembre de 2015. En efecto, acorde al decreto 2098/2008 que refrenda el convenio colectivo sectorial correspondiente al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) para ocupar un cargo ejecutivo de categoría A, tal como el que ostenta Robledo, se requiere como mínimo título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a cuatro años y a la función o puesto a desarrollar, especialización avanzada en los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios de posgrado y experiencia laboral en la especialidad ateniente a dicha función acreditada por un término no inferior a 6 años después de la titulación. Todas estas condiciones no estarían acreditadas en forma alguna en el caso de Robledo. No solo que carece de la experiencia laboral suficiente, sino que además se recibió de abogado en el mes de noviembre de este año, en la Universidad de Buenos Aires. El decreto 140/2015 del 16 de diciembre de 2015 lo designó, de este modo, para un cargo con requisitos que Robledo no ha cumplido ni cumple. Además, no se estableció ni se invocó ningún tipo de excepción en el documento al momento de su asunción. Por esto, fue denunciado por usurpación de títulos y honores, conforme a lo estipulado en el artículo 247 del código penal. Además, los denunciantes anticiparon que, acorde al artículo 253, solicitarán también la inhabilitación del funcionario que lo propuso y nombró, y al propio Robledo por aceptar el cargo a pesar de estar en conocimiento de su incompatibilidad. Fuente: Real Politk
Finalmente el caso de las expropiaciones millonarias llega a juicio
Se espera que la compleja causa empiece a ser juzgada después de marzo del año próximo. La causa más compleja y más escandalosa que se recuerde en la justicia de San Juan llega a juicio. La llamada megacausa por las expropiaciones millonarias que investiga el accionar a de una supuesta red de abogados, ingenieros y jueces que se dedicaban a sacarle plata a la provincia mediante juicios de expropación inflados tendrá a sus primeros ocho acusados sentados en el banquillo. La semana pasada treas rechazar planteos de todo tipo, el juez Benedicto Correa clausuró la etapap de investigación y cumplió con el pedido del fiscal: elevar el expediente para que los nombres allí involucrados puedan ser juzgados. En medio del proceso falleció el abogado Norberto Baistrocchi, a quien no se llegó a imputar pero sobre quien pesaba la sospecha de no haber defendido al Estado cuando en nombre de Fiscalía de Estado permitía el accionar para que la provincia pagara millonadas. Los acusados De un total de 17 imputados, 8 son los primeros en llegar a juicio: Santiago Graffigna: fue el único en cumplir tres años de detenido por el dictado de prisión preventiva. Está acusado de ser la cabeza de una banda dedicada a saquear al Estado. Horacio Alday: exsocio de Santiago Graffigna también está considerado parte de este andamiaje tramposo. Carlos Macchi: era juez del Quinto juzgado Civil, carago del cual fue destituido por haberse considerado que era uno de los juzgados en los cuales había favoritismo para Santiago Graffigna y no había control de los expedientes. Rosalba Marún: era jueza del Primer juzgado Civil y ante la posibilidad de terminar destituida, optó por jubilarse. En su juzgado también se privilegiaba el accionar de Graffigna y además sea tramitó un juicio armado con parate de tres expedientes distintos. Ana María Melvin: era la perito que debía defender los intereses del Estado provincial. Fernando Videla, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos: son tres ingenieros agrimensores que Graffigna presentaba como peritos de parte y que llegaron a dar fe de la existencia de una bodega que no figura en ningún registro histórico de la actividad. Foto: El Zonda
Lunes 24: el comercio trabajará de corrido
Para incentivar las ventas además solicitaron mayor frecuencia en el transporte a pesar del feriado nacional. El Centro Comercial de San Juan, informó que el domingo 23 de diciembre el comercio también abrirá hasta las 13 horas y el 24 trabajará de corrido desde las 9 a las 16, con el objetivo de incrementar las ventas. Los comerciantes tienen la expectativa de poder mejorar el nivel de ventas ya que es con el día de Reyes , la última oportunidad para poder repuntar las ventas antes de enero y febrero que son meses que se paraliza la actividad
Amnistía destacó el rol de las mujeres y apuntó a las deudas de Cambiemos
La organización resaltó el rol del movimiento feminista en su informe anual de Derechos Humanos. Las trece recomendación que la gestión de Mauricio Macri desoyó. El resumen de situación anual de Amnistía Internacional destacó este año la lucha de las mujeres en Argentina por el derecho al aborto, pero también dio cuenta de las recomendaciones incumplidas por el gobierno nacional. El Consejo de Derechos Humanos del organismo aprobó el resultado del examen periódico universal de Argentina, pero lamentó que “no se aceptaran 13 importantes recomendaciones”. En esa lista de consejos desoídos por la administración de Mauricio Macri, Amnistía incluyó “el derecho de los pueblos indígenas a que se los consulte y se solicite su consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar medidas legales y administrativas que puedan afectarlos”. Y argumentó: “Han aumentado considerablemente los proyectos forestales y extractivos, como la megaminería, la agroindustria y las extracciones petrolíferas, en los territorios indígenas ancestrales”. Es que a pesar de la aprobación de la Ley 26.160, no se han demarcado las tierras de la mayoría de las comunidades indígenas ni se ha regularizado su titularidad. Amnistía Internacional aprobó que “Argentina haya aceptado las recomendaciones para garantizar el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica y el uso proporcionado de la fuerza por la policía en las manifestaciones”. Y juzgó: “Sólo debe recurrirse al empleo de la fuerza con el máximo respeto a la ley y teniendo debidamente en cuenta los graves efectos que puede tener sobre la vida y la integridad física de las personas”. Sin embargo, el protocolo de Patricia Bullrich publicado en el Boletín Oficial la semana pasada flexibiliza el uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad. Esa normativa –resistida por organizaciones sociales y organismos de derechos humanos- contradice al Código de Conducta para Oficiales de Seguridad Pública firmado por la ONU en 1979 donde se establece que se determina la “excepcionalidad” del uso de la fuerza, la “proporcionalidad”, y el “uso de armas de fuego como una medida extrema”. Migrantes Aunque Argentina haya aceptado las recomendaciones de proteger a las personas migrantes de la discriminación y garantizar su igualdad de acceso a los derechos humanos con independencia de su situación migratoria, Amnistía advirtió que “por desgracia ha rechazado la de asegurar que la legislación vigente no restringe los derechos humanos de la población migrante”. Mujeres, aborto y derechos de salud sexual y reproductiva Amnistía Internacional valoró que el gobierno haya habilitado el debate en el Congreso sobre la despenalización del aborto. Sin embargo, la organización expresó su preocupación de que la Argentina haya rechazado todas las recomendaciones de despenalizar el aborto. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen claramente que las mujeres no deben hacer frente a sanciones penales por someterse a un aborto, argumentó la entidad. La organización también cuestionó las demoras en la implementación de la Ley de Educación Sexual y Reproductiva. El organismo criticó que, a pesar de los 12 años de vigencia de la norma, sólo diez provincias sancionaron leyes de educación sexual, pero aún en estas jurisdicciones existe resistencia para su efectiva implementación. De acuerdo a información del Ministerio de Educación Nacional (Programa “Aprender”), 8 de cada 10 estudiantes han dicho que no reciben educación sexual en sus escuelas. En mayo de 2018, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas llamó a Argentina a asegurar que la educación sobre salud sexual y reproductiva forme parte del plan de estudios obligatorio de la escuela y que se desarrolle con el involucramiento de niños, niñas y adolescentes.
