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La UNSJ pone en práctica las reglamentaciones vigentes de restituciones de cuerpos humanos para pueblos y comunidades indígenas

La Universidad Nacional de San Juan pone en práctica las reglamentaciones vigentes según la ley nacional 25.517 de restituciones de cuerpos humanos para pueblos y comunidades indígenas

El 5 de noviembre pasado, la Universidad Nacional de San Juan dio un paso firme hacia el trabajo en conjunto con instituciones nacionales y comunidades indígenas para la aplicación de la reglamentación vigente a través de la Ley 25517 de restitución de cuerpos humanos a pueblos y comunidades indígenas. En esta reunión estuvieron presentes representantes delegados por la Comunidad Indígena Warpe del Territorio del Cuyum, representantes enviados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridades representantes del Museo Mariano Gambier y de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la cual depende, Consejeras Superiores interiorizadas en el tema y asesores letrados del Rectorado de la UNSJ y de la Dirección de Patrimonio de la Provincia de San Juan. El objetivo de la reunión fue avanzar en los procedimientos para efectivizar las restituciones de cuerpos humanos, y para ello, según establece el decreto reglamentario 701/10 de la ley 25517, es necesario realizar un inventario de los cuerpos y restos humanos en poder, en este caso, del Museo Mariano Gambier. En la reunión, representantes del INAI manifestaron que no existen impedimentos legales para que la UNSJ realice este trabajo de restituciones, aun sin adhesión provincial. Sin embargo, el propio Consejo Superior de la UNSJ ha solicitado reuniones y sugerido a las autoridades provinciales la adhesión a esta ley; trabajo político que podrá ponerse en marcha, pero que no resulta un obstáculo para llevar adelante esta medida de restitución de cuerpos humanos a pueblos indígenas en el marco del derecho indígena vigente en nuestro país.

Esta importante reunión es parte de una seguidilla de reuniones de trabajo y dialogo que se llevaron a cabo durante todo el 2017 a partir de la creación de una Comisión Ad hoc creada a estos fines por el Consejo Superior, órgano máximo de la Universidad Nacional de San Juan. De este trabajo ha resultado también la creación de un Consejo Asesor Indígena que asesorará al Consejo Superior y Rectorado en todos los temas que involucren directa e indirectamente a pueblos y comunidades indígenas en la esfera universitaria. Esta creación de dicho órgano de representación indígena viene a responder a la demanda indígena de asegurar su participación en las decisiones que los/as involucran, y a partir de lo cual será posible revertir practicas científicas y académicas que actualmente no los/as tienen en cuenta. Por ejemplo, en lo que respecta a la exhumación, manipulación y estudio de cuerpos humanos considerados ancestros por las comunidades indígenas, como también en otros temas.

 

Antecedentes

Desde el 2011, la Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum lleva adelante una demanda formalizada ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan solicitando temas fundamentales para la recuperación del pueblo warpe, tales como el retiro de exhibición y la restitución de los cuerpos humanos en poder de museos e instituciones dependientes de la UNSJ. En el mismo sentido solicitaron que dicha casa de altos estudios asegure la participación indígena en el diseño de las políticas de conocimiento y su ejecución a través de programas, proyectos, convocatorias etc., que involucran a pueblos y comunidades indígenas en el territorio provincial. Pasaron siete años hasta que esta demanda, convertida en un abultado expediente que transitó por diferentes reparticiones dentro y fuera de la mencionada universidad, tuviera una respuesta. Hasta que en el 2017 por intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Consejo Superior de la UNSJ dio respuesta a esta demanda, comenzando un trabajo inédito en esta institución y en colaboración con comunidades indígenas.

La intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación, requerida por la propia Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum, fue decisiva para establecer un punto central del debate respecto a la aplicabilidad o no de la Ley nacional 25517. Según un oficio emitido en 2017 por la Defensoría del Pueblo de la Nación, las universidades nacionales están obligadas a regirse por esta normativa, y como también acordó asesoría letrada del rectorado de la UNSJ, la ley 25517 es concurrente con las leyes de patrimonio nacional y provincial vigentes, y además es la que mejor se encuadra en el espíritu constitucional argentino, al reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas sobre los restos humanos y objetos que son anteriores a la conformación del Estado nacional y sus provincias.

 

Expectativas

Representantes delegadas por la Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum, Nadia Gómez (actual representante indígena provincial en la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas) y la Dra. Ivana Carina Jofré (investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el IRPHA-UNSJ) han expresado que este trabajo en colaboración con el Consejo Superior no tiene precedentes en la historia de la Universidad Nacional de San Juan y avisora un camino de transformación de las prácticas científicas y académicas muy importante. Ya instituciones como el CONICET han puesto en vigencia protocolos que se rigen en el marco de legislaciones que protegen el derecho indígena, tales como la propia ley 25517 que en su decreto reglamentario 701 establece la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades afectadas en excavaciones arqueológicas. “No se trata solo de restituir cuerpos ya exhumados hace medio siglo por la arqueología, sino de cambiar las practicas que desconocen que los territorios tienen una memoria larga que hoy es reclamada por los pueblos como signo de una transformación social y cultural a la que Argentina adhirió constitucionalmente desde 1994, y San Juan no puede seguir ajena a esta transformación”, dijo Carina Jofre. Por eso, el trabajo realizado con el Consejo Superior de la UNSJ marca un precedente importantísimo para el cambio de las prácticas patrimonialistas que han desconocido la existencia indígena en el territorio provincial, aunque desde 1996 la misma provincia haya adherido al reconocimiento de las comunidades indígenas constituidas en el territorio.

 

 

Aclaración importante: El Cimbronazo se adecúa a la protección de derechos indígenas y repudia la utilización de imágenes que refuercen la idea de la extinción indígena y la exhibición de cuerpos humanos en museos. Además, tal como lo solicitan algunas comunidades warpes, adhiere a la descolonización de nuestras voces indígenas, y no utiliza el uso de la “h” (vocal muda) propia de los vocablos castizados para referirse a voces indígenas.

 

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