Bullrich suma rechazos. En diálogo con Página/12, el jefe de policía de La Pampa, Roberto Ayala, criticó duramente el Reglamento. También el secretario de Derechos Humanos bonaerense descartó su aplicación en la provincia y Human Rights Watch y Amnistía resaltaron que viola compromisos internacionales. El protocolo de Bullrich que autoriza a las fuerzas de seguridad a fusilar por la espalda tuvo un rechazo desde las propias filas uniformadas: el jefe de Policía de La Pampa, Roberto Ayala, criticó con dureza el reglamento, aseguró que no se aplicará en su provincia y explicó cómo es posible garantizar la seguridad sin violentar la ley. El jefe señaló que, contrariamente a lo que propone la ministra de Seguridad de la Nación, no es necesario que los agentes disparen para poder detener a una persona que se da a la fuga. Ayala detalló la manera de proceder ante esta situación y afirmó que “nunca se debe tirar por la espalda”. Además de La Pampa, Córdoba y la provincia de Buenos Aires ya rechazaron la aplicación del protocolo. Ayer, el gobierno de María Eugenia Vidal confirmó esa decisión. “Nosotros justamente cuestionamos que el policía haga uso de su arma de fuego cuando una persona está en fuga”, afirmó el jefe de la Policía pampeana. Ayala señaló que la provincia tiene su propio procedimiento que indica la forma de actuar ante estas situaciones. “Nuestro protocolo difiere en aquel detalle no menor que en este protocolo se ha establecido para las fuerzas federales y que sugiere el uso de arma de fuego cuando una persona está en fuga”, dijo a Página/12. Ayala sostuvo que la prioridad de los efectivos debe ser “preservar la vida de todos”, tanto de los inocentes como de los que delinquen, a quienes se debe aprehender y “poner a disposición de la Justicia”. “No hay que efectuar un disparo si se tiene otras alternativas”, afirmó. Según el jefe policial pampeano, la forma de proceder en caso de que una persona armada intente fugarse es “darle alcance”. “Se debe seguir a esa persona. Hay que recurrir también al equipo de comunicación, el handy o el teléfono”, dijo Ayala. El agente involucrado debe llamar a sus compañeros y, de esa manera, “otro personal lo va a interceptar”. “Es la forma que nosotros aplicamos permanentemente, siempre sobre la base de que ante cualquier circunstancia hay que preservar la vida”, remarcó. “Se debe solicitar apoyo para interceptar a esa persona que, si huye, es porque cometió un delito que, por grave que sea, el policía no debe disparar y mucho menos por la espalda”, agregó. El protocolo provincial permite que los agentes utilicen otros recursos para detener a quien se da a la fuga. “Hay quienes prefieren hacer un disparo al aire para que se detenga o a las extremidades inferiores para no dar en zonas vitales”, explicó el jefe policial. Sin embargo, señaló que en zonas urbanas se desaconseja realizar un tiro al aire porque “la bala cuando cae es letal”. En el caso de disparar para abajo, tiene la desventaja de que “puede llegar a dañar a terceros por el rebote”. El reglamento que presentó la ministra Bullrich para el empleo de las armas de fuego le otorga a las fuerzas de seguridad mayor libertad frente a un “peligro inminente”. Según la nueva norma, los agentes podrán efectuar disparos cuando se encuentren “bajo amenaza” o en caso de fuga para lograr una detención. En el caso de La Pampa, el protocolo de intervención policial, vigente desde 2012, “está basado principalmente en las normas del Código Penal”. Ayala explicó que, para el uso de armas de fuego, se tiene en cuenta el artículo 34, que refiere a la legítima defensa. “Ante la inminencia, ante el riesgo que significa estar ante una persona armada, se debe proceder según la gravedad del caso”, sostuvo. “Si la persona no arroja su arma y si la dirige hacia el policía, el policía queda autorizado para disparar”, afirmó. Según Ayala, el policía debe disparar si le apuntan directamente y “antes de que el poseedor del arma dispare”. “El funcionario se tiene que defender y a eso se refiere la legítima defensa”, sostuvo. –¿Cómo evalúa el proceder de Chocobar? –le preguntó este diario. –No lo considero legítima defensa. Se tendría que haber procurado la detención. Primero y fundamental es que no tenía arma de fuego. Segundo, para detenerlo está el estado físico. Hay que comunicarse con otros agentes, mantener el contacto visual e ir informando por dónde va la persona a detener, cómo va vestido. Dar elementos para que se lo pueda identificar. Ayala destacó la importancia del estado físico de los agentes y contó que  en Santa Rosa incorporaron un nutricionista para aquellos policías que deben “acondicionar su estado físico” para poder efectuar su trabajo. “No le enseñamos a nuestros policías que maten por la espalda”, remarcó. El protocolo de Bullrich también permite disparar a las fuerzas de seguridad ante la sospecha de que una persona tenga un arma. “Nosotros vamos a proceder como siempre. Se le va a pedir que tire el arma y, si se dirige al policía o lo pone en riesgo, el policía va a efectuar el disparo”, aseguró. “Si después se determina que es similar será otra cuestión, pero ante la inminencia del peligro, el policía está habilitado a protegerse a él y a terceros”, agregó y argumentó que es imposible saber de antemano si se trata de un arma falsa. La Pampa no es la única provincia donde se rechazó el reglamento de Bullrich. También la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se negó a la aplicación del protocolo, al igual que la provincia de Córdoba. El secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera, afirmó que el “único protocolo que rige en Córdoba son los límites que establece el Código Penal”. El protocolo generó otras divisiones al interior de Cambiemos. La diputada Elisa Carrió remarcó que la reglamentación “viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”, aseguró. Además, criticó a la ministra de